Obstaculizan amparos sobre matrimonio igualitario

Obstaculizan amparos sobre matrimonio igualitario

Foto: Diana Magaña
Foto: Diana Magaña
Josué Cantorán

@josuedcv

Pese a que la justicia federal ya ha resuelto en los últimos dos años nueve juicios de amparo en favor de personas que solicitaban su derecho de contraer matrimonio con otra de su mismo sexo, en Puebla este mismo procedimiento ha sido entorpecido con argumentos del Juez Décimo Primero de Distrito, Enrique Cabañas Rodríguez, alejados al marco jurídico mexicano vigente.

El 7 de enero de este año, tras haber sido pospuesta en dos ocasiones, se celebró la audiencia constitucional en la que dicho juez decidió sobreseer el juicio de amparo 1667/2014, argumentando, entre otras cosas, que los solicitantes carecían de interés legítimo al no haber comprobado su pertenencia al grupo social dañado, es decir, al no haber acreditado su homosexualidad.

Ante esto, el equipo jurídico del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), organización que en Puebla ha encabezado este procedimiento legal, ya presentó un recurso de revisión para que dicha autoridad revise los argumentos en los que basó el sobreseimiento, así como que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la máxima autoridad judicial.

Antecedentes

Como lo informó Lado B en octubre de 2014, las organizaciones de la sociedad civil El Taller AC y Odesyr asesorarían a un grupo de 30 personas para que presentaran un juicio de amparo en contra del carácter discriminatorio del Código Civil estatal, mismo que en su artículo 294 considera al matrimonio como “un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia”.

Esta acción se sumó a las presentadas en todo el país por el grupo Matrimonio Igualitario México, el cual ya ha ganado juicios de amparo en al menos 23 estados del país. De ellos, en nueve la estrategia jurídica se ha basado en solicitar el amparo contra la vigencia de la norma, es decir, contra el carácter discriminatorio de los códigos civiles estatales.

El 22 de octubre de 2013, la demanda de amparo fue admitida por la oficialía de los juzgados y se agendó la audiencia constitucional para el 26 de noviembre a las 12 horas.

Sin embargo, esta audiencia tuvo que ser pospuesta dos veces porque ni el Congreso ni el Ejecutivo estatal presentaron a tiempo un informe requerido en el que debían explicar su posición ante la petición de amparo. Se considera jurídicamente que éstas son las autoridades involucradas porque la primera es la responsable de la aprobación de las leyes estatales, y la segunda es quien las publica y emite una sanción o recomendación en cada caso.

La audiencia, a la que no se permitió la entrada a los activistas del Odesyr, se llevó a cabo finalmente el miércoles 7 de enero. En ella, el Juez Décimo Primero de Distrito, Enrique Cabañas Rodríguez, decidió no continuarlo.

Argumentos sin fundamento, acusa el Odesyr

Los argumentos que utilizó el juez, de orden federal y con sede en San Andrés Cholula, carecen de fundamento y dejan ver un estudio poco profundo del caso, consideró el abogado del Odesyr, Marco Antonio Moreno.

Hay una violación al derecho de acceso a la justicia, una vez que este juez utiliza criterios desfasados, citando jurisprudencias que ya no son vigentes porque son previas a la ley de amparo, o que no tienen congruencia con los criterios de sus pares

Dicha autoridad, explica el activista en entrevista con Lado B, omitió su obligación de tomar en cuenta los otros nueve procesos judiciales que ya habían sido resueltos en favor de las personas que solicitaron el amparo, incluidos dos –uno de Oaxaca y otro de Sinaloa– que fueron resueltos por la Primera Sala de la SCJN, la máxima autoridad judicial en el país. Esta omisión viola el derecho de los demandantes a la certeza jurídica.

Previendo esta situación, el Odesyr había presentado una serie de alegatos poco antes de la audiencia constitucional, mismos que el juzgador, acusó Marco Antonio Moreno, no tomó en cuenta.

Finalmente, añadió, los argumentos con los que Cabañas Rodríguez se basó para sobreseer el procedimiento, son los mismos que aparecían en los informes entregados con retraso por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El primero de ellos se trató de un asunto administrativo, pues los demandantes no presentaron copias de sus comprobantes de domicilio. Dicho documento, explica Marco Antonio Moreno, es innecesario para los amparos que sólo tendrían vigencia en un sólo estado, como ya se ha resuelto en casos previos.

El otro argumento para sobreseer el amparo, mucho más grave, es que los demandantes no acreditaron formar parte del grupo social dañado por el carácter discriminatorio del Código Civil, es decir, no demostraron ser homosexuales o lesbianas.

Esto, en primer lugar, afirma el activista entrevistado, violaría los derechos de la privacidad de los demandantes. Además, resultaría absurdo, pues jurídicamente no hay modo de demostrar la orientación sexual, pues no existe documento alguno que lo pruebe, como una credencial, una cartilla o registro de las relaciones afectivas de las personas.

Más aún, dicho argumento dejaría ver un análisis muy pobre del amparo por parte del Juez Décimo Primero de Distrito, pues si bien se ha solicitado el matrimonio entre personas del mismo sexo, poco tiene que ver la orientación sexual de los demandantes en el proceso judicial.

–Si (Enrique Cabañas Rodríguez) no está mal intencionado –considera el activista–, es un pésimo juzgador, eso que quede claro. El Consejo de la Judicatura Federal está metiendo jueces que no tienen criterios suficientes respecto de la Constitución.

Y más tarde agrega:

–Hay una violación al derecho de acceso a la justicia, una vez que este juez utiliza criterios desfasados, citando jurisprudencias que ya no son vigentes porque son previas a la ley de amparo, o que no tienen congruencia con los criterios de sus pares.

Otra explicación ante esta mala actuación, y al hecho de que este juzgador esté soslayando lo ya resuelto por otras autoridades judiciales, sería que existe una complicidad con otras autoridades o fuerzas políticas que tendrían interés por que el matrimonio igualitario no se realice efectivamente en Puebla.

Confían activistas en la actuación de la SCJN

La semana pasada, los activistas del Odesyr emitieron un recurso de revisión con la finalidad de que el Juez Décimo Primero de Distrito revise los argumentos que utilizó para el sobreseimiento.

Sin embargo, para evitar otra diligencia pobre de autoridades judiciales radicadas en el estado, también ya han solicitado que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Eso brindaría un panorama más alentador, pues esta autoridad ha resuelto todos los casos similares en favor de los demandantes, en un criterio jurídico apegado a una visión de derechos humanos y tomando en cuenta los convenios internacionales en dichos temas que, en teoría, toda autoridad judicial debería tomar en cuenta.

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