Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El sábado 21 de febrero un grupo de militares, policías federales, estatales y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entraron al terreno de Claudio Rosas Grande en San Miguel Papaxtla, en el estado de Puebla. Acompañados por representantes de la Dirección General de Gobierno estatal se metieron al terreno ubicado en el paraje conocido como Tecolutla, y acordonaron la zona. Cuando el señor Claudio les dijo que no tenían permiso para entrar, ellos le mostraron un decreto de expropiación que tenía el nombre de una mujer que había fallecido hacía ya 12 años. Pese a que el señor tenía un documento acreditando que él es el dueño de la propiedad, la maquinaria entró para poner uno de los tubos del gasoducto Morelos.

Fernando Cuéllar, representante del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, dijo que lo pasó ese día es técnicamente un despojo. Ante lo ocurrido se presentó una demanda que quedó en la Averiguación Previa AP 339/2015 en San Andrés Cholula, posteriormente radicada en la dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Sin embargo, a la fecha no se ha realizado la inspección ministerial. 

Cuéllar explicó en entrevista que desde el inicio el problema del gasoducto ha sido la legalidad, pues el proyecto no es claro y no se han pedido los permisos correspondientes, lo que ha derivado en una alta tensión social en las comunidades por donde va a pasar. Esta tensión se ha visto reflejada de muchas maneras, desde la detención de varios opositores al proyecto (Enedina Rosas y Juan Carlos Flores) hasta la constante presencia de elementos de fuerzas de Seguridad Pública. El constante actuar del  Estado de no respetar los acuerdos y violentar los derechos de los habitantes de las comunidades afectadas por el gasoducto –cuyo trazo pasa en Puebla por una zona de alto riesgo volcánico, cerca del Popocatépetl– ha provocado también un hartazgo.

Cuéllar puso como ejemplo al comité ciudadano de Nealtican, que propone que la gente respete la ley, pero la comunidad se cuestiona y dice que si ellos sí respetan, ¿por qué la autoridad no? También ha sido vulnerado el Estado de Derecho cuando la CFE siguió construyendo a pesar de la orden de una juez federal que falló a favor de un amparo interpuesto por los afectados, determinando la suspensión temporal de la construcción del gasoducto.

En noviembre de 2014 los representantes de la CFE no se presentaron a una mesa de trabajo para abordar la problemática, y Cuéllar denunció que lo único que la comisión hace es pedir que los dejen pasar a las comunidades y que las autoridades convenzan a la gente de aceptar los beneficios que les dan.

[quote_box_right]Muchos no denuncian porque tienen miedo, dicen que las autoridades de varias comunidades los amenazan con quitarles los apoyos del programa Prospera -antes Oportunidades- si se manifiestan en contra del gasoducto, y todo esto “al margen de la ley, todo con amenazas”. [/quote_box_right]

El hartazgo y las autodefensas

A principios de año, personas de varias comunidades de la zona del volcán –como Nealtican, Tecuanipan y Acuexcomac– manifestaron sus intenciones de conformar grupos de autodefensa. Personalmente cuando a Cuéllar le llegaron a comentar, respondió que como Centro de Derechos Humanos no pueden avalar eso y les pidieron a los pobladores que les permitieran primero agotar todos los caminos institucionales y legales. Los defensores  pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que les dieran el espacio para hacer las mesas de diálogo pero no tuvieron respuesta, además de que enviaron escritos al gobierno y los diputados locales explicando la situación, poniéndolos al tanto de lo delicado del asunto. A la fecha no han obtenido respuesta. Lo más preocupante es que se desborde la tensión social y se genere la violencia en esa zona, y a los gobiernos “les vale un comino” detener un problema inminente, lamenta Cuéllar. 

El caso del allanamiento en el terreno del señor Claudio y del despojo no es el único; hasta el momento el Comité tiene documentados tres casos completos y diez relatos de varios pobladores que dijeron que les había pasado lo mismo. Muchos no denuncian porque tienen miedo, dicen que las autoridades de varias comunidades los amenazan con quitarles los apoyos del programa Prospera -antes Oportunidades- si se manifiestan en contra del gasoducto, y todo esto “al margen de la ley, todo con amenazas”. También consideró preocupante el control que ejerce el gobierno del estado, concretamente el gobernador, contra los presidentes municipales, lo que se convierte en otra puerta cerrada para buscar una salida al conflicto del gasoducto.

Cuando la CFE ignoró  el fallo a favor de los afectados del amparo en junio del año pasado y optó por seguir construyendo, la gente vio que los primeros que no respetan la ley son las autoridades. La construcción del Gasoducto Morelos ha traído consigo una vulneración del Estado de Derecho que sólo ha incrementado la tensión y el descontento. Aunque por el momento la situación está relativamente estable en las comunidades afectadas por el gasoducto, Cuéllar explicó que están a la espera de varias resoluciones, entre ellas la AP 121528/2014 en la Procuraduría General de la República (PGR) por la violación del amparo. “Lo que pasó el sábado 21 fortalece la averiguación previa porque no inventamos: ahí está el hecho. Esto que pasó el 21 es consecuencia de no haber respetado el amparo, hace un año”, comentó.

También están en contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien ha mostrado interés en el caso. Pero el gran ausente es el gobierno del estado, quien ha demostrado una gran irresponsabilidad en opinión de Cuéllar. Al tener la información de la PGR y la CNDH volverán a buscar a las autoridades estatales y les dirán que pongan atención. “Están pisoteando (las autoridades) la ley, eso es lo que enerva a la gente. ¿Así cómo convences a la gente que se respete la ley?”.