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La Universidad Iberoamericana fue sede del Foro «Agua: ¿derecho o privilegio?», en el que expertos de esta casa de estudios, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y del Programa Interamericano del Environmental Law Institute, compartieron sus preocupaciones y propuestas en torno a la Ley General de Aguas.

En el encuentro organizado por el Programa de Medio Ambiente de la Ibero, la licenciada María Fernanda Sánchez, colaboradora del este programa, subrayó que la discusión de esta ley no es trivial y que es muy importante analizar a fondo sus aspectos técnicos e implicaciones posteriores económicas, ecológicas y sociales.

La licenciada Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), enfatizó que la iniciativa aprobada en comisiones no cubre los estándares mínimos, además de que, en vez de apuntalar el consumo mínimo vital de agua hasta en cien litros por persona, establecido por la Constitución, lo sitúa en solamente 50 litros por persona, limitación que no tiene sustento, dijo la especialista.

Otro problema de la Ley de Aguas, señaló Velasco, es que reconoce el derecho humano del agua para los asentamientos humanos, y no el de cada individuo, lo que abre la puerta a acciones discriminatorias contra grupos indígenas, quienes además no fueron consultados sobre la propuesta de ley, obligación estipulada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además de solicitar que se abran foros de discusión entre especialistas en la Cámara de Diputados, Anaid Velasco calificó como preocupante que ni siquiera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) haya tenido cabida en la discusión de la propuesta.

Por su parte, la doctora Gloria Soto Montes de Oca, investigadora del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero y especialista en temas de medio ambiente y economía de los recursos naturales, acusó que esta ley no tiene el objetivo de resguardar y preservar el recurso, lo que es sumamente preocupante.

Esta iniciativa, dijo, busca la administración del recurso, pero no su sustentabilidad, pues alude poco a las obligaciones del Estado y de los actores involucrados para mantener el recurso.

Indicó que el proceso de trasvase debería ser solamente competencia del gobierno federal y no de los concesionarios, que deben ser excluidos de éste, además de que el trasvase debe ser plenamente justificado y las comunidades afectadas deben ser informadas de sus beneficios reales.

Al igual que Anaid Velasco, Gloria Soto señaló como preocupante que en el comité técnico que realizó esta iniciativa no se hayan incluido a representantes de la sociedad civil, ni a universidades u organizaciones especializadas en el tema. Añadió que a la propuesta le hizo falta incluir las sanciones a los actores, estados, municipios y concesionarios que incumplan con la protección del recurso.

Además de opinar que esta iniciativa de ley sí favorece el fracking («fracturación hidráulica»), por el mero hecho de que la legislación no la limita, y de que es muy grave que las concesiones para la explotación comercial del agua pudieran ser hasta de 35 años, con posibilidad de renovación, la doctora Soto exigió que se forme un comité con representantes de diversos sectores de la sociedad, para discutir los pros y contras de la ley, pues los ciudadanos “tienen el derecho a conocer la información que fundamentó las decisiones” en el asunto.

A su vez, la licenciada Alejandra Rabasa, directora del Programa Interamericano del Environmental Law Institute, lamentó que esta iniciativa se presentara con un retraso de dos años con respecto al mandato que el propio Congreso de la Unión se fijó para legislar en la materia, y que no contenga medida alguna que permita avanzar en el terreno del derecho humano al agua, pues solamente repite lo contenido en otros documentos, dijo.

Rabasa apuntó que el tema del agua es uno de equidad, discriminación y pobreza, y que la iniciativa institucionaliza la exclusión de las comunidades indígenas, pues limita el cumplimiento del derecho humano al agua a centros de población o asentamientos legalmente constituidos.

Al respecto, añadió que las personas con pocos recursos económicos pagan entre 11 y 12 veces más por el servicio de agua que quienes, de forma subsidiada, tienen acceso al agua por medio de las redes públicas.

El maestro Javier Riojas, experto en medio ambiente del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, también coincidió en lamentar que la participación académica y de organizaciones sociales y grupos de interés regional fue prácticamente nula en este proceso, que a todas luces buscó ser aprobado por la «vía rápida».

Coincidió con sus compañeras del foro al subrayar que las leyes en materia de gestión del agua son urgentes, pero “esta no es la forma”, dijo el especialista, quien fue representante del Gobierno del Distrito Federal en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo en 2002.

“Se sigue legislando como si el agua fuera solamente un recurso de consumo humano, lo que es un error terrible, pues es un bien ecológico y cultural que no es considerado así en esta iniciativa”, añadió el especialista, quien  dijo que también es importante gestionar el uso del agua pluvial, en vez de permanecer con una visión limitada de la gestión del agua con perspectiva “ingenieril”.