Foto tomada de comunicacionsocial.puebla.gob.mx

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Espionaje, control y boicot económico, robos domiciliarios y ataques cibernéticos son las agresiones que se han vuelto la cotidianidad para periodistas y medios de comunicación que se mantienen al margen del sistema mediático que ha construido el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, en torno a su administración con recursos del erario, estas son las conclusiones a las que llega la organización Artículo 19 en su informe 2014 sobre la violencia que ha padecido la prensa en 2014, titulado “Estado de Censura”.

Un año caracterizado a nivel país, según la organización, en donde la libertad de expresión y la prensa “habitan en la simulación de leyes que dicen defenderlas”, con “modelos que no alientan, sino asfixian a los periodistas, donde las palabras más comunes son miedo, silencio, muerte”.

Un año en el que las agresiones contra los comunicadores aumentaron, a nivel nacional, en un 80 por ciento, pasando de 1 caso cada 48.1 horas a 1 cada 26.7 horas, es decir prácticamente una por día.

Y es la prensa escrita, siempre en el entorno nacional, la que más agresiones ha sufrido, pues de las 326 agresiones documentadas en el segundo año del gobierno de Enrique Peña Nieto el 47.8 trabajaba en medios impresos, el 20.8 en plataformas digitales, el 16 por ciento en radio y televisión y 13.4 por ciento son periodistas freelance o defensores de los derechos humanos. En la mitad de los casos los agresores fueron funcionarios de gobierno.

Por otra parte, documenta el informe que se dará a conocer este día que “las agresiones a mujeres comunicadoras y documentadoras aumentaron de forma considerable. En los seis años de gobierno de Felipe Calderón, 192 mujeres sufrieron algún tipo de agresión por su ejercicio profesional, un promedio de 32 al año; durante el actual gobierno se han perpetrado 122 ataques, 59 en 2013 y 63 en 2014”.

Y se hace hincapié en que “la impunidad es el común denominador en ambas administraciones. Los órganos encargados de la procuración de justicia, federal y local, han permitido que estos ataques continúen. Por ninguna de las agresiones graves documentadas existen personas sentenciadas penalmente; además, donde hay avances en las investigaciones, las líneas de seguimiento están desvinculadas del ejercicio profesional de las víctimas. Por acción u omisión, las autoridades vulneran la seguridad de los periodistas al no llevar justicia y reparación del daño a las víctimas y a sus familiares”.

Puebla, gobierno que somete a la crítica

El informe tiene un apartado especial para las agresiones que se han vivido en la entidad por parte de la administración de Rafael Moreno Valle.

En ese apartado se devela que prácticamente la mitad de los ataques que ha vivido la prensa en los cuatro años que lleva de gobierno, 16 de 33, se produjeron en 2014, lo que ubicó al estado como la sexta entidad con el mayor número de casos reportados.

Es el mismo año en el que se aprobó la llamada ley bala, se recrudeció la detención de opositores a su administración y se registró el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo en las inmediaciones del pueblo de Chalchihuapan, a manos de la policía estatal durante un violento desalojo de la autopista Puebla-Atlixco.

Artículo 19, la organización que pelea por la libertad de expresión, asegura en el capítulo dedicado a Puebla que “la pluralidad entre los medios de comunicación poblanos es vista como un problema por Rafael Moreno Valle, por lo que ha tratado de alinear a la prensa y ahogar financieramente a los que le resultan incómodos”.

Con ese propósito creó un método llamado tripack, que utiliza a los tres principales anunciantes del estado —el gobierno estatal, el ayuntamiento de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)— para premiar o castigar, según sea el caso, con contratos únicos de publicidad oficial a cambio de condicionar la línea editorial de los medios.

“La marca de Moreno Valle ha sido la asfixia económica —comenta Martín Hernández Alcántara, coordinador de información de La Jornada de Oriente—, esto tiene al periódico en dificultades económicas fuertes. Se han restringido las coberturas para el interior del estado porque no hay dinero ni para viáticos”.

“Ni en la peor época del gobierno de Mario Marín, cuando informamos que estaba involucrado en el caso de pornografía infantil y agresiones contra la periodista Lydia Cacho, nos retiraron la publicidad”.

Y sostiene, citando al director del diario Intolerancia, Enrique Núñez, que la estrategia de control económico y asfixia comercial fue ideada y puesta en marcha por Marcelo García Almaguer, ex vocero de Moreno Valle y actual vocero del Partido Acción Nacional (PAN).

Bloqueo y espionaje

En Puebla, sostiene el informe de Artículo 19, hay periodistas que trabajan con la sospecha de que son espiados; de que la información que circula por sus correos electrónicos y que se encuentra en sus computadoras de trabajo es susceptible de ser interceptada o robada, y que sus llamadas o mensajes de texto son intervenidos.

Samantha Páez, reportera del portal de noticias e-consulta, califica como sospechosas las aclaraciones que suelen enviar desde el gobierno del estado, cuando se ha publicado información que cuestiona la gestión pública. Recuerda que tras una entrevista con un doctor en Economía, quien contrastaba y ponía en duda cifras oficiales, recibió una carta donde las autoridades estatales la acusaban de ser una “ignorante y tendenciosa”. Lo grave es que en la carta citaban información no escrita en la nota, pero que había sido mencionada en la orden de trabajo que, un día antes, le había mandado su editor por correo electrónico.

“Esta nota era sobre deuda pública. En mi orden del día me decían que incluyera el proyecto del segundo piso de la autopista, tema que no fue incluido (en la nota), pero en la carta aclaratoria se citaba ese proyecto”.

Algo similar ocurrió en agosto, pero con una información que aún no había sido publicada —por una cuestión de espacio—, sobre la cual se envió un escrito aclaratorio el día que originalmente saldría. “Yo creo que sí están interviniendo nuestros correos… y que es espionaje, porque se trata de información exclusiva”.

A la par, los periodistas en Puebla, sostiene el informe, viven un constante bloqueo y censura informativa. A diez años de creada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Puebla, continúa la resistencia a transparentar información relacionada con publicidad oficial, finanzas e infraestructura.

Acá el informe completo

Estado de censura: Informe 2014 sobre violencia contra la prensa by ArticleXix