• La dependencia clasificó como reservada la amonestación y el expediente de Sergio Ramírez Robles, el ex vocero de Rafael Moreno Valle

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En 2012, el entonces Instituto Federal Electoral –que habría de mutar después a Instituto Nacional Electoral— acordó pedir al gobierno y al Congreso del estado que sancionara al gobernador Rafael Moreno Valle y a su vocero Sergio Ramírez Robles, por haber inundado las salas de cine de 26 estados con la publicidad de su primer informe.

Producto de esa resolución el gobernador panista no recibió amonestación alguna con el argumento de que el Congreso no tiene esas facultades, y el funcionario estatal tan sólo recibió una amonestación, según dio a conocer la Contraloría del estado a una solicitud de información.

Dos años después, la dependencia decidió ocultar la amonestación y la constancia de que esta le fue aplicada.

Y fue mas allá, la Contraloría decidió no sólo clasificar como información reservada  los documentos que prueban que Ramírez Robles, hoy vocero del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, realmente haya sido sancionado, sino todos aquellos documentos que prueben que los funcionarios en Puebla reciben sanciones si son encontrados culpables de alguna irregularidad en su trabajo.

Así, toda la información que periódicamente da a conocer la dependencia a través de boletines informativos, sobre el número de trabajadores del estado que han sido sancionado –como el boletín que se hizo llegar a las redacciones en donde se afirma que se iniciaron 809 procedimientos y de los cuales se han sancionado a 459 servidores públicos desde 2011 a la fecha— termina con un acto de fe pues es imposible acceder a los documentos que prueben que se aplicaron las sanciones anunciadas.

Esta fue la respuesta de la Contraloría a la petición (folio 0049715):

“En relación a la documentación solicitada relativa a la copia simple de la sanción impuesta a Sergio Ramírez Robles y de los documentos que prueben que se aplicó, me permito informarle que se trata de información de acceso restringido en su modalidad de reservada, de conformidad con el Acuerdo Primero de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, mediante el cual se clasifica como información reservada la contenida en los expedientes que contengan constancias de ejecución de sanción, entre otras, motivo por el cual no es posible entregarle la documentación solicitada”.

Con ese argumento, será imposible conocer la sanción que se le imponga a Marcelo García Almaguer, el otro ex vocero de Moreno Valle, que también fue señalado por la autoridad electoral por su responsabilidad en la violación de la Constitución y de los códigos electorales en la promoción del mandatario estatal. Un proceso que según dio a conocer la Contraloría a finales de enero aún no concluía.

Así, la dependencia encargada de castigar a los funcionarios que incumplan o violen las disposiciones legales de la administración pública decidió apostar por la opacidad antes que por la transparencia.

***

Acá el documento que entregó la Contraloría