Martín López Calva

@M_Lopezcalva 

[dropcap]E[/dropcap]l Procurador General de la República convocó a una rueda de prensa en la que presentó algunas conclusiones que se plantearon como definitivas acerca del terrible caso de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre pasado en la ciudad de Iguala, Guerrero. A estas conclusiones, el Lic. Murillo Karam las presentó como “la verdad histórica” de la tragedia.

La reacción ante estas declaraciones no se hizo esperar. La versión del procurador obviamente generó el rechazo de los padres de familia de los desaparecidos, de los grupos y organizaciones sociales que los apoyan, de los grupos y personas que se encuentran también usando la tragedia para otros fines y de buena parte de la sociedad mexicana.

Un artículo de Sin Embargo hacía eco de estas reacciones de oposición bajo el título: La “verdad histórica” de la PGR no sobrevive 24 horas: masivo rechazo en México y el mundo. (http://www.sinembargo.mx/29-01-2015/1232714 ). En este artículo se plantea que la verdad histórica presentada por la PGR se desvaneció porque “…antes siquiera de que hubieran pasado 24 horas de la conferencia en la PGR, las mayores organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) se unieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a más de 70 organizaciones civiles mexicanas en el rechazo a lo que fue interpretado como un nuevo intento del gobierno de México para cerrar el caso Ayotzinapa…”

No voy a entrar en este espacio al debate político sobre el tema que está sobreabundando en los medios de comunicación todos los días. Me interesa más bien aquí, por la naturaleza de esta columna dedicada a la educación desde una perspectiva personalizante, revisar el tema de la verdad histórica como tal, de la verdad a secas y de su relación con la opinión pública desde el ángulo epistemológico.

1.-Verdad histórica.

Para tratar de entender la noción de verdad histórica puede ser útil recurrir a la aportación del filósofo canadiense Bernard Lonergan y las “especializaciones funcionales” o funciones especializadas del método teológico, aplicables al método de todas las ciencias sociales y humanas.

Lonergan plantea ocho especializaciones funcionales que son: Recopilación de datos, interpretación, historia y dialéctica –en el eje ascendente que va de la investigación empírica a la deliberación- y explicitación de fundamentos, doctrinas o teorías, sistematización y comunicación –en el eje descendente que va de la toma de postura ética hacia la acción-.

Cada una de estas funciones especializadas tiene un énfasis en cierta dimensión de la consciencia intencional humana. Así, la recopilación de datos y la comunicación enfatizan la dimensión empírica, la interpretación y la sistematización enfatizan la dimensión intelectual, la historia y la formulación de teorías o doctrinas enfatizan la dimensión racional o reflexiva y finalmente la dialéctica y la explicitación de fundamentos enfatizan la dimensión existencial o deliberativa.

En este esquema, la Historia se presenta como una especialización crítica, es decir, una función especializada que busca verificar ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? Ante determinada situación o época del devenir humano. La Historia en este sentido busca la verdad de los hechos y esta verdad estará siempre sustentada en la recopilación de datos y en la interpretación. Para poder llegar a una verdad histórica, es decir, a la respuesta sobre: ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Respecto a un hecho –en este caso: ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa?- se requiere mucha investigación que recopile exhaustivamente datos relevantes y suficientes y se necesita también una gran variedad de interpretaciones que se puedan ir complementando o contradiciendo para tratar poco a poco de dilucidar los hechos.

[pull_quote_right]Pero en el fondo este es el problema grave en un país que no se distingue precisamente por su criticidad: no se trata de la discusión que busca la verdad de estos hechos sino de un asunto de política y de falta de credibilidad[/pull_quote_right]

De manera que la verdad histórica es alcanzable de manera limitada y solamente después de mucho tiempo de que ocurrieron los hechos. Sobre la Revolución mexicana por ejemplo, podríamos decir que después de más de cien años se empezaría a aspirar a ir aproximándose a la respuesta a la pregunta crítica sobre qué fue lo que pasó realmente dado que en este tiempo ya se han acumulado muchas investigaciones que aportan datos relevantes y existen también muchos trabajos de interpretación de diversos historiadores para poder contrastar diferentes acercamientos a este hecho fundamental de nuestra historia.

Desde esta perspectiva resulta evidente que lo que el procurador presentó no es de ninguna manera la verdad histórica sobre Ayotzinapa sino en todo caso la verdad jurídica sobre el trágico destino de los estudiantes desaparecidos y los presuntos culpables de esta masacre a todas luces inhumana. A la verdad histórica solamente podremos acceder en un plazo largo en el que se vayan recabando más datos sobre los acontecimientos, se hagan interpretaciones más objetivas de lo ocurrido –para lo que se requiere también tiempo suficiente para que los sentimientos, las pasiones y los intereses políticos en juego ya no estén a flor de piel- y se puedan contrastar las distintas interpretaciones con suficiente objetividad.

Lo que el procurador presentó como verdad histórica sería entonces la verdad jurídica siempre y cuando las evidencias y pruebas en las que se sustenta el juicio de hecho sobre lo ocurrido sean suficientemente sólidas y concluyentes y no haya más preguntas relevantes que hacer al respecto.

2.-Opinión pública.

En una época caracterizada por la explosión de la opinión pública a partir de medios más incluyentes y accesibles que hace unas décadas eran impensables como las redes sociales, en un contexto en el que se afirma de manera falaz que “toda opinión es válida y respetable” –lo dice bien Fernando Savater: toda persona es respetable y es válido que opine pero no toda opinión es respetable ni válida- resulta muy necesario relacionar el término verdad y el concepto verdad histórica con el de opinión pública.

Nos encontramos en un momento en el que pareciera que la verdad es lo que la opinión pública define mayoritariamente como verdadero y que es falso todo lo que la opinión pública no cree o no acepta. Estamos en la era del “trending topic” y la “viralización” de la información donde resulta fácil confundir lo verdadero con lo popular, de manera que si las conclusiones o la verdad jurídica presentada por el procurador es rechazada por la mayoría de la población –al menos de la población que se expresa en las redes sociales- incluyendo a algunas organizaciones importantes de derechos humanos, deja de ser verdad.

El artículo referido de Sin Embargo es un ejemplo cercano de esta idea de la verdad como democrática. ¿En realidad algo es verdadero solamente porque la mayoría lo cree verdadero? ¿En realidad una verdad no dura si muchas gente la rechaza como en el caso de la versión del procurador?

Recurriendo al mismo Lonergan en su teoría del conocimiento la respuesta es claramente no. La verdad, lo verdadero de un hecho no depende del consenso ni de la aceptación de la mayoría. La verdad depende de una intelección refleja, de un ejercicio de la consciencia que capta lo incondicionado de una afirmación porque todas las condiciones se han cumplido. La verdad depende de la recopilación cuidadosa de datos, del procesamiento y la comprensión inteligente de estos datos y de la reflexión crítica que busca evidencias, contrasta pruebas y llega a juicios suficientemente sustentados.

La verdad jurídica –que no histórica- presentada por el procurador tendría que estar sustentada en evidencias suficientes y contundentes y no en la aceptación generalizada y para refutarla habría entonces que oponer evidencias, pruebas, datos contundentes, preguntas críticas y no descalificaciones, insultos, hipótesis descabelladas de personas que nunca han estado en el lugar en que ocurrieron los hechos y “argumentos” como el que predomina en las respuestas opositoras: “no creemos nada”.

Pero en el fondo este es el problema grave en un país que no se distingue precisamente por su criticidad: no se trata de la discusión que busca la verdad de estos hechos sino de un asunto de política y de falta de credibilidad, como lo plantea acertadamente Zepeda Patterson en su artículo de El País.

Porque hoy la verdad no es un asunto de pensamiento crítico sino de opinión pública y –tristemente- quien tiene la verdad es quien gana la batalla en los medios y en las redes sociales.