Gasoducto Morelos. Zacatepec, Juan C Bonilla
Foto: Marlene Martínez

Josué Cantorán

@josuedcv

Pobladores de comunidades de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos acudirán este jueves a la Sexta Visitaduría de la CNDH, instancia donde ya se integra un expediente sobre las violaciones a los derechos humanos de que han sido víctimas los habitantes de las zonas por donde tendrá paso el gasoducto Morelos.

En rueda de prensa, pobladores de estos tres estados y sus representantes legales revelaron que, además, las poblaciones se unirán para solicitar en conjunto un amparo ante la justicia federal, de manera que el proyecto de la Comisión Federal Electricidad (CFE) al que se oponen se suspenda definitivamente.

De no encontrar respuesta favorable, adelantaron que solicitarán la intervención de instancias internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso la UNICEF, por considerar que se han violado los derechos culturales de los pueblos afectados.

Esto, señaló Ximena Ugarte, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, con la finalidad de “dejar de estar en la burocracia del sistema judicial mexicano”.

El Proyecto Integral Morelos es un plan de la CFE que incluye un gasoducto que tendrá paso por los tres estados mencionados antes, en zonas muy cercanas al volcán Popocatépetl.

Desde el anuncio del proyecto, algunas comunidades se han opuesto por distintas razones, entre las que se encuentran el despojo territorial, las afectaciones medioambientales que el gasoducto podría generar e incluso la preocupación ante la instalación de una maquinaria de esa índole en zona considerada de riesgo volcánico.

Amparos con resultados desfavorables

En el caso de las comunidades de Tlaxcala, Ximena Ugarte señaló que el juzgado de distrito con sede en ese estado desechó el amparo que habían solicitado contra el gobierno federal, dejándolo válido sólo ante la responsabilidad de autoridades municipales, lo cual, consideró, resulta insuficiente.

[quote_box_right]En Nealtican ha ocurrido, relató la habitante Selene Santamaría, que los vecinos son visitados hasta cuatro veces a la semana en sus domicilios, donde se les insta a firmar los documentos y se les toma fotografías de forma intimidatoria.[/quote_box_right]

David Torres, habitante de San Jorge Tezoquipan, en Tlaxcala, denunció que los usos y costumbres de las comunidades afectadas, algunas de las cuales son de población mayoritariamente indígena, han sido ignorados por autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes han hecho caso omiso de las decisiones tomadas por los pueblos en asambleas.

En el caso de Puebla, la abogada Marely Vélez indicó que los tres amparos interpuestos ante los juzgados VIII, X y XI de distrito fueron desechados.

En el primer caso, la autoridad judicial descartó que la ciudadana Lucina Quintero (hija de la ex comisaria ejidal Enedina Rosas Vélez, quien se encuentra en prisión domiciliaria) tuviese representación común de la población afectada, pese a que se mostró el acta de la asamblea donde los quejosos la eligieron como su representación durante el proceso.

En los otros dos casos, los amparos fueron desechados por asuntos más burocráticos, pues la autoridad rechazó que la credencial de elector fuese un documento suficiente para acreditar el domicilio pese a que, recordó la abogada Marely Vélez, otras jurisprudencias se han resuelto en el modo contrario.

Por ello, adelantó que estos dos amparos, que corresponden al municipio de Nealtican, se volverán a interponer esta semana subsanando los elementos que resultaron obstáculos.

Acusan hostigamiento

Los pobladores y sus abogados denunciaron que en distintas regiones donde existe oposición al gasoducto, los gobiernos municipales, estatales y federal han hecho uso de prácticas de hostigamiento y de amenazas con la finalidad de que los pobladores firmen los documentos con los que cederán la propiedad de sus terrenos.

En Nealtican ha ocurrido, relató la habitante Selene Santamaría, que los vecinos son visitados hasta cuatro veces a la semana en sus domicilios, donde se les insta a firmar los documentos y se les toma fotografías de forma intimidatoria.

En ese municipio, la CFE entregó una ambulancia a la autoridad municipal, pese a que en sus reglamentos no se le concede tal atribución. Eso, según entienden los pobladores, se trataría de un intento de la dependencia federal para cooptar voluntades de autoridades menores.

Y en Tlaxcala ocurre algo similar, según denunció el señor David Torres, donde se amenaza a los pobladores de que, al tratarse de un proyecto federal prioritario, se les retirará de sus terrenos por medio del uso de la fuerza pública y del ejército.