Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El 19 de enero de 2015 un grupo de estudiantes se manifestó en la ciudad de Puebla en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto  para acompañar al gobernador Rafael Moreno Valle en la reinauguración del Hospital del Niño Poblano (HNP). Shariff Guerrero Contreras y Édgar García Juárez fueron detenidos alrededor de mediodía cerca del hospital, y horas más tarde Gustavo Reyes Ortiz fue detenido en las afueras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) con otros estudiantes que se manifestaban por las detenciones de sus compañeros.

El presidente de la Comisión de Servicios Públicos, el Regidor Iván Galindo Castillejos, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) informes sobre la participación de las fuerzas de seguridad del municipio en las manifestaciones del 19 de enero, qué acciones se tomaron en la detención de los manifestantes y los motivos.

La directora jurídica de la Secretaría, Minerva G. Rivera García, respondió al regidor que los estudiantes fueron detenidos cuando gritaban consignas “e incitaban a las personas a cruzar el cerco de seguridad presidencial”. Al darse cuenta, elementos de seguridad les pidieron no alterar la tranquilidad de quienes estaban en el lugar, pero los manifestantes “incitaban a los demás a cruzar el cerco de seguridad e incitaban a ofender y ofendiendo a los elementos”, mientras también ofendían a los transeúntes. La actitud del grupo que se manifestaba, explica la SSPTM, constituye una falta administrativa establecida en el artículo 209 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, ya que su actitud “altera la tranquilidad social y el orden público”. En la respuesta al regidor, la SSPTM considera al acto de manifestarse como una alteración del orden público.

Ante el cuestionamiento de qué hicieron las fuerzas de seguridad municipal, la directora jurídica menciona únicamente que las acciones que se hicieron de manera coordinada con autoridades estatales y federales “obedecieron a una de las actividades estratégicas” que buscaba mantener el orden público, la protección a la integridad física de los que estaban en el evento y la paz social.  De acuerdo al documento, los elementos de seguridad pública municipales apoyaron el protocolo de seguridad diseñado por las autoridades federales y estatales, para preservar la paz, tranquilidad, orden público y “preservar la observancia del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla”.

[quote_box_right]Galindo envió también un oficio pidiendo que se aclaren los hechos del 8 de febrero, pidiendo las grabaciones pues en el zócalo hay cámaras de vigilancia. “Nuestro cuestionamiento de fondo es el proceder por parte de la policía municipal”, comentó, apuntando que no hay un protocolo para el actuar de las fuerzas municipales. [/quote_box_right]

El regidor Iván Galindo dijo lamentar la respuesta obtenida, a la que describió como ambigua, genérica, “lleno de verborrea, de diatribas, y que poco contestan al cuestionamiento.” En entrevista, Galindo dijo que la respuesta oficial contradice la versión inicial de las autoridades, que argumentaron que fue los jóvenes detenidos habían tomado camiones. En caso de que eso hubiera sido eso cierto, no explica por qué los muchachos estuvieron dos o hasta tres horas, de acuerdo a sus testimonios, al interior de una patrulla. “Suponiendo sin conceder que hayan cometido ultraje tenían que haber sido puestos de inmediato a disposición del juzgado, eso fue privación ilegal de la libertad.” Además, la respuesta no aclara por qué la policía hizo detenciones en San Andrés Cholula, fuera del municipio de su jurisdicción.

Ahora la versión oficial cambia: después de la detención de los estudiantes, el juzgado calificador los dejó libres, ¿por qué si se supone que habían secuestrado camiones? El regidor dijo que la respuesta es clara, que es porque realmente no hicieron nada, lo que “obviamente contrasta con la versión de los propios policías.”

Esta no es la primera vez que hay detenciones y hostigamiento contra estudiantes y manifestantes en las que están involucradas las fuerzas de seguridad pública. El 3 de mayo de 2013, en la llamada #Op5DeMayo, tres jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria, víctimas de desaparición forzada y torturados, por difundir invitaciones en redes sociales para manifestarse en contra del presidente Enrique Peña Nieto durante su visita a Puebla para los festejos del aniversario de la batalla del 5 de mayo.

El 8 de febrero de este año, el campamento de estudiantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (Cuep) fue desalojado violentamente del zócalo de Puebla, por un grupo de encapuchados. Sin embargo, patrullas de la policía municipal estuvieron en el lugar de los hechos y tuvieron conocimiento de lo ocurrido, pero no hicieron nada.

De manera paralela, Galindo envió también un oficio pidiendo que se aclaren los hechos del 8 de febrero, pidiendo las grabaciones pues en el zócalo hay cámaras de vigilancia. “Nuestro cuestionamiento de fondo es el proceder por parte de la policía municipal”, comentó, apuntando que no hay un protocolo para el actuar de las fuerzas municipales. E incluso suponiendo que los estudiantes hubieran faltado al orden no deberían haber sido privados de su libertad. Hasta el momento el regidor dijo que esperarán a que les respondan el oficio, dando como fecha límite el 27 de febrero, cuando terminen los plazos de las comparecencias de los titulares de las Secretarías municipales ante el Cabildo. Y en caso de demostrarse que hubo violaciones a los Derechos Humanos, “estaremos en condiciones de pedir la destitución de los mandos policiacos.”