El PRI busca criminalizar a denunciantes internos (whistleblowers), impedir acceso a información estadística sobre vigilancia de comunicaciones y eliminar la obligación de informar los motivos para reservar información.

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Red en Defensa de los Derechos Digitales

@r3dmx

Durante meses, la sociedad civil organizada ha venido realizando un gran esfuerzo para incorporar los mejores estándares en materia de transparencia, acceso a la información y libertad de expresión, a las leyes de transparencia que están por aprobarse en el congreso a raíz de la reforma constitucional del 2013. No obstante, la Presidencia de la República y el PRI han presentando una serie de objeciones oponiéndose a buena parte de los acuerdos centrales entre el Senado y las organizaciones de a sociedad civil, lo cual terminaría convirtiendo a la Ley en un instrumento para la opacidad, la ilegalidad, la corrupción y un incentivo para usos ilegítimos de las funciones del Estado.

El documento de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y del PRI en el Senado plantea retrocesos en muchas áreas que son igualmente preocupantes y distintas organizaciones han señalado ya muchas de ellas. Desde R3D, particularmente nos preocupan los intentos por:

i) Eliminar la obligación de las agencias de seguridad para generar y publicar la información estadística relacionada con las acciones de vigilancia masiva(1) como la intervención a comunicaciones privadas, la retención de datos y la geolocalización(2).

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(1) Artículo 70, fracción XLIX de la Iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Análisis Legal de R3D.

(2) Obligaciones de transparencia similares han sido reconocidos, por ejemplo, en en la resolución “El derecho a la privacidad en la era digital”, adoptada por consenso por los miembros de la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2013 y de nuevo el 19 de noviembre de 2014, ambas promovidas por el gobierno Mexicano.

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ii) Eximir a las agencias de seguridad (CISEN, Estado Mayor Presidencial, etc.) de contar con un Comité de Transparencia que vigile su actuar y fiscalice su trabajo, como sucede con todas las demás autoridades.

iii) Establecer una serie de causas para ocultar información de interés público que son claramente injustificadas pero que además hacen que las autoridades no tengan siquiera que explicar los razonamientos para tal ocultamiento (prueba de daño)

iv) Eliminar la protección a personas y servidores públicos que divulguen información reservada pero de especial interés público (whistleblowers) relacionada con violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario5 . Los cambios propuestos por el PRI buscan crear un régimen donde la transparencia y la rendición de cuentas sean la excepción, y la vigilancia masiva y la secrecía sean la regla general. ¿Por qué la presidencia de la república y este partido se oponen a ser vigilados, fiscalizados y transparentados como correspondería en un sistema democrático?.

Desde R3D hacemos un enérgico llamado al Senado de la República para que, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y en atención a los compromisos internacionales que el propio gobierno federal ha promovido en instancias internacionales, apruebe una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que no contenga regresiones como las que propone el Gobierno Federal y el grupo parlamentario del PRI en el Senado.