Ausencia de datos, cómplice de desaparición forzada
La falta de datos concretos y adecuados también es cómplice de la desaparición
Por Lado B @ladobemx
06 de febrero, 2015
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Foto: Leo Herrera

Foto: Leo Herrera.

Prensa Ibero

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Al perfeccionamiento de un registro federal de desaparecidos, se le debe aunar un registro nacional de detenciones, advirtió el doctor Miguel Rábago Dorbecker, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y especialista en derechos humanos.

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco el marco de la comparecencia ante el Comité de la Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas en Ginebra, Suiza, expuso recientemente que se deben perfeccionar mecanismos como el registro de desaparecidos, porque mezcla no localizados con desaparecidos de manera forzosa.

“Muchas de las detenciones arbitrarias se convierten en desapariciones forzadas”, señaló.

En 2010, el gobierno federal puso en marcha el Sistema Nacional de Registro de Detenidos con el fin de contar con un control administrativo de detenciones. De acuerdo con Rábago, este mecanismo ha sido inefectivo.

[quote_right]“La falta de datos concretos y adecuados también es cómplice de la desaparición”, aseguró el experto en derechos humanos.[/quote_right]

“La falta de datos concretos y adecuados también es cómplice de la desaparición”, aseguró el experto en derechos humanos.

El abogado recordó que no existen cifras confiables sobre desaparición forzada en México; de acuerdo con su percepción, México ya se encontraría con números similares a los recabados en la década de los 70, durante dictaduras como la argentina.

“El número de denuncias y de investigaciones que concluyen en detenciones en materia penal no pasa de la decena de casos”, manifestó.

“Ha habido un esfuerzo importante para tener mejores servicios periciales en nuestro país, pero en materia de desaparición forzada se requiere de servicios periciales muy sofisticados, como sistemas de registro concretos de desapariciones forzadas, sistemas de alerta (similares a Alerta Amber), y revisiones de lugares de detención”.

Con respecto a las medidas que podrían aplicarse en nuestro país a raíz de la revisión por el CED, entre las que se incluyen una ley general contra las desapariciones forzadas, que deberá aprobarse en junio según señaló Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rábago recordó que “dependen de la voluntad política”.

Sin embargo, consideró que, a raíz de lo ocurrido en Ginebra, se podrían efectuar reformas estructurales al sistema de justicia -las cuales llevan “décadas atrasadas”- y avances en el tema de la investigación penal.

De igual manera, se mostró optimista con respecto a la tipificación del delito, y al interés de lograr este cometido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aunque recordó que hay un largo camino por recorrer, pues aún existen códigos penales locales que les otorgan facultades de investigación a procuradurías federales y estatales, “con resultados muy disímbolos”.

También, declaró, es posible que se extienda el concepto de desaparición forzada perpetuada por uno o varios grupos de delincuencia organizada cuando sea con aquiescencia u omisión del Estado.

“En estos momentos es muy fácil que suceda algo similar a lo ocurrido con el alcalde de Iguala: subcontrata a un grupo de sicarios, y entonces se vuelve difícil hablar de desaparición forzada porque son particulares según la legislación mexicana”, explicó.

“El Comité tiene facultades para apuntalar algunos esfuerzos internacionales. Hay una señal positiva: la CNDH está muy activa en proponer cosas al Comité, cuyas recomendaciones, a su vez, serán retomadas por la CNDH como política estatal. Si bien el organismo no tiene la posibilidad de cambiar la legislación ni políticas públicas que le competen al Ejecutivo, podrá hacer recomendaciones en diferentes áreas”, expresó.

Rábago destacó el papel de las organizaciones civiles y los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, pues consideró que sentarán un precedente para la condena a la desaparición forzada en territorio nacional, y podrán crear un archivo valioso de lo acontecido.

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