Josué Cantorán

@josuedcv

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, insistió en que el departamento jurídico de la institución sí asistió a los estudiantes que fueron detenidos este lunes 19 de enero durante las manifestaciones organizadas en repudio a la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en la ciudad.

Gustavo Reyes, estudiante de la BUAP detenido durante marcha por Ayotzinapa
Foto: Marlene Martínez

En entrevista, el rector aseguró que la intervención institucional se dio de manera inmediata cuando se supo de la detención de Edgar García Juárez y Shariff Guerrero Contreras, estudiantes asegurados a las afueras de la Universidad Iberoamericana por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) del municipio de Puebla.

Pese a que los universitarios afectados negaron que la institución les haya brindado apoyo jurídico durante una rueda de prensa el pasado martes, Esparza Ortiz afirmó que la universidad buscó resolver de forma inmediata la situación jurídica de los jóvenes antes que entrar en una discusión estéril en las redes sociales o la prensa.

El rector manifestó que el comunicado emitido por la BUAP en el que la institución se deslindaba de actos vandálicos o toma de camiones se debió a que en la asamblea de los jóvenes que se llevó a cabo el jueves 15 de enero se había acordado –dijo– tomar unidades del transporte público.

Y, además, recordó que en otras protestas públicas se ha respetado la libertad de los estudiantes de ocupar las calles y manifestarse.

Este martes, estudiantes agrupados en la Asamblea Universitaria negaron que la BUAP les haya brindado asistencia jurídica tras las detenciones arbitrarias y fuera de los protocolos de las que tres de ellos fueron objeto. Asimismo, exigieron una audiencia con Esparza Ortiz y una sesión extraordinaria del Consejo Universitario en la que se dé a conocer su pliego petitorio.

A este respecto, el rector dijo:

Shariff Guerrero, estudiante BUAP detenido durante marcha por Ayotzinapa
Foto: Marlene Martínez

–Yo siempre he estado a abierto a escucharlos, a ellos mismos se les han dado todos los canales que puedan manifestar sus inquietudes, pero, insisto, la constante será conducirse siempre dentro de los marcos del derecho.

Por su parte, Rosa Isela Ávalos, abogada general de la BUAP, dijo que su oficina se puso en contacto con la Procuraduría General de Justicia para saber el estatus legal de los jóvenes y que se acercaron también con los padres de familia.

Cuando el subprocurador les informó que el Ministerio Público no había fincado delito alguno a los estudiantes, la abogada, aseguró, se puso en contacto con el director de los juzgados calificadores hasta ver resuelta la situación de los universitarios.

La funcionaria universitaria recordó que los estudiantes fueron puestos en libertad sin cargos, por lo que dijo que su situación jurídica se encuentra por el momento sin problemas.