•La SEDENA documenta casos en donde los oficiales operan como  halcones para los maleantes en tareas de vigilancia a las Fuerzas Armadas

•Pero si los malosos tienen que escapar los oficiales les sirven de escudo y bloquean el paso de los militares

•Documentos hablan de las irregularidades en la dependencia, a la que ahora buscan lavar la imagen

•Eso explica que haya policías detrás de la desaparición del periodista Moisés Sánchez y del hermano de un diputado poblano, en Orizaba

Foto tomada de este sitio.

Ignacio Carvajal | Blog Expediente*

Pasaba de medianoche. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) patrullaban el fraccionamiento Las Ánimas, en la capital del estado -lugar donde viven los poderosos del poder público y empresarial- y notaron que una patrulla de la extinta policía Intermunicipal, con luces y torreta apagadas, los seguía a prudente distancia.

Así estuvieron varios minutos y después los soldados vieron que mientras la patrulla se escabullía entre la oscuridad y las arboledas de ese exclusivo fraccionamiento, la custodia era retomada por «un vehículo Jetta color gris con dos personas a bordo».

Cuando los militares confirmaron que eran «halconeados» por la patrulla y los civiles del coche pararon a los policías para preguntar por qué «se mantenían a la retaguardia, obteniendo por respuesta que ellos podían desplazarse a donde quisieran, que eso les valía madres».

«De igual forma se le marcó el alto al vehículo Jetta, el cual ignoró la indicación y huyó intentando arroyar a la tropa». Cuando los militares inquirieron a la policía sobre los sospechosos y su intento por dañar a los soldados respondieron que «no habían visto nada».

Tras esas palabras, oficiales y soldados se confrontaron a empujones y verbalmente. Los policías pidieron refuerzos y en cuestión de minutos arribaron más de 20 patrullas, «cuyos ocupantes trataron de intimidar a los elementos castrenses; sin embargo, el comandante militar logró controlar a su personal, ignorando las provocaciones».

Lo anterior está narrado en un reporte informativo elaborado por la SEDENA la noche del 30 de enero de 2010, evidenciando cómo la policía veracruzana opera, trabaja y vigila para la delincuencia organizada.

El parte informativo fue obtenido por blog.expediente.com en el marco de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. En documento oficial, marcado con el folio 0007001170010, se narran numerosos desencuentros entre militares y policías en los primeros días del arranque del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que sólo serían el preámbulo del desastre que se le vino sobre hombros a Duarte con una corporación infiltrada.

Por eso no resulta extraño que al inicio del 2015, el cuarto año de su gobierno, los elementos policíacos en Veracruz protagonicen numerosos escándalos por sus presuntos nexos con criminales.

En enero de 2013, presuntos elementos de la policía estatal -dependiente de Arturo Bermúdez, Secretario de Seguridad Pública- sustrajeron con violencia al joven Gibrán Martiz de un domicilio en Xalapa, y días después, en medio de una balacera y hechos confusos, apareció sin vida, ajusticiado, en un paraje del municipio de Huatusco, a más de 150 kilómetros del punto de su secuestro. Siete elementos de la SSP resultaron procesados por esa muerte, pero solo pasaron 11  meses a la cárcel.

El 8 de enero, 13 elementos de la policía Municipal -acreditable- de Medellín de Bravo quedaron bajo arraigo en el marco de las investigaciones para dar con el paradero del periodista Moisés Sánchez Cerezo, sustraído con violencia de su vivienda el 2 de enero de 2015.

Aún cuando la Procuraduría no ha aportado más detalles sobre el caso, la línea de investigación más fuerte señala que los municipales recibieron la orden de llevarse a Moisés Sánchez para darle un «susto» por órdenes del alcalde panista Omar Cruz, quien traía clavado al periodista bloguero por vendettas políticas.

Para rematar, en la primera quincena del 2014, siete elementos de la municipal de Orizaba fueron detenidos por haber participado, supuestamente, el 18 de octubre de 2014 en la desaparición forzada de Zito Zanatta Vidaurri, hermano del legislador local, del vecino estado de Puebla, Rosalino Zanatta Vidaurri.

Mal parados

A nivel nacional, Veracruz es uno de los estados con mayor número de policías, poco más de 21 mil, según datos de la SSP (se suman fuerzas del estado, Fuerza Civil, Acreditables, municipales y auxiliares).

En uno de sus últimos reportes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó a Veracruz como la entidad con mayor número de policías estatales que no habían aprobado las pruebas de confianza aplicadas por la Federación.

En el caso de las fuerza estatales, los datos de ese estudio indican que el 44.3% (4 mil 273 oficiales) estaban reprobados, y en los municipales, el 43% (1, 545) no pudo con el polígrafo, antidoping y estudios al entorno patrimonial.

«Se trata de un contexto en donde los oficiales están vulnerables a la corrupción», resumió la organización Insight crime al comentar en un artículo el panorama de las corporaciones de ley en México.

Al servicio del crimen

Desde el 2009, según esos partes oficiales, la SEDENA ha venido documentando los casos en donde han notado complicidad entre maleantes y oficiales, y aunque no tiene facultades judiciales, los informes allí están, acumulados, y como pruebas documentales sobre cómo se maneja la policía en la entidad gobernada por el priista Javier Duarte de Ochoa

En la misma solicitud se informa que el 7 de noviembre de 2009, (Arturo Bermúdez era alto funcionario en la SSP mientras el General Sergio López Esquer, era el secretario) en calles del puerto de Veracruz, personal de la SEDENA intentó detener a un «halcón»; pero «dos policías intermunicipales utilizaron sus camionetas para bloquear el paso del convoy castrense, facilitándole la huida».

El 25 de diciembre fue detectado otro vehículo con presuntos informantes del crimen organizado, cuando se les marcó el alto lograron escaparse con la ayuda de la patrulla.

Los militares iniciaron una persecución a lo largo de la avenida Salvador Díaz Mirón la cual culminó «al ser interceptados los policías, quienes solicitaron el apoyo de 30 patrullas y 100 elementos quienes amenazaron con sus armas al personal militar». El informe dice que no se llegó a mayores porque «se estableció comunicación con los jefes de la SSP».

El 20 de abril de 2010 -ya siendo Duarte gobernador- los militares y policías veracruzanos se confrontaron porque los gendarmes «evitaron la revisión y detención de unos sujetos que se encontraban en actitud sospechosa en un lote baldío en donde posteriormente localizaron abandonados 52 envoltorios de marihuana».

El 27 de octubre de 2010 un convoy militar nota una camioneta circulando en sentido contrario en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Formado Hogar del puerto Jarocho, y al intentar darle alcance «una patrulla de la policía intermunicipal Veracruz-Boca del Río aparece con la torreta prendida y se atraviesa en el paso del convoy» para tapar la huida de la unidad sospechosa.

En esa misma fecha y lugar los soldados encontraron metros adelante del primer incidente una patrulla policial parada a media calle, «al solicitar al patrullero que estacionara bien su patrulla para continuar el personal militar su recorrido, el policía respondió que se esperaran, arribando en ese momento 20 patrullas de la misma corporación, descendiendo los elementos policiales, desenfundando y cargando sus armas, por lo que la tropa también cargó sus armas para repeler una posible agresión».

Armas perdidas

Otra irregularidad detectada por la SEDENA en la SSP veracruzana se relaciona con la pérdida de armamento, así lo asienta en la solicitud 0000700006511, en donde se indica que el estado cuenta con la Licencia Oficial Colectiva número 67, la cual está amparada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En las revisiones se detectó la pérdida de 147 armas de fuego, de esas 123 son cortas y el resto largas. «Las circunstancias en las cuales se han perdido o robado las armas, son dentro de actos de servicio y por descuido del personal que las tiene a su cargo».

Inamovible

Es Arturo Bermúdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el hombre dentro del gabinete de Javier Duarte de Ochoa que ha aguantado todos los escándalos sin recibir, si quiera, una reprimenda pública por parte del Ejecutivo. El mal comportamiento de sus oficiales, así como su fracaso evidente para lograr su sueño de una policía acreditable -cuyos elementos se quejan de bajos salarios, extenuantes jornadas laborales- no lo tumban de la SSP, a la cual llegó desde un puesto medio, encargado estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) en la administración de Fidel Herrera Beltrán.

Duarte de Ochoa ha realizado cambios en la mayor parte de su gabinete, sin embargo, la SSP, desde la llegada de Bermúdez, no la toca con nada, aún cuando es cada vez más creciente el malestar ciudadano y crece el ánimo por formar barricadas, guardias vecinales y salir a cuidar con palos, bates y machetes.

A finales de diciembre de 2014 habitantes de una colonia del puerto de Veracruz dieron muerte a un mecánico al cual confundieron con secuestrador. El pueblo capturó al presunto intruso, le juzgó y aplicó sentencia ante la incapacidad de los elementos del Secretario para dar seguridad.

«Que se compren un perro o candados», fue la recomendación efectuada en 2014 por Bermúdez a habitantes de Coatzacoalcos ante la creciente ola de robos y secuestros.

[quote_box_left]*Este texto se publica con el consentimiento del autor. [/quote_box_left]