Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Todos los recursos legales que han interpuesto habitantes de la zona del volcán Popocatépetl, en los municipios de Nealtican y Atlixco, contra la construcción del Gasoducto Morelos, han sido rechazados por las autoridades del Poder Judicial. El caso más preocupante es el del amparo con el expediente 1881/2014, en el juzgado octavo de Distrito, donde el juez determinó que la credencial de elector no es válida como identificación para acreditar el domicilio de los quejosos.

“Dicen que la gente se opone al progreso. A lo que nos oponemos es al peligro”, dijo Armando Domínguez, el representante de los quejosos de dicho proceso. Al presentar el amparo, las autoridades no  reconocieron la representación de Domínguez y le pidieron la credencial de elector para acreditarse. Y en el proceso, posteriormente, el juzgado dijo que ese mismo documento, de cada uno de los quejosos, no tiene validez. Su argumento es, de acuerdo a Domínguez, inválido, porque a la fecha, la credencial para votar es el único documento en México para acreditar la ciudadanía, marcando el distrito y la localidad donde cada persona habita. “Esto es violatorio de forma jurídica y atentatorio contra el proceso democrático que tenemos en frente, desconociendo un juez federal la legalidad de un documento de este tipo.” 

Ante el desconocimiento del documento de identidad, los habitantes de la zona ya presentaron una queja en tiempo y forma. Los afectados directos por el gasoducto quieren que se sepa la actitud, que describen como sospechosa, que ha tenido el Poder Judicial hacia ellos, ya que casi de manera sistemática rechazan cualquier motivo y recurso legal interpuesto, permitiendo que en la zona de peligro volcánico se siga avanzando con la construcción del gasoducto.

Los jueces han tenido muy poca sensibilidad ante la problemática y el peligro que representa la construcción del llamado “proyecto de muerte” justo en una de las áreas de mayor riesgo volcánico, cosa que ha sido mencionada en numerosas ocasiones por instituciones como la UNAM y Cupreder.

“Falta que los jueces en ese edificio se asomen y vean de qué forma está el peligro continuo (del Popocatépetl) de emanaciones y tremores, y salida de lava y elementos incandescentes”, dijo el representante de los afectados de Atlixco, quien agregó que la continua actividad del volcán le deja claro a los ciudadanos lo que puede pasar si algún día el gasoducto se dé. “De lo que se trata es de prevenir el desastre”, y los jueces no han evaluado el peligro que significaría la construcción del gasoducto.

La abogada Patricia Montaño denunció también que en el expediente del amparo de San Felipe Xonacayucan –de donde es originaria Enedina Rosas Vélez, ex comisariada ejidal y presa política– la demanda fue desechada porque no se acreditó la personalidad de la representante de los quejosos, que en este caso fue Lucina Quintero Rosas, hija de Enedina. Pese a que presentaron el acta de la asamblea comunitaria donde la joven fue nombrada como representante común, esto no bastó a los jueces.

Los problemas con la representación ante las autoridades se dieron también en el lado de Nealtican, en el Juzgado 12avo, donde el Juez argumentó que no existe un documento que justifique que los promoventes son representantes de dicho municipio, negando su interés legítimo. 

Montaño dijo que la defensa quiere denunciar las “causas tan burdas” de las que se valen las autoridades para desechar las demandas, además de que el Poder Judicial les está negando los derechos a los habitantes de la zona del trazo de gasoducto, “incluso arbitrariamente”.

Lo que sigue es esperar los tiempos legales para la resolución de los recursos interpuestos ante las negativas de los jueces. La población va a continuar tomando la vía jurídica y acudiendo a los recursos legales, analizando cada caso específicamente.

Hasta el momento se han interpuesto cuatro amparos: el 1881/2014, en el Juzgado 8avo, por parte de los pobladores de Atlixco; el 1877/2014 en el décimo, de los habitantes de San Felipe Xonacayucan; el 1964/2014, en el 11avo, del municipio de Nealtican, y el 6/2014, de quienes viven en Cuacuila, Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, por donde pasa el trazo del Gasoducto Tuxpan-Atotonilco.

En el caso de la Sierra Norte, la Juez 1o de Distrito ordenó que se publicaran los edictos “para emplazar a los terceros interesados, en este caso los vecinos que firmaron la servidumbre de paso a favor de GASOMEX”, encargada de la construcción de esa obra. El costo de los edictos es de 40 mil pesos, los cuales los habitantes no tienen, por lo que pidieron su condonación al poder Judicial. Las autoridades resolvieron que se tendría que hacer primero un estudio socioeconómico, pero en las instalaciones de la PGJ, lo que fue rechazado por los quejosos ya que, como explican en un comunicado, “tenemos miedo de dicha institución por las aprehensiones ilegales que se han venido dando en los últimos meses en la Ciudad de Puebla.”