Carlos Bauer

¿Necesitamos darnos una idea de qué tan mal está México? Debido a presiones locales e internacionales por acusaciones de corrupción, el 14 de este mes presentó su renuncia Laurent Lamothe, primer ministro de Haití. Sí, Haití, un país con 53% de analfabetismo en adultos y una esperanza de vida de 57 años, vivió la renuncia de su jefe de Gobierno. Tras 79 días de que 5 estudiantes fueran asesinados y 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero, ni un solo funcionario del Gobierno Federal ha renunciado por su incapacidad para resolver esta crisis de derechos humanos.

¿Cómo llegamos a este punto? Le hemos enseñado a nuestros gobernantes que pueden hacer lo que les venga en gana. Nos hemos mostrado una y otra vez dispuestos a soportarlo todo. ¿Cómo no sentirnos un poquito culpables, si hace apenas catorce años elegimos como presidente a un hombre que se dijo capaz de resolver el problema de Chiapas en quince minutos, y en las más recientes dimos nuestro voto a cambio de una tarjeta con cien pesotes para comprar despensa? Tres acontecimientos definen puntos de inflexión en esta espiral de barbarie.

Quizá sea difícil de imaginar para los mexicanos, pero forma parte de la democracia que los gobiernos renuncien cuando pierden toda credibilidad ante el pueblo que –se supone– los eligió, ya sea por un garrafal error en el manejo de un problema o por la reiterada demostración de su incapacidad para resolver los asuntos cotidianos. Las costumbres se vuelven leyes, y desde 1936 estamos acostumbrados a que nuestros gobernantes se mantengan en sus cargos, pase lo que pase. Pero no es una ley.

Escudriñando en el pasado y la memoria, todos registramos fechas que marcan la historia de nuestro México –nuestro porque es el que hemos vivido y no por algún afán patriotero.  Algunas de esas fechas coinciden con acontecimientos que nos hacen pensar que el gobierno debió renunciar pues su continuidad significaba una infamia y un estorbo. La matanza de Tlatelolco, el jueves de Corpus, el terremoto del ’85, los “errores de diciembre” son todos sucesos que habrían provocado la caída de un Gobierno democrático.

Pero en ninguno de esos momentos estuvo al frente de nuestro país un Gobierno democrático.

Estas historias tienen dos lados. De una parte, Gobiernos autoritarios y autistas, comprometidos únicamente con su propio enriquecimiento mediante el saqueo de la Patria (y perdonen quienes crean que estos conceptos ya están pasados de moda). De otra, un pueblo que no ha sabido exigir democracia: un pueblo que vive aferrado a la normalidad, a cuya degradación se adapta hasta deformarse en una caricatura irreconocible de la dignidad humana.  Gobiernos abusadores, generaciones de mexicanos que no ponen –que no ponemos– límites.

Quizá estamos todos muy convencidos de que, trabajando muy duro, espontáneamente se resolverán los problemas del país, pero a mí nadie me ha explicado cómo quedarme a hacer horas extra no pagadas va a evitar que soldados violen a una anciana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos declare que se trató de una muerte por gastritis. Quizá tengan algo de razón quienes dicen que los que salen a marchar son un montón de vagos buscando que Papá Gobierno los mantenga, pero los emprendedores que están en el Gobierno y dirigiendo las grandes corporaciones nunca salieron a marchar, y así tienen al país.

La lista de agravios puede llenar tomos enormes, pero el sexenio pasado hubo tres momentos en que los mexicanos perdimos nuestra oportunidad de decir ¡Ya Basta! y le extendimos a los poderes fácticos –y el Gobierno es desde diciembre de 2006 un poder fáctico, no uno legal– sendos cheques en blanco para robar, matar, mentir. Tres momentos en que fuimos sacudidos para despertar y decidimos cerrar los ojos “nomás otros cinco minutitos”.

Tres clavos en el ataúd de México. Hoy vivimos una cuarta oportunidad de abrir los ojos. ¿Lo haremos?

Este país se fue al carajo cuando nos convencieron de que hace más daño cerrar una calle que robar una elección

Los resultados oficiales de la elección presidencial del domingo 2 de julio de 2006 fueron un fraude. Existen todas las pruebas para sostenerlo y el Estado sólo contaba con una para desmentirlo: las boletas electorales depositadas por los ciudadanos. La negativa rotunda, dictatorial, de todas las instituciones del Estado de abrir esos documentos a la ciudadanía constituye la prueba más pública del fraude.

En los días y meses posteriores al fraude, podía oírse –aunque no se quisiera– a ciudadanos expresando opiniones del tipo “sí, hubo fraude, pero que asuman como hombrecitos que se los chingaron y dejen de estar llorando”. El plantón en Reforma fue el acabose: ¿cómo podía atreverse el Peje a cerrar una avenida y afectar las fuentes de empleo de millares de personas? Los empresarios y sus voceros en los medios de comunicación estaban preocupadísimos por la suerte de meseros, chicos del valet parking, hostesses y demás trabajadores de servicios que perdieron sus empleos por culpa del mesías tropical que hizo un berrinchote porque lo bajaron de la silla. Claro, no tan preocupados como para ayudarlos con un centavo, pero seguro que no podían conciliar el sueño pensando en la pobre gente.

El problema es que los mexicanos reaccionamos como si el Instituto Federal Electoral, Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, Televisa, La Razón y Carlos Salinas de Gortari se hubieran chingado a Andrés Manuel López Obrador. Y no. Nos chingaron a todos los mexicanos. Un Gobierno que llega al poder sin el mandato del pueblo no tiene ningún compromiso con él y no tiene por qué incluirlo en ninguno de sus cálculos.

Tener un Gobierno de facto nos costó 100,000 muertos, una cifra siempre cambiante de desaparecidos, seis años de inoperancia gubernamental e impunidad absoluta para los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que a cambio de su respaldo al Gobierno ilegítimo obtuvieron una patente de corso para actuar a sus anchas por todo el país.

Este país se fue al carajo cuando le dijimos al Gobierno que no pasa nada si mata a 49 niños

El 5 de junio de 2009 se produjo un incendio en una guardería de Hermosillo, Sonora, a consecuencia del cual murieron 49 niños y al menos 70 quedaron lesionados, muchos de gravedad. La guardería se llamaba ABC, funcionaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus dueños eran parientes de funcionarios del gobierno estatal –priista–  y de la primera dama del país –panista.

Fueron dictadas 18 órdenes de aprehensión contra diversas personas por su responsabilidad en la tragedia; 16 de ellas libraron la cárcel pagando una fianza, incluyendo a los tres dueños de la guardería. Se inhabilitó para ocupar cargos públicos a más de una decena de funcionarios, tanto estatales como federales. Pero nunca se hizo algo que se habría hecho de manera automática en cualquier democracia: destituir al director del IMSS, impulsor y responsable del programa de subrogación.

¿Qué es la subrogación? Una privatización de recursos públicos consistente en que el IMSS, en lugar de crear y administrar guarderías, les paga a empresarios privados por recibir a los hijos de los trabajadores afiliados al Instituto. El pretexto: así se recortan costos. La obvia verdad: es una manera de hacer negocios con dinero público, como demostró la relación de los dueños con funcionarios públicos en activo.

Un escándalo así precipitaría la salida de cualquier gobierno democrático, o cuando menos obligaría a realizar profundos cambios institucionales. No en México. Nosotros decidimos decirle al gobierno que está bien matar a 25 niñas y 24 niños mediante un esquema de guarderías sin mínimas condiciones de seguridad, con licitaciones regidas por el compadrazgo; que si se produce una tragedia está bien dejar impunes a los responsables, que no pasa nada, que hemos perdido cualquier capacidad de empatía. Que no somos humanos.

Si soportamos el asesinato de 49 niños, nada puede ponernos contra el Gobierno.

Este país se fue al carajo cuando le enseñamos al Gobierno que puede insultar nuestra inteligencia con las mentiras más burdas

Una niña de cuatro años, hija de un matrimonio de la alta sociedad del Estado de México, es reportada como desaparecida por sus padres. 20 anuncios espectaculares con la imagen de Paulette Gebara Farah son desplegados en la Ciudad de México. Es tan alto el perfil de los involucrados que el mismísimo procurador del estado, Alberto Bazbaz Sacal, se apersona en el departamento de donde desapareció Paulette y visita la habitación donde fue vista por última vez.

Durante una semana, decenas de personas e incluso perros policía escudriñan el departamento en busca de pistas. Periodistas, peritos, parientes revisan palmo a palmo la habitación de Paulette. Cosa inédita en un caso así, una amiga de la madre se queda en el departamento durante esos días y duerme en la cama de la niña. Nadie ve nada, nadie huele nada.

Pero, repentinamente, el procurador anuncia que el cuerpo de Paulette fue encontrado “entre el colchón y una estructura de madera al pie de su cama”. Al examinar el cuerpo se determinó que fue asesinada por asfixia, y los padres fueron indiciados por homicidio. Sólo tres días después, la Procuraduría de Justicia del Estado levantó el arraigo a los padres con el argumento de que habían “cambiado las condiciones que dieron lugar a dicha medida cautelar”.

Estos hechos ocurrieron en marzo de 2010, cuando el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, entonces ya cantadísimo candidato presidencial del PRI para 2012. Él nos mandó varios mensajes claros: 1) Si eres millonario, puedes asesinar y quedar impune, incluso si tu caso aparece en todos los medios de comunicación; 2) Un funcionario puede ser tu cómplice en el asesinato y lo más que puede pasar es que lo destituyan; 3) No tenemos ningún respeto por la ley; 4) No sentimos compasión por ningún ser humano, así sea una niña de cuatro años con discapacidad; y el mensaje político más importante, 5) Te vamos a mentir con todo el descaro imaginable, y ni siquiera nos vamos a sonrojar.

Nosotros dejamos que ese gobernador se convirtiera en presidente de la República, con lo que también mandamos un mensaje claro: entendemos y aceptamos los términos y condiciones.

¿Este país se fue al carajo cuando decidimos que matar a 43 estudiantes puede formar parte de nuestra normalidad? No hay una moneda en el aire, hay una decisión en nuestras manos.