Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

En Puebla, “hay una negación para entregar información que es a todas luces información pública”, dice Lilia Saúl, coordinadora nacional de México Infórmate. Durante la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, quien hace poco presentó su cuarto informe de gobierno, se ha dado una negativa a las personas que piden solicitudes de información, por parte de los órganos encargados de la transparencia.

En la opinión de Lilia, en la entidad existe una negativa de manera reiterada, tanto de parte del gobernador como del órgano garante de transparencia, que parece que está atado de manos y respondiendo a los intereses del gobierno local. Este órgano, cuya función debería ser garantizar el acceso a la información, se ha convertido en un cerco o dique, pues confirma la negativa del gobierno de difundir información que debería ser pública. Pareciera que la gente del gobierno local desconoce o es omisa a propósito de las legislaciones federales en materia de transparencia y del propio marco normativo local, que sí permiten que se entreguen información cuya naturaleza es pública (como contratos del gobierno).

En cuanto a las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle, Saúl considera que va por el camino erróneo, pues si quiere ser candidato lo primero que tendría que hacer sería transparentar todas sus declaraciones, tanto la patrimonial como la de servidor público, dando a conocer todos sus bienes muebles. “Yo creo que tampoco debería permitir que se esté ocultando información tan delicada como la que tiene que ver con un posible conflicto de interés si es que varios de estos contratos que se otorgaron a ciertas empresas se beneficiaron de alguna manera, ya sea directa o indirectamente. Porque eso es lo que hemos estado viendo, que los gobernadores en turno favorecen a ciertas empresas y después nos enteramos que a lo mejor hasta construyen casas para ellos.”

Y el hecho de ocultar información afecta directamente a la ciudadanía, en palabras de Lilia, en las consecuencias de no saber, por ejemplo en el caso concreto de Puebla con las concesiones mineras. “Al no saber la población cómo va a afectar a su localidad un proyecto minero, pues esto prácticamente trae como consecuencia muchísimas otras, como por ejemplo temas como el de la salud, las afectaciones a sus tierras, y esto es algo que atañe directamente a las personas”.

El otro tipo de problemas que se desprenden de la opacidad, como a nivel local el no conocer ciertos contratos del gobierno, es el no saber si trae consigo un conflicto de interés y si quizás los recursos públicos se utilizaron de manera correcta, “por lo tanto podríamos estar pensando que a lo mejor los recursos de los presupuestos se estarían manejando de manera irregular y por lo tanto pues las finanzas públicas de los ciudadanos se verían afectadas, por eso vemos las consecuencias de la aplicación de mayores impuestos, o de recortes en los presupuestos o en los salarios fijos.”

Rafael Moreno Valle ha resaltado como uno de los gobernadores cuya administración ha sido más opaca. En Puebla, dice la coordinadora de México Infórmate, la ventaja y desventaja que existe es que hay muchas personas, tanto periodistas como ONGs y hasta universidad muy activas, tratando de ejercer de alguna u otra forma su derecho a saber. Lo anterior, explica Lilia, ayuda a que se visibilice más este problema de que no está queriendo (el gobernador) entregar la información, caso opuesto a estados en los que no hay muchas solicitudes de información o donde no hay mucho interés por parte de los ciudadanos para conocer cómo se están ejerciendo los recursos públicos. Así, al momento de negarse a entregar la información, se visibiliza totalmente la negativa, “y por lo tanto se observa que es una de las entidades en donde más se ha negado de manera reiterada la información”.

Finalmente, la especialista en temas de transparencia habló de cuatro casos que resaltan, a nivel nacional, de la opacidad que ha rodeado la administración estatal de Moreno Valle: el de los datos reservados en la compra de dos helicópteros Augusta; el de el no hacer públicas las concesiones mineras vigentes en la entidad (caso que trabajó la organización PODER junto con activistas locales y nacionales); el caso de los contratos de las empresas privadas encargadas de la distribución del agua en el municipio de Puebla y la opacidad en torno a varias solicitudes que tenían que ver con la construcción de la planta de Audi en Puebla. Con estos cuatro ejemplos y la negativa de entregar la información, habla mucho de cómo el gobernador y todo el gobierno local tratan de ocultar datos y documentos.