Lado B
A pesar de la gravedad de las lesiones jueces permiten la salida de policías del penal
Al menos dos de los nueve heridos que dejó como saldo el desalojo en Chalchihuapan, uno perdió el habla, otro la visión en un ojo, fueron hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente
Por Ernesto Aroche Aguilar @earoche
12 de enero, 2015
Comparte
Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Hugo Jiménez Varela perdió la vista parcialmente el 9 de julio, cuando una lata de gas lacrimógeno le golpeó en el costado izquierdo del rostro. En su recuperación física, aseguró a un medio local, gastó alrededor de 100 mil pesos, pero lo que ya no regresará será la visión en el ojo de ese lado.

La imagen de Martín Xelhua Romero con un boquete en la mejilla izquierda fue una de las primeras que permitió conocer el impacto del violento desalojo en Chalchihuapan. En un video que circuló en las redes sociales se le observa desorientado y sangrando profusamente del costado izquierdo del rostro con un objeto metálico incrustado en la mandíbula, mientras unos metros adelante, sobre la carretera la policía estatal lleva a cabo el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco.

La herida le fracturó los huesos de la cara, le destrozó lengua, cuerdas vocales y los molares izquierdos. El hombre perdió el habla.

HeridoChalchihuapan1

Los casos de Hugo Jiménez y Martín Xelhua son los dos más graves de los nueve lesionados la tarde del 9 de julio, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero a ninguno de los nueve, a decir de la Primera Sala en Material Penal del Distrito Judicial de Puebla, se le puede calificar de esa manera, pues tras la revisión del auto de formal prisión que se dictó a los seis policías responsables de las agresiones y la muerte de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, los magistrados Amador Coutiño, Arturo Madrid y Daniel Baltazar decidieron modificar de “grave” a “no grave” las agresiones, pues aseguran que son lesiones que no tardan en sanar más de 15 días, lo que permitió que los uniformados pudieran salir bajo fianza y seguir su proceso fuera del penal.

De acuerdo con Abraham Torres, vocero del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la modificación al auto que se dictó en la sala penal, en la que también se le quitó el calificativo de “grave” al delito de “falsedad de declaraciones” que también pesa sobre los policías inculpados, abrió la puerta para el 22 de diciembre Juan Máximo Jiménez, Francisco López Domínguez, Juan Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez y Luis Bernardo González Santos pudieran pedir su libertad bajo fianza y salieran del penal capitalino dos días después, la madrugada del 24.

Polis

Foto Tomada del perfil de FB de la diputada Roxana Luna

Además, a Juan Máximo y Francisco López, sobre quienes pesa la acusación de ser responsables del asesinato de José Luis Alberto, también se les modificó el delito de“homicidio doloso” por el de “homicidio culposo”, pues a decir de los magistrados no llegaron a la manifestación con la intención de matar al menor, sino de dispersar la concentración.

En conclusión, planteó el vocero del poder judicial poblano, los magistrados eliminaron del auto que dictó inicialmente el Juzgado Tercero Penal –en el proceso 439/2014— todo vestigio de gravedad en los delitos cometidos.

El funcionario también explicó que la vía elegida por los policías de solicitar la revisión de la sentencia por una sala penal antes que buscar la intervención de la justicia federal permitió que el proceso fuese más rápido, y que ello explica que hasta el momento las solicitudes de amparo promovidas por los vecinos de Chalchihuapan para la revisión de su detención y encarcelamiento no se hayan resuelto aún y estén en proceso en los juzgados de la federación.

Buscarán el amparo

Por su parte, el equipo jurídico, que encabeza Arturo Pineda, que ha acompañado a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan anunció que interpondrán un amparo para que se revise, desde un juzgado federal, las modificaciones que se aplicaron al auto de formal prisión que permitió la salida de los policías estatales que fueron detenidos el pasado 18 de octubre, el mismo día en que fueron detenidos violentamente cinco habitantes de la junta auxiliar.

Así, mientras que los policías les imputaron los delitos de lesiones, homicidio doloso y falsedad de declaraciones, a los vecinos de la comunidad se les acusa de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.

Comparte
Autor Lado B
Ernesto Aroche Aguilar
Suscripcion