Nodo de Derechos Humanos

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[dropcap]E[/dropcap]l grito de #AyotzinapaSomosTodos ha crecido y aglutinado las rabias de todo un país que padece una violencia cotidiana que quienes ejercen el poder del Estado no solo no han frenado sino que en muchos caso la favorecen.  El grito acumulado por los niños quemados en la guardería ABC; por los migrantes asesinados y desaparecidos;  por los despojos de territorios indígenas y urbanos en favor de grandes empresas privadas; por los constantes asesinatos y masacres en todo el país; por las políticas económicas que polarizan cada vez más; por las muchas casas blancas con las que los funcionarios públicos hacen de la injusticia un palacio de cinismo;  por los incesantes agravios del poder; ese grito se ha transformado en el #YaMeCansé con el que México y el mundo responden a la incompetencia y mezquindad de una clase política incapaz de reconocer que fracasó en su obligación de representar al pueblo, una clase política que ejecuta cotidianamente estrategias para ocultar la realidad, para mantener funcionando un sistema en donde el “orden institucional” existe al mismo tiempo como poder público que como crimen organizado.

El gobierno federal y los gobiernos estatales, en lugar de buscar herramientas jurídicas y políticas para tratar de enmendar sus errores y pagar por sus crímenes, para tratar de desarmar el sistema de corrupción que es el poder público en México, hace todo tipo de acrobacias políticas, mediáticas y jurídicas para que sean aquellos que sufren sus injusticias quienes además paguen el precio de las mismas, buscando formas para poder reprimir con la misma brutalidad pero sin consecuencias legales o políticas, para profundizar aún más este sistema de corrupción e impunidad.

La estrategia de Peña Nieto en Guerrero consiste en una mayor militarización y en la construcción de un nuevo cuartel militar en Iguala, lo que parece más un plan de contrainsurgencia que de seguridad, sobre todo cuando aquel 26 de septiembre el ejército, cuando menos no tuvo la capacidad o la voluntad de evitar o detener la tragedia. Desde la clase política proponen crear una fiscalía anticorrupción, para sumarla a la infinidad de fiscalías especiales para todo tipo de tragedias que maquillan más de lo que resuelven. Además, a nivel nacional promueven una reforma constitucional que sienta las bases para justificar la represión de manifestaciones usando oportunistamente el discurso del derecho a la “movilidad universal”. Abriendo la puerta a más leyes como la #LeyBala en Puebla o la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y dando pie a más tragedias como la de José Luis Alberto Tlahuitle Tamayo (en Puebla) y Juan Francisco Kuykendall (en el Distrito Federal).

[pull_quote_right]Ese uso discrecional de la ley permite que los “derechos” no solo no sean exigibles sino que se utilicen para coartar y violentar aún más nuestros derechos. Por lo tanto las leyes no garantizan derechos, permiten y legalizan violaciones a estos. [/pull_quote_right]

La preocupación de Enrique Peña Nieto, de los gobernadores y legisladores es clara, no es por resolver la profunda crisis que vive el país, sino por cómo contener la indignación y la rabia que crece en las calles y en todos los rincones de México, en sus palabras para “dejar atrás el dolor” y seguir con los negocios pendientes para “mover a México”.  Lo que buscan realmente es cegar los ojos del mundo y cortar los dedos que los señalan y los denuncian.

Con la reforma al artículo 11 Constitucional se garantiza “el derecho de toda persona a la movilidad universal” abriéndose así un riesgo a que la movilidad de las personas se ponga por encima del derecho a la libre manifestación y expresión. Con la reforma al artículo 73 Constitucional se faculta al Congreso para expedir leyes que reglamenten la movilidad universal y la garanticen, lo que abre la posibilidad de que en una ley reglamentaria se restrinja aun más el derecho a la protesta.

Hace unos meses en las leyes antiprotesta aprobadas en el Distrito Federal, Quintana Roo, Chiapas y la #LeyBala en Puebla se veían visos de lo que ahora pretenden con la reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución. Se notaba que la tendencia era que en los estados se aprobaran leyes que permitieran “por fin” ilegalizar las marchas y en algunos casos (como el de Puebla) legalizar la agresión por parte de la policía a los manifestantes.  En esto, la estrategia del gobierno federal  parece ser lanzar iniciativas de represión y lograr que los estados asuman los costos políticos de su ejecución (porque los gobiernos locales están lo suficientemente ávidos de reprimir). No será difícil saber cuáles serán las aplicaciones e implicaciones locales de estas reformas, después de escuchar las declaraciones del gobernador de Sinaloa que para referirse a detenciones durante protestas habla de “levantones”; después de ver el empecinamiento del gobierno de Rafael Moreno Valle por jugar una caprichosa partida de “monopoly” con todo el estado de Puebla a costa de brutales e ilegales despojos, detenciones arbitrarias, prisión política y represión constante;  después de ver que este país está repleto de Abarcas en todos los niveles de gobierno, en todos los ámbitos institucionales.

Una característica del Estado en México es que las leyes rara vez operan cuando se trata de exigir justicia, de defender al débil; sin embargo son increíblemente eficaces cuando se trata de despojar territorios, de reprimir al que protesta, de proteger al poderoso. Ese uso discrecional de la ley permite que los “derechos” no solo no sean exigibles sino que se utilicen para coartar y violentar aún más nuestros derechos. Por lo tanto las leyes no garantizan derechos, permiten y legalizan violaciones a estos. Por eso mismo es importante no dejar pasar estas nuevas reformas, es necesario evitar que en estos momentos se aprueben este tipo de modificaciones. Por ello una de las herramientas que tenemos a la mano es presionar a los senadores que en los próximos días rediscutirán estas modificaciones constitucionales.

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