2014, un año de luchas sociales en Puebla

2014, un año de luchas sociales en Puebla

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

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Enero

En octubre de 2013 los habitantes de la comunidad de Cuacuila, Huauchinango, se manifestaron en contra de la construcción de un gasoducto a cargo de la empresa Gasomex. La comunidad hizo un amparo colectivo en enero, pero el 23 de ese mes denunciaron que pese a la orden judicial de suspensión, la compañía continuó con los trabajos en Cuacuila.

El día 28, comunidades de la Sierra Norte de Puebla marcharon en la capital del estado contra los proyectos de extracción minera y los gasoductos, llamados “proyectos de muerte”.

Febrero

El 8 de febrero elementos de la Policía Municipal de Puebla detuvieron y torturaron a jóvenes durante un fandango jarocho en el centro histórico.

Periodistas se reunieron en el zócalo de Puebla en una velada nacional exigiendo justicia para Gregorio “Goyo” Jiménez de la Cruz, periodista veracruzano desaparecido y asesinado en Coatzacoalcos.

Durante la administración del ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se inició con un proyecto de “rescate” de la Plazuela de Los Sapos para atraer a “un consumidor de mejor perfil” según palabras del ex director de Desarrollo Económico municipal Walther Junghanns, y que continuaría en la actual administración de Antonio Gali. Se anunció la apertura de 5 restaurantes el 14 de Febrero de este año y la posible reubicación del tianguis de antigüedades los fines de semana, por lo que hicieron reformas al Código Reglamentario Municipal a conveniencia de los nuevos negocios. A la fecha sólo dos de los cinco restaurantes anunciados siguen operando y aunque pretendían asegurar que los bares no regresaran a la zona, recientemente abrió un nuevo bar en la plazuela.

Marzo

El día 5, elementos de la Policía Municipal detuvieron al fotógrafo de Lado B, Leonardo Herrera mientras cubría el carnaval de Huejotzingo, sólo por hacer su trabajo de documentación. Le impusieron un multa de mil pesos y luego de estar varias horas encerrado por las autoridades, sin tomar en cuenta su trabajo de fotorreportero.

El 9 de febrero el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigió al gobernador Rafael Moreno Valle un alto a las violaciones a los Derechos Humanos.

La campaña “Puebla mágico sin tráfico”, impulsada por el colectivo ciclista “Cholula en Bici”, anunció el día 12 un amparo contra la construcción del Distribuidor Vial en Cholula. Dos semanas más tarde, el observatorio de transparencia de la Universidad Iberoamericana, “Con los ojos abiertos”, dio a conocer que el INAH informó que “no existe dentro de sus archivos el permiso de ‘prefactibilidad’ otorgado por el Consejo de Arqueología al Gobierno del Estado de Puebla para la construcción del distribuidor vial Cholula”.

El jueves 20 de marzo desapareció la joven Judith Coatl Cuaya, en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula. Los habitantes de la comunidad cerraron la carretera federal a Atlixco días después, exigiendo que se buscara a la joven.

Abril

El 7, 8 y 9 de abril las autoridades detuvieron a tres luchadores sociales: Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís, opositores a la construcción del Gasoducto Morelos que pasaría por zona de riesgo volcánico, y Abraham Cordero Calderón, opositor a la construcción del Arco Poniente. Un día más tarde, activistas clausuraron simbólicamente las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), exigiendo la liberación de los presos políticos.

Morena Puebla denunció el 14 de marzo acoso contra el académico Ricardo Pérez Avilés, quien acompañó la lucha de los opositores al gasoducto Morelos. El 23, estudiantes de la Buap marcharon en solidaridad con el investigador, y dos días más tarde visitador del Alto Comisionado de la ONU estuvieron en Puebla documentando las luchas sociales.

El 29 de abril un juez ordenó la suspensión definitiva del Gasoducto en Cuacuila, Huauchinango.

Mayo

El mes empezó con una marcha exigiendo al gobernador Rafael Moreno Valle el cese a la represión, mes en el que también Puebla figuró entre las 10 entidades con más víctimas de secuestro, según datos del reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El 7 de marzo se suscitaron nuevas amenazas a los opositores al Gasoducto Morelos y dos semanas más tarde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que revisaría el caso de los opositores encarcelados. El 29 de ese mes, empleados de la empresa encargada de la construcción del gasoducto agredieron a la reportera de La Jornada de Oriente, Yadira Llaven Anzures.

Ese mismo día Puebla se sumó al Frente por la Comunicación Democrática, iniciativa nacional para defender la libertad de expresión y las comunicaciones ante la Ley Telecom.

Después de hallazgos arqueológicos durante las excavaciones para la construcción del Distribuidor Vial de Cholula, la campaña “Pueblo Mágico sin Tráfico” exigió al INAH que cancelara la obra, y el 18 reveló que los amparos que supuestamente habían sido interpuestos contra la construcción de la mega obra nunca fueron ingresados a los juzgados por el abogado

El 19 de mayo, cuando se llevó a cabo la “Caminata Draga contra la homofobia y la violencia de género”, se aprobó en el Congreso la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública”, mejor conocida como “Ley bala”, que permitía el uso de armas no letales a los elementos de las fuerzas de seguridad pública.

Para fin de mes, el 27, un grupo de trabajadoras sexuales se manifestó en el centro de Puebla, exigiendo mejores condiciones laborales y respeto.

Junio

El 4 de junio asesinaron a Antonio Esteban Cruz, opositor a la construcción del proyecto hidroeléctrico en la comunidad de Cuamono, en Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla.

Julio

El día 3 un juez detuvo provisionalmente la Ley Bala después de varios amparos. Un día más tarde las autoridades encontraron el cuerpo de la joven Judith Coatl Cuaya, desaparecida en Tlaxcalancingo, luego de que su vecino Gerardo Juárez Sánchez confesara que había asesinado a la joven Laura León Ortega y también a Judith, desde el día de su desaparición.

El 9 de julio los pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, manifestándose contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal, que quita el control del registro civil a las juntas auxiliares. En un enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal hubo cuatro detenidos, cinco heridos y un muerto: el menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, quien perdió la vida por un arma no letal utilizada por los policías. Como consecuencia, un juez ordenó la suspensión definitiva de la Ley Bala el 17, y días después, el 23, cientos despidieron al menor en un funeral en Chalchihuapan.

También el día 20 el defensor de derechos de migrantes Venancio León Cruz, integrante del albergue La Asunción que dirige el padre Gustavo Rodríguez Zarate, sufrió amenazas por tres desconocidos que le dijeron “llévale un mensaje al padrecito (Gustavo Rodríguez Zárate), que ya no queremos más alborotos y tú ya no le hagas a la mamada yendo a la escuelita, ya no queremos que vayas, ándale a chingar a tu madre y súbete a tu camión”..

Agosto

El mes inició con el saqueo y clausura de dos radios comunitarias el día 4: Axocotzin, de San Bernardingo Tlaxcalancingo, y Zacatepec, de la comunidad de Zacatepec. Ambas emisoras habían acompañado varias luchas sociales, entre ellas la oposición al gasoducto y la defensa de los registros civiles.

El gobierno del estado dio un paso atrás en el caso Chalchihuapan y liberó a los cuatro presos de la comunidad, el día 7; días después se hizo la marcha “Puebla de luto”, contra el gobernador Rafael Moreno Valle, que reunió alrededor de 8 mi personas. 

La CNDH anunció el día 13 que investigaría el posible uso de balas de goma por parte de las autoridades en Puebla, y el 15 el entonces ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, dijo que se investigarían graves violaciones a los Derechos Humanos en el operativo de Chalchihuapan.

El 18 el colectivo “Bordados por la Paz Puebla” cumplió dos años bordando nombres de asesinados y desaparecidos en Puebla y en todo el país, manifestándose pacíficamente contra la normalización de la violencia. 

En agosto también empezaron las movilizaciones en defensa de Cholula: el domingo 24 fue la actividad pacífica del Círculo de Defensa del Territorio, donde cientos se congregaron en la Iglesia de los Remedios, rodeando la ancestral Pirámide y diciendo al gobernador de “Cholula no necesita un Disney”. El día 27 por la mañana las autoridades colocaron anuncios de expropiaciones de los terrenos que rodean la Pirámide. Los ciudadanos quitaron las mallas metálicas y los letreros, negándose a las expropiaciones y defendiendo el territorio. Ese mismo día se anunció que las juntas auxiliares recurrirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para recuperar los registros civiles.

El mes terminó con una cadena humana del zócalo hasta casa Puebla, manifestándose contra Moreno Valle.

Septiembre

El activista Juan Carlos Flores Solís ganó un amparo, tras el cual debía ser liberado antes de fin de mes. Al cierre de esta edición, continúa preso.

El 10 de septiembre se hizo un foro de presos políticos en Puebla, con la presencia de activistas, abogados de presos y otros defensores. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) exigió a fin de mes que se le concediera prisión domiciliaria a Enedina Rosas, por su avanzada edad y delicado estado de salud.

El día 11 la CNDH presentó los resultados de su informe sobre Chalchihuapan, en el que determinó que fueron elementos de seguridad pública quienes asesinaron a José Luis Alberto. Durante el grito de independencia en la Junta Auxiliar, el presidente Javier Montes develó una placa conmemorativa en memoria del menor. 

Los trabajos de modernización del parque ecológico Revolución Mexicana, iniciados el 17 septiembre, también fueron objeto de críticas y resistencia: mientras algunos grupos de vecinos se manifestaron en varias ocasiones por lo que consideraron un proyecto que perjudicaría al área verde, la problemática que atrajo mayor atención fue la incertidumbre que estos trabajos generaron sobre las 1200 aves resguardadas en el aviario que se encuentra al interior del parque. Martín Camacho, director del aviario, manifestó su preocupación a este portal, pues la manutención de las aves corría a cargo de los fondos obtenidos de las entradas de los visitantes, ya que ningún gobierno le había brindado algún tipo de subsidio en los 23 años de su existencia. La respuesta oficial vino algunos días después en dos comunicados de prensa, en los que se aseguró que el gobierno estatal se haría cargo de la alimentación de las aves. Y si bien la Secretaría de Turismo –de la que depende la administración del parque– así lo hizo, el señor Camacho denunció la primera semana de octubre que el gobierno estatal había incurrido en prácticas de presión para que le entregara sin resistencia la administración del aviario, así como de una campaña de difamación en su contra a través de los medios de comunicación afines al estado. A ello se sumó una investigación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), surgida de una supuesta denuncia anónima en la que se acusó al ornitólogo de maltrato de aves. La dependencia federal realizó una inspección al lugar, de la que se desprendió la incautación precautoria de 316 ejemplares y la requisición de la documentación que acreditara su legal procedencia. La defensa jurídica de Camacho entregó dicho expendiente en tiempo y forma el 8 de octubre.

Octubre

Enedina Rosas fue trasladada a su casa, bajo prisión domiciliaria.

El día 5 los cholultecas hicieron una procesión con la Virgen de los Remedios, pidiéndole el milagro de salvar el territorio ancestral, cultural y religioso. El 7 cientos de personas tomaron pacíficamente la presidencia municipal de San Andrés Cholula, y mientras un grupo de 50 personas dormía afuera del edificio el 8 en la madrugada, la policía municipal y estatal hizo un operativo de desalojo en el que detuvieron a 4 personas: Adán y Paul Xicale y Primo y Albino Tlachi. El 16 el alcalde sanandreseño, Leoncio Paisano, confirmó la cancelación de las expropiaciones en el municipio.

A partir del 9 en Puebla empezaron las movilizaciones en solidaridad con Ayotzinapa; ese día marcharon estudiantes universitarios y las alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, en la Sierra Norte de Puebla, en la capital del estado. Los días 17 y 30 del mes se hicieron otras mega marchas pidiendo justicia para los 43 normalistas desaparecidos.

El 18 de octubre, en un operativo por la madrugada, autoridades detuvieron a tres personas en Chalchihuapan, con violencia y causando pánico en la comunidad.

El 24 los habitantes de Zacatepec y varias comunidades aledañas al volcán Popocatépetl detuvieron temporalmente las obras del gasoducto Morelos. El mes terminó con la visita del sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, al activista Juan Carlos Flores en el penal de Cholula.

El 15 de octubre el gobierno estatal turnó al Congreso la iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla. En ésta, se contemplaba realizar un registro de organizaciones no gubernamentales para que pudieran ser partícipes de recursos públicos. La lectura que algunos activistas, integrantes de organzaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, dieron a esta ley fue la de regular y fiscalizar a las organizaciones, y algunos académicos dijeron que esto podría desincentivar la participación de las organizaciones con el Estado, sobre todo a las de reciente creación, pues todo esto les supondría nuevos obstáculos burocráticos. Otra decena de asociaciones civiles, encabezadas por Actívate por Puebla, consideraron que la ley en general podría ser positiva pero exigieron a las autoridades legislativas que se les escuchara y se les dejara participar en su discusión, al considerar que algunos de sus puntos daban lugar a confusiones y no estaban del todo claros. La ley fue finalmente aprobada el 11 de diciembre.

Noviembre

Alumnos de la Normal de Tehuacán denunciaron amenazas de parte de autoridades educativas, y se fueron a un paro de actividades para exigir mejores condiciones. Consiguieron un diálogo con representantes de la SEP el día 12.

Durante un foro de la infancia con representantes de la ONU y varios países, las autoridades corrieron a la señora Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, fue corrida del evento al que había sido invitada para dialogar en privado con algunos de los ponentes. El gobierno dijo que Elia “desvirtuó” el Congreso por la Infancia, y los ponentes denunciaron que el gobierno les prohibió reunirse con la señora.

El día 23 el edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, fue detenido en la madrugada y llevado al penal de San Miguel, en Puebla. Horas después, en rueda de prensa, su mamá Aracely dijo que su aprehensión “encendió la llama más grande”.

Diciembre

El 2 de diciembre se hicieron 2 marchas por Ayotzinapa, combinadas con eventos culturales. Ese mismo día se presentaron 3 amparos colectivos contra el Gasoducto Morelos, y a la par diputados federales pidieron que en Puebla se declarara la alerta de género por el alarmante número de mujeres desaparecidas.

El viernes 5 cuando el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez, preso en San Miguel por cargos que fueron desmentidos por su defensa, debía salir en libertad, le fueron imputados nuevos cargos de último momento, quedando preso por abuso de autoridad. Sus hijos, Rocío y Javier, denunciaron las injusticias y el día 12 de diciembre granaderos y policías estuvieron toda la mañana en la comunidad, supuestamente en un acto rutinario.

El 11 el representante jurídico del Alto Comisionado de la ONU estuvo presente en un foro de luchas y defensa del territorio en Cholula, y se solidarizó con los movimientos sociales de Puebla.

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