Foto: Marlene Martínez

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Una centena de poblanos encontró al gobernador Rafael Moreno Valle culpable de ocho delitos y omisiones, entre ellos el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, durante la realización del juicio ciudadano que se llevó a cabo este domingo convocado por el Congreso Nacional Ciudadano.

Y emplazó para que en un lapso no mayor a tres meses el “empleado del pueblo”, como Gilberto Lozano, integrante del organismo que organizó el juicio, llamó al gobernador del estado, rectifique el rumbo y atienda a las exigencias planteadas durante el acto cívico.

La realización del juicio intentó ser boicoteado por un evento artístico organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura, que se desarrolló también en la plancha del zócalo capitalino, pues el nivel del audio que superó los 100 decibeles impedía a ratos seguir con el acto ciudadano, incluso los participantes anunciaron que presentarían una denuncia ante la agencia del ministerio público por el hecho.

Foto: Marlene Martínez

Fuera Moreno Valle

Fue una centena, tal vez un puñado más, una pequeña fuenteovejuna que armada con papeletas de color verde y rojo enjuició a su gobernante, al mandatario, es decir al que recibe el mandato del pueblo, sin que nadie quisiera ocupar el puesto de defensor de oficio.

Y Rafael Moreno Valle, quien a pesar de que fue convocado desde 15 días antes no acudió ni mandó representante o defensa alguna, fue encontrado culpable lo mismo del violento desalojo en San Bernardino Chalchihuapan y con ello de la muerte de un menor de 13 años, que de impulsar leyes contrarias al bienestar social, como la de expropiación o la de la privatización del agua y de espacios públicos como el parque ecológico, o de despidos injustificados de trabajadores gubernamentales durante su sexenio, e incluso de permitir la explotación minera en poblaciones que han rechazado de manera sistemática a las empresas.

También fue hallado culpable por la monopolización de las concesiones para verificar los vehículos, que tras arrancarlas a varias decena de empresarios las dejó en manos de empresas del Distrito Federal, y hasta el momento, según señaló un representante del sector, lo único que se ha ofrecido es un servicio deficiente.

Se le señaló además responsable del endeudamiento público del estado, una deuda que a decir del economista de la BUAP Huberto Juárez Núñez, asciende a 25 mil 859 millones de pesos, debido a que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) sí comprometen los recursos públicos.

Luego siguió la represión contra los luchadores sociales, ya que 40 de ellos están o estuvieron en la cárcel por oponerse a proyectos como el gasoducto Morelos, el Libramiento Poniente, el Parque Intermunicipal en las Cholulas, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) o por el enfrentamiento el Chalchihuapan el pasado 9 de julio.

Foto: Marlene Martínez

Acá el veredicto fue contundente: LeBarón

“Hemos hecho un acto ciudadano, –planteó al concluir el acto el abogado Luis Soriano, uno de los responsables del juicio– estamos buscando que el gobernador se dé cuenta que la ciudadanía está molesta. Se logró que la ciudadanía despertara y que se den cuenta que en nuestras manos está el poder para cambiar el estado, que puede hacerse sin violentar nada, sin afectar de terceros, que todo lo que se puede hacer es de la mano de los ciudadanos”.

“En los ocho puntos la gente decidió que el gobernador era culpable. Y ahora no nada más se queda acá, de manera ordenada y respetuosa, como derecho de petición que lo consagra el artículo octavo constitucional, vamos a hacer un escrito dirigido al gobernador para decirle qué fue lo que le pasó y qué es lo que los ciudadanos están reclamando”.

Por su parte Gilberto Lozano sostuvo: “él tiene que reconocerse como empleado de sus patrones que son los ciudadanos de Puebla, y él no lo ha entendido, tiene tres meses para reconocerlo, si no yo creo que puede crecer el tsunami ciudadano”.

En tanto, Julián Lebaron, activista de Chihuahua e integrante también del Congreso Nacional Ciudadano sostuvo que fuera del estado, se ve a Puebla como una de esas entidades aguantadoras, “porque aguantan todo tipo de abusos y se quedan callados, y queremos cambiar eso en todo el país”.

“Nosotros promovemos una conciencia y empoderamiento de las personas que están aportando para todo el despilfarro y la estupidez, que no están de acuerdo. Acá el veredicto fue contundente y fue absolutamente en contra de lo que se está haciendo”.