Represión y violación a los DH, prácticas comunes del gobierno de Puebla:...

Represión y violación a los DH, prácticas comunes del gobierno de Puebla: activistas

Foto: Marlene Martínez
Foto: Marlene Martínez
Ernesto Aroche | Josué Cantorán

@earoche | @josuedcv

Una sistemática criminalización del derecho que tiene la ciudadanía para manifestarse abierta y públicamente sobre cualquier fenómeno social que le afecte directamente o no, es lo que define el actuar de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla, consideró Óscar Castro Soto, responsable de la Cátedra Ignacio Ellacuría S.J.

Y para muestra está el caso del activista Abraham Cordero, quien estuvo seis meses en prisión por su oposición a la construcción del Libramiento Poniente y cuyo proceso jurídico se mantiene en marcha, aunque logró salir libre bajo caución en el mes de octubre. O para muestra, también, los casos de estudiantes detenidos y torturados por participar en protestas, o los encarcelados por defender el territorio de las Cholulas o algunos de los otros casos expuestos durante el segundo día de la Cátedra Ignacio Ellacuría «Cuidado y Defensa del Territorio frente a las Políticas Depredadoras», en la Universidad Iberoamericana Puebla.

Foto: Marlene Martínez
Foto: Marlene Martínez
Hablan dos estudiantes torturados por la PGJ

En la última mesa del segundo día de actividades de la Cátedra Ignacio Ellacuría, donde se discutieron sobre todo los procesos jurídicos por los que atraviesan los defensores del territorio en varios puntos del estado, como Cholula, Atlixco y la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Castro Soto destacó que el gobierno estatal utiliza “todo el código (penal) para fabricar los delitos y los procedimientos”.

–¿Y quién tiene esa posibilidad? –cuestionó–, pues la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla. Hay una criminalización de la protesta sistemática a quienes le están reclamando y esto se convierte en una política de facto, de represión.

Ante un auditorio conformado en su mayoría por estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla, el director del IDHIE ejemplificó preguntándoles qué pasaría si el gobierno intentara comprar el patio de sus casas para que por ahí pasara un gasoducto, luego, ante sus resistencia, expropiara sus terrenos, y finalmente inventara leyes para evitar que se manifestaran pacíficamente en contra del despojo.

Esto, indicó, es lo que ocurre en Puebla, aludiendo a los recientes eventos que se han documentado y discutido ampliamente en la entidad, como la resistencia de los pueblos que se oponen a la construcción del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos, a las expropiaciones que pretendía ejecutar el gobierno estatal en la zona arqueológica de las Cholulas, y la aprobación de la llamada “Ley Bala”, que permite a los elementos policiacos utilizar armas de fuego en manifestaciones públicas, y que permanece vigente hasta el día de hoy pese a la promesa de algunos legisladores de estudiar su abrogación.

“Y seguramente así como lo realiza con nosotros lo hace con otras organizaciones, por eso es importante señalar que la represión y la violación a los Derechos Humanos es una práctica que caracteriza a este gobierno”.

–Lo peor que nos puede pasar es que además de que eso pase sistemáticamente, se convierta en ley, y que eso que es ilegítimo se convierta en legal. Si nosotros dejamos que en las leyes aparezca una injusticia, nosotros como ciudadanos estamos dejando que eso que es ilegítimo sea legal.

Posteriormente, los estudiantes escucharon los casos de dos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que fueron ellos mismos víctimas de los procesos irregulares de la PGJ, así como de detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de delitos por manifestarse contra el estado.

El primero fue el de Cevero Guerrero, estudiante de Matemáticas en la BUAP que en febrero de este año fue detenido tras haber participado en una manifestación en la que habitantes de la comunidad de San Juan Amecac, en el municipio de Atzitzihuacan, cerraron durante casi 24 horas el paso de la autopista a Orizaba.

En esa ocasión, los pobladores se manifestaban en contra de la construcción del gasoducto Morelos y la que consideraban una imposición de la presidenta municipal Maricela Ramos Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional. Los 20 detenidos, en su mayoría personas de más de 60 años, fueron consignadas el 10 de febrero por los delitos de ataques a las vías de comunicación y contra funcionarios públicos.

Pero a Cevero también se le imputaron otros cargos, como portación de arma de fuego, de objeto prohibido y lesiones. Todo, dice, por apoyar en las elecciones locales a otro candidato que, como él, se oponía a la construcción del gasoducto por su municipio.

El joven denunció, durante su charla en la Universidad Iberoamericana, que fue detenido por policías vestidos de civil y que se le obligó a dormir desnudo durante la primera noche que estuvo detenido. Tras más de 10 días, pudo salir libre cuando se le redujo una fianza inicial a 32 mil pesos.

El segundo testimonio que escucharon los estudiantes de la universidad jesuita fue el de Néstor López, detenido en mayo de 2013 tras planear por redes sociales una protesta que se llevaría a cabo en el desfile del 5 de mayo, que contó con la asistencia del titular del gobierno federal, Enrique Peña Nieto.

Néstor, ex integrante del movimiento #YoSoy132 y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), expuso que su caso, el cual fue documentado en su momento por este portal, también incluyó una detención arbitraria, tortura y tratos degradantes de los elementos de la Policía Ministerial.

Ante esto, Óscar Castro consideró que los dos casos son paradigmáticos pues ambos presentan un buen número de violaciones a los derechos humanos, y sostuvo, ante los universitarios, que sólo documentando y haciendo públicos casos como éstos se puede brindar una verdadera defensa de los derechos humanos.

Marcha contra Rafael Moreno Valle #PueblaDeLuto  Foto: Marlene Martínez
Marcha contra Rafael Moreno Valle #PueblaDeLuto
Foto: Marlene Martínez
Hay 130 órdenes de aprehensión contra opositores: Abraham Cordero

Abraham Cordero, uno de los detenidos políticos por la actual administración por oponerse a los proyectos estatales, denunció que si bien fue liberado del penal de Atlixco, el proceso penal en su contra aún sigue y que existen más de 130 ordenes de aprehensión como parte del política del terror del gobierno de Rafael Moreno Valle.

En la narrativa de su caso, que se produjo en el Foro “Cuidado y Defensa del Territorio frente a Políticas Depredadoras”, explicó que a él se le fabricaron los delitos por los que fue detenido pues se le acusó de retener funcionarios a los que ni siquiera conoce.

“Todos los que no estamos de acuerdo con sus políticas nos convertimos en delincuentes potenciales, por disentir en la forma de gobernar. Nos convertimos en delincuentes, simple y sencillamente por defender lo que es nuestro. Este gobierno viene fabricando delitos que jamás se han cometido, como es el caso de su servidor. Hasta la fecha me veo obligado a llevar un proceso por delitos que no he cometido, esto seguramente lo realiza este gobierno para meterle miedo a los campesinos.

“Y seguramente así como lo realiza con nosotros lo hace con otras organizaciones, por eso es importante señalar que la represión y la violación a los Derechos Humanos es una práctica que caracteriza a este gobierno”.

Y para confirmar su dicho, Abraham Cordero enlistó los casos de represión policiaca en contra de movimientos sociales que se registraron desde el inicio de este gobierno, en 2011 cuando se produjo el desalojo de un predio de la Cieneguilla ubicado en el municipio de Chignahuapan, en donde según documentó la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla se usaron balas de goma.

En su participación en el panel “Detenidos en Arraigo y Procesados” el ex juez de paz de su comunidad enlistó las ordenes de aprehensión de las que tienen conocimiento que están abiertas en la PGJ:

“13 en San Bernardino Chalchihuapan, de las cuales cinco ya han sido ejecutadas; 14 en San Andrés Cholula por el proyecto de las siete culturas, de las cuales cuatro ya fueron ejecutadas; ocho en San Andrés Cholula del Sistema Ruta, de las cuales ya fueron ejecutadas todas pero está abierto el expediente para más de 42; en el caso del frente campesino, con el tema del arco poniente se ejecutó la orden y aprehensión de su servidor, pero dejan el expediente abierto con posibilidad de liberar más de 100 denuncias, eso significa una política de terror en contra de los movimiento sociales”.

Pero lo más grave, apuntó el activista, es que ha querido ocultar los asesinatos de tinte político, y enlistó el caso de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, el menor de San Bernardino Chalchihuapan; el de Antonio Esteban dirigente campesino en la sierra norte que había iniciado una oposición a las avance de la minería; y el caso de Delfino Flores Melga quién falleció en la cárcel, y que a pesar de su edad y el deterioro de su salud jamás se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario.

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