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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Las sanciones contra el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, por su responsabilidad en el violento desalojo de San Bernardino Chalchihuapan aún no son definitivas, al menos esa fue la respuesta que dio la Secretaría de la Contraloría al negar el acceso al monto de la multa y la copia de la amonestación, información que le fue solicitada por este espacio informativo al amparo de la ley de transparencia.

Una respuesta similar a la que entregó hace unos días al portal e-consulta, espacio al que además le negó información sobre el fideicomiso de atención a víctimas, y el nombre del resto de los funcionarios cesados y los policías detenidos.

Así, el gobierno tendió un manto de opacidad sobre la información relacionada con el caso Chalchihupan.

Una postura que no es nueva en este gobierno, sino que por el contrario se repite y replica, lo mismo si es la información sobre el costo de los helicópteros o las bitácoras de vuelo, que si se trata de las franquicias que ha adquirido la administración estatal, o los gastos en publicidad oficial, o los proyectos ejecutivos y los contratos de obra pública y un largo etcétera que parece no terminar en este sexenio.

El pasado sábado 18 de agosto la administración estatal emitió el boletín 2055, en él se consignó lo que el gobierno de Rafael Moreno Valle llamó el cumplimiento de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (folio 2VG/2014) sobre el caso Chalchihuapan.

En el punto 3 del boletín se planteó que: “La Secretaría de la Contraloría, inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la CNDH en contra de los Servidores Públicos responsables. Con motivo de dichos procedimientos, la Contraloría determinó sancionar al Secretario de Seguridad Pública con una amonestación y una multa”.

De acuerdo con la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el funcionario estatal tuvo 15 días hábiles después de que se notificó la sanción impuesta para impugnarla, pero además se le otorga un plazo de hasta 3 años para pagar la multa en caso de que la sanción quede firme, situación que de acuerdo con la respuesta que ofreció la Contraloría a la solicitud de información no ha ocurrido.

De acuerdo con la ley, fue el propio gobernador, como superior jerárquico, quien debió amonestar directamente a Facundo Rosas Rosas, y a quien le correspondió el cobre del multa de la que hasta el momento se desconoce el monto.