Ernesto Aroche Aguilar
A pesar de la afirmación del gobierno del estado de que ya se cumplió con los once puntos de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso Chalchihuapan, lo cierto es que se trata tan sólo de un “cumplimiento parcial”, según informó el propio organismo a Elia Montes Tamayo, madre del menor asesinado en el violento desalojo en Chalchihuapan, y a cinco habitantes más que resultaron afectados por las acciones policiales del pasado 9 de julio.
Esto fue notificado por la CNDH el pasado lunes 10 de noviembre a través de un oficio (folio CNDH/6VG/DGVGDH/012/2014) girado por la sexta visitaduría del organismo, en respuesta a una solicitud planteada por la madre de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo como principal afectada.
De acuerdo con el documento firmado por José Zamora Grant, director de la oficina de Graves Violaciones a Derechos en la CNDH, desde el pasado 12 de septiembre se suspendió a los tres mandos medios que más tarde sería despedidos por su responsabilidad en el fallido operativo.
De hecho se informa, sin ponerle nombre al funcionario, que al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas se le aplicó una amonestación pública, aunque el gobierno se ha negado a hacer público el documento de la amonestación a pesar de que se le ha solicitado formalmente al amparo de la ley de transparencia.
Foto: Francisco Cañedo
La administración de Rafael Moreno Valle tampoco ha querido dar a conocer el monto de la multa que se le impuso al funcionario estatal. El dato tampoco se revela en el documento de la CNDH.
Lo que si da a conocer el documento citado es que se creó un “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, y que se les notificó a las personas lesionadas y afectadas en el desalojo de Chalchihuapan los trámites que deberán realizar para “lograr la reparación más amplia e integral de los daños que se hubieran causado con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos”.
Un evento fantasma
Uno de los puntos que llama la atención del documento es lo que respecta al punto seis de las once recomendaciones emitidas por la CNDH, pues es el que refiere al acto de disculpas públicas que debió realizar el gobierno del estado.
De acuerdo con la CNDH el gobierno del estado notificó a través de Juan Pablo Piña Kurczyn, jefe de la oficina del gobernador, que el pasado 17 de octubre a las 19 horas se realizó el acto protocolario y enlista a los funcionarios que participaron en el evento e incluso se señala la entrega de las constancias que se levantaron para demostrar la entrega de las invitaciones, el texto íntegro de la disculpa, fotografías del evento y video, y se asegura que se invitó a la prensa al acto, mencionando tan solo a los periódicos Síntesis y El Sol de Puebla.
Al respecto, tanto Elia Tamayo como otros agraviados como Hugo Jiménez Varela han denunciado que la invitación se las entregaron tres horas antes, y que ninguno de los habitantes de Chalchihuapan acudió al evento.
[quote_box_right]En la respuesta que ofreció la CNDH a los agraviados se asegura que el gobierno del estado informó que el 16 de octubre se ejerció acción penal “respecto de siete delitos, en contra de 16 personas, radicándose antes el Juez Tercero Penal en la Ciudad de Puebla”.[/quote_box_right]
Tampoco hubo invitación a los medios de comunicación, y solo se conoció de la realización del evento hasta el mediodía del 18 de octubre cuando el gobierno del estado emitió el boletín 2055.
De hecho el periódico Síntesis en su edición digital ofrece como nota del evento el boletín informativo del gobierno del estado.
Detenidos ¿dos días antes?
En la respuesta que ofreció la CNDH a los agraviados se asegura que el gobierno del estado informó que el 16 de octubre se ejerció acción penal “respecto de siete delitos, en contra de 16 personas, radicándose antes el Juez Tercero Penal en la Ciudad de Puebla”.
Aunque las detenciones se produjeron en realidad dos días después, la madrugada del 18 octubre cuando con lujo de violencia y rompiendo puertas y ventanas a marrazos policías ministeriales detuvieron a cinco vecinos de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
Ese mismo día se detuvo a seis policías a quienes se les responsabilizó por la comisión de delitos, de los otros cinco restantes aún no se tiene noticia que hayan sido detenidos.
Acá la respuesta íntegra
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO
