Simón Hernández León

@simonhdezleon

[dropcap]L[/dropcap]os crímenes de Iguala nos develan una realidad profunda que se proyecta en el tiempo y nos permiten, a partir de este acontecimiento, comprender la dimensión de violencia estructural que vive México. La conciencia colectiva ha despertado y se ha expresado solidariamente en manifestaciones de diversa índole. Una potencia social que irrumpe con una fuerza no presenciada en décadas. En este panorama surgen algunas reflexiones mínimas frente a estos eventos extraordinarios.

1. Fue el Estado

Fue y es el Estado. Fue el Estado y sus corporaciones policiacas quienes detuvieron y desaparecieron a los estudiantes. El mismo que no investigó en lo inmediato. Es su visión de élite la que pretende desmantelar el proyecto social y a favor de las comunidades marginadas que representan las normales rurales. El que por décadas ha criminalizado a los movimientos populares usando el derecho penal como mecanismo de control. El que no ha garantizado la seguridad ciudadana y ha implementado una estrategia que bordea el estado de excepción. Es el Estado el que ha permitido la penetración de la delincuencia hasta fusionar expresiones ilegales del crimen con las instituciones públicas, como una metástasis al poder. El mismo que ha desvirtuado el carácter obediencial del poder para volverlo en contra de los intereses sociales. Son sus estructuras las que han degradado la condición humana de tantos grupos hasta convertirlos en “los nadies” de Eduardo Galeano, aquellos “que cuestan menos que la bala que los mata”. Fue el Estado.

2. La impunidad, el mayor estímulo

México se ha convertido en el epicentro de la impunidad. “Vivos los llevaron, vivos los queremos” es la consigna que en voz del Comité Eureka de México, de la Cofadeh en Honduras, de la Agrupación Chilena de Familiares de Detenidos Desaparecidos, del Comité de Familiares Desaparecidos y Presos Políticos del Ecuador o de las Madres de Plaza de Mayo, recorrió Nuestra América durante la década de los ochenta. Este grito de una época lejana en latitudes en la que existen procesos de justicia y verdad es permanenteen el caso mexicano por la vigencia de las desapariciones. La desaparición es una de las formas más brutales de violaciones a derechos humanos. Los efectos se extienden sobre la familia y la sociedad ante la incertidumbre sobre el paradero. La desaparición forzada es la técnica de poder y control por excelencia. Iguala fue posible, entre otras cosas, por la garantía de olvido e impunidad que ha cubierto a quienes cometen estos crímenes. Varias décadas y miles de personas siguen sin ser ubicadas en nuestro país. Seres que, como escribiera Benedetti, estarán “preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio”. El eterno presente de la impunidad sigue siendo el mayor estímulo para las desapariciones.

3. El Estado que no quiere encontrar

La voluntad de no-poder encontrar a los desaparecidos. El Priato que en décadas de existencia desarrolló capacidades de inteligencia y espionaje al más alto nivel: expresidentes, empresarios, clase política, y toda oposición organizada, es el mismo sistema que hoy se muestra como ignorante de la red de complicidad entre delincuencia y poder político, no sólo en Guerrero, sino en muchas regiones del país. El Estado, que en la mayor operación de contrainsurgencia del país destacó en Guerrero a una cuarta parte de las fuerzas armadas para aniquilar al Partido de los Pobres y a la guerrilla de Lucio Cabañas en una operación militar desproporcionada si de capturar a “gavilleros” y “robavacas” -como los denominaba el Ejército- se trataba; es el mismo que hoy es incapaz de ubicar y presentar con vida a los 43 normalistas. El Ejército que según el Procurador -“sólo actúa bajo órdenes” (¿y Tlatlaya?)- es el mismo que sigue desapareciendo personas. Los “ausentes para siempre” los llamó Juan Gelman, el poeta que, convencido de la necesaria búsqueda, señaló “hasta que no vea sus cadáveres o a sus asesinos, nunca los daré por muertos”. Nunca los demos por muertos, porque Guerrero que en 1969 fue el escenario de la primera desaparición forzada en nuestro país, es nuevamente el lugar donde en 2014, el Estado desaparece personas.

4. El sistema de (in)justicia

Durante décadas el funcionamiento estructural del aparato de justicia se ha dado en la lógica de la apariencia. Eficiencia institucional expresada en la cantidad de detenciones y consignaciones, en voluminosos procesos penales y cárceles saturadas. La cifra y la estadística como axioma. Pero México es un país de simulación que deja en impunidad el 98% de los delitos. Un sistema que investiga y procesa en escasas ocasiones y en las que llega a hacerlo detiene arbitrariamente, falsea testimonios, tortura para obtener declaraciones autoinculpatorias y fabrica responsables. Las policías, el Ministerio Público, y la Judicatura conforman una cadena eficiente para llenar prisiones con inocentes, castigar la pobreza, la ignorancia, y la vulnerabilidad. Un sistema en el que, como señaló Monseñor Óscar Arnulfo Romero “la justicia es como la serpiente: sólo muerde a los más descalzos”. Iguala ha puesto en evidencia este patrón: hipótesis erráticas, búsqueda infructuosa, ausencia de pruebas y declaraciones contradictorias de personas detenidas son las que sostienen la versión oficial. Frente a la incapacidad institucional el Estado se ha visto forzado a aceptar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana, porque México es un país que puede desaparecer personas pero no sabe cómo investigar una desaparición.

5. Las Normales rurales y su lucha contra el sistema

México, país sin educación. En este rubro es el último lugar de los países que integran la OCDE. El acceso y la calidad están condicionados por el lugar social que ocupamos. En zonas urbanas las clases medias y altas acceden al conjunto del sistema: centros universitarios y de investigación, infraestructura, nivel y oferta docente. El campo está destinado a la marginalidad: escuelas en ruinas y sin servicios básicos. Un aula y un sólo maestro para atender educación primaria, escasos centros de educación superior, distancia, desnutrición, falta de materiales. La Reforma Educativa no percibió la relación pobreza-exclusión educativa: las zonas con más rezago educativo son las de mayor marginación, pero a causa de las condiciones estructurales y no sólo de la función docente. Pero la lógica del sistema ha absorbido la educación y la ha convertido en una mercancía más. Así, las normales son consideradas improductivas e innecesarias. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa encarna la resistencia contra la ofensiva que busca extinguir centros educativos cuya vocación es llevar educación a las y los campesinos. La misma que formó a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y que por esta razón es sistemáticamente agredida por el Estado, la última ocasión en 2011, cuando policías federales y estatales asesinaron a dos estudiantes y torturaron a otros. Crimen de Estado también impune.

6. México Estado delincuencial-autoritario

México, el lugar donde coexisten 40 millones de seres en pobreza con la persona más rica del planeta. Donde actividades económicas ilegales son permitidas por el Estado y otras se realizan bajo una apariencia formal de legalidad, pero que sólo favorecen interés de grupos económicos: tráfico de influencias, favoritismos y negocios millonarios con una frontera difusa entre lo público y lo privado. Corrupción enraizada en las estructuras del poder político o abierta colusión con el crimen organizado hacen de México un Estado delincuencial. El Estado mexicano es autoritario. Una lógica vertical y un proyecto social excluyente generan disrupción. El binomio represión/ideología surge para enfrentar la inconformidad social encarando frontalmente a los movimientos sociales. Iguala es la expresión más diáfana del Estado delincuencial y autoritario confirmando que “la tradición de los oprimidos nos enseña que ‘el estado de excepción’ en el que vivimos es la regla”, como lo sostuvo Walter Benjamin.

7. La violencia sistémica extermina

Las relaciones sociales en México están cimentadas sobre múltiples violencias, las cuales son necesarias para lograr la imposición de un proyecto social que genera relaciones de exclusión y requiere mecanismos de dominación. Uno de estos es el terror. Hay más que simple contingencia, barbarie y conducta desviada en lo acontecido en Iguala: hay una racionalidad política que subyace en la violencia y el terror. Exponer la atrocidad tiene un doble propósito: infundir miedo y desmovilizar, romper toda posible solidaridad. A largo plazo la violencia generalizada deviene cotidiana y natural, deja de ser un acto extraordinario e indignante y se instaura el olvido. La sistematicidad del horror es un eficaz medio de control biopolítico y disciplinamiento social que permite lo que Michel Foucault definió como una capacidad de “hacer viviry dejar morir”, poder que el Estado mexicano ha evidenciado al desaparecer a 43 estudiantes, herir a 25 personas y asesinar a 6 más.

8. El miedo que desmoviliza, la solidaridad que une

La conformación individualista de nuestra sociedad nos ha mantenido en la indolencia y en el silencio prudente frente a acontecimientos como los de Iguala. Atados socialmente y ciegos a las formas de dominación hemos sobrellevado la existencia. Pero la violencia nos ha alcanzado. Ahora somos parte del lejano horizonte donde el terror se instala en lo cotidiano. La negación de nuestra realidad inmediata es imposible. Los muertos ya no son más de las y los otros, ahora nos pertenecen, podemos ser nosotros. “Quien no se mueve, no siente las cadenas”, dijo Rosa Luxemburgo. Iguala nos ha sacudido y ha puesto en tensión esas cadenas. Por este hecho hemos sido capaces de mirar a otros seres encadenados, también luchando. El miedo es superado porque en condiciones tan extremas el instinto vital potencia nuestra capacidad solidaria y dimensión comunitaria. La solidaridad se muestra, en palabras de Gioconda Belli, como “la ternura de los pueblos”. Surge la empatía con las familias de los desaparecidos, familias que nos convocan y que con sus palabras precisas nos han hecho parte de su lucha y han develado desde su dolor a la estructura del Estado que es responsable de estos crímenes.

9. La memoria necesaria

“No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará?”, así se expresó Primo Levi, sobreviviente del Holocausto, para expresar la necesidad social de la memoria, el único antídoto efectivo contra el olvido. Necesitamos memoria sobre lo acontecido en nuestro país: memoria de desaparición forzada, de tortura, de exterminio. Se requiere memoria para no olvidar una realidad que ha convertido a la nación en un camposanto, como ha expresado Javier Sicilia. Recordar es imprescindible para no repetir los errores del pasado y del presente. Pero la memoria también precisa justicia. La justicia que hace visible lo que permanece oculto, la que señala responsables, la que explica el por qué, la que expone la complicidad. La justicia que dignifica y que vuelve humanas a quienes han sido víctimas, la justicia que debe devolvernos a las personas ausentes, porque las personas desaparecidas nos hacen falta.

10. El punto de bifurcación: actuar o desaparecer

México vive días críticos. Las estructuras de poder siguen anquilosadas, pero la sociedad se ha dinamizado. El poder político en voz del Presidente observa en la inconformidad un “afán orquestado para desestabilizar el país” y amenaza con el uso de la fuerza. La disyuntiva es clara: permanecer en el atomismo paralizante o re-tejer los vínculos de solidaridad y actuar. Debemos refundarnos. Es posible que estemos asistiendo a un cambio de época y que la forma en que entendemos nuestra realidad, las instituciones y las relaciones sociales estén agotadas. La conciencia colectiva que ha despertado debe decantar en un proyecto encaminado a la renovación de la realidad social. No actuar será degradarnos más hasta extinguirnos, sólo queda la acción. Debemos apostar por formas novedosas y fundantes, “o inventamos o erramos”, declaró Simón Rodríguez, y es cierto. Nuestro país no puede ser el mismo después de lo acontecido en Iguala. Como sociedad tenemos la posibilidad de actuar críticamente frente a la realidad. Es nuestro momento. Podemos y debemos cambiar.

* Simón Hernández León es colaborador del Área de defensa integral del Centro Prodh.