Josué Cantorán

@josuedcv

Gabriela y Mónica se quieren casar. No importa que el Código Civil del estado de Puebla establezca en su artículo 294 que el matrimonio es “un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia”, ni importa tampoco que exista nula voluntad política de los legisladores locales para modificar dicha norma discriminatoria. Ellas son pareja y se van a casar.

Hace poco, cuando Mónica tuvo que ingresar unos días a una clínica a recibir atención médica, Gabriela no pudo acompañarla porque carecían de un documento oficial que oficializara su relación. Esos obstáculos legales las hicieron pensar en la posibilidad de casarse, pero hubo también algo más.

–Me puedo ver un poco romántica –dice Gaby a Lado B– pero siempre he pensado en tener una familia, el que también la gente se dé cuenta que no hay una sola familia, no es la familia tradicional “papá, mamá, hijita, hijito y perrito”, que la sociedad se dé cuenta que habemos muchas familias y que una de éstas puede ser conformada por dos mujeres o por dos hombres, creo que es algo que sería bastante importante en los logros de derechos humanos, sobre todo en Puebla.

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En agosto de 2011 tres parejas de homosexuales y lesbianas acudieron a un registro civil en Oaxaca a contraer matrimonio. Como el código civil de aquel estado, igual que el de Puebla, contempla solamente a las parejas formadas por un hombre y una mujer como matrimonios, su solicitud evidentemente les fue negada.

Pero aquello, en realidad, fue el primer paso de una estrategia planeada por el abogado Alex Alí Méndez Díaz para buscar que por la vía judicial se les concediera el derecho al matrimonio.

Lo siguiente fue interponer un amparo en contra de ese acto de autoridad –la negación del registro civil a brindar dicho trámite–, y en diciembre de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo a favor de las parejas, lo que obligó al registro civil a realizar el proceso matrimonial.

El trámite engorroso de realizar un amparo resultó, irónicamente, mucho más sencillo que buscar que el matrimonio igualitario fuese una realidad por la vía legislativa, es decir, exigiendo que los legisladores locales de Oaxaca modificasen el código para ampliar el derecho a homosexuales y lesbianas, pues existía nula voluntad política de su parte.

–El discurso desde la candidatura fue que temas en los que derecha y izquierda no estén de acuerdo, como interrupción legal del embarazo y matrimonios de personas del mismo sexo, no se van a tocar –explicó el abogado en una entrevista que dio a Lado B en 2013–. Entonces ya sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar y buscamos la manera de evitar todo este proceso, y lo logramos desde una cuestión netamente jurídica.

Con aquella acción se instauró un modelo que se fue replicando poco a poco en varios estados del país hasta llegar a 23. Uno a uno, las autoridades judiciales han ido concediendo los amparos a favor de las parejas, dejando claro que los códigos civiles estatales que sólo reconocen el matrimonio heterosexual contravienen la Constitución Mexicana al ser discriminatorios.

La presión ejercida desde este activismo jurídico ha sido tal, que en septiembre de este año el congreso local de Coahuila realizó las reformas necesarias para extender el derecho del matrimonio a las parejas homosexuales, convirtiéndose en el segundo estado del país, después del Distrito Federal, en otorgar dicho reconocimiento.

Tomada de 1.bp.blogspot.com/
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A finales de este mes de octubre, al menos 15 personas, entre ellas Gabriela y Mónica, interpondrán ante los Juzgados de Distrito del Circuito de Puebla un amparo colectivo contra el carácter discriminatorio del código civil estatal, solicitando que ese articulo en particular, el que restringe la figura matrimonial a las parejas heterosexuales, no se les aplique a ellos y ellas.

Esta acción, que abrirá la puerta para que las primeras parejas de homosexuales y lesbianas se unan en matrimonio civil en la entidad, se suma a la estrategia Matrimonio Igualitario México, que a nivel nacional ya ha ganado amparos en 23 estados distintos.

En Puebla esto es promovido por las organizaciones Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y El Taller AC.

Con respecto a los primeros amparos en Oaxaca, que fueron interpuestos contra el acto de autoridad del registro civil, la estrategia jurídica se ha ido modificando. Como se contempla que se haga en Puebla, los amparos más recientes se han interpuesto contra la vigencia de la norma, es decir, a la propio carácter del código que discrimina permanentemente a todo un sector de la población.

Lo anterior significa, por un lado, que no sólo pueden unirse al amparo colectivo las personas que quieran casarse ya, sino incluso aquellas que no tengan pareja ni tengan intenciones próximas de contraer matrimonio pero consideren que el código las discrimina.

Esto no significa, sin embargo, que el código civil vaya a modificarse.

Para ello sólo tiene facultades el Congreso local y parece que ahí existe poca disposición, pues las organizaciones reconocen que, salvo la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo, los diputados y diputadas han mostrado escaso interés por los temas que corresponden a las poblaciones LGBT.

Y pese a que la Corte ha resuelto todos los amparos a favor de las parejas y ha ordenado a los estados que otorguen el derecho y el trámite del matrimonio a las parejas, también ha ocurrido que algunos gobiernos estatales se rehúsan a hacerlo e incluso implementan argucias legales para revertir la decisión de la Corte, como recursos de revisión al amparo, esto siempre sin éxito.

–Realmente, de parte del Observatorio el matrimonio como una agenda de incidencia legislativa nunca fue considerado para esta legislatura, por la experiencia en años pasados –explica Marco Antonio Moreno, abogado del Odesyr, en entrevista con Lado B–. Resulta desgastante, es sumamente engorroso el proceso de cabildeo con los diputados, las agendas están muy cerradas al tema. La legislatura anterior pretextó que generaba discusión y debate y aquí (en la actual) ni siquiera hay un pretexto, pero de entrada hay una negación al respecto: “aborto y matrimonio no van”.

Y añade:

–Es un tema que se ha ido gastando en el Congreso y nosotros no vamos a abonar al desgaste del tema. Si ya la vía judicial ha demostrado su efectividad directa, nos parecería absurdo e incongruente y poco reflexivo no sumarnos a esta acción y seguir intentando llegar al mismo fin (por la vía del Cabildeo legislativo).

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Como los amparos no modifican los códigos, las personas que pueden beneficiarse de la extensión del derecho son sólo las parejas o personas amparadas y no toda la población lésbico-gay. Sin embargo, esto sí aporta a que los congresos estatales se vean presionados a modificar las leyes, pues una sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es cualquier cosa.

–Habiendo una declaración de inconstitucionalidad del matrimonio es mucho más fácil generar la fundamentación y la motivación de un cuerpo legislativo a favor de la igualdad del matrimonio –considera Marco Moreno–. Eso sí me parece que tiene que ver. Cuando Enrique Peña Nieto contesta al Vaticano respecto de la recomendación que le hace de mantener el matrimonio heterosexuado, el Estado mexicano toma las sentencias logradas en los amparos por parte de Alex Alí para contestar. Lo ha considerado un insumo propio, lo institucionalizó a través de la respuesta de Estado. Eso me parece que da buena luz, que el ejercicio no fue en vano.

Y pese a que la Corte ha resuelto todos los amparos a favor de las parejas y ha ordenado a los estados que otorguen el derecho y el trámite del matrimonio a las parejas, también ha ocurrido que algunos gobiernos estatales se rehúsan a hacerlo e incluso implementan argucias legales para revertir la decisión de la Corte, como recursos de revisión al amparo, esto siempre sin éxito.

–Puede pasar en Puebla –reconoce Marco–, ha pasado en casi todos los estados, y contra eso ya usaremos los medios de control jurídicos y constitucionales correspondientes.

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Hay otro punto importante a señalar: las organizaciones poblanas no van por figuras similares al matrimonio, como las sociedades de convivencia propuestas por Socorro Quezada Tiempo, diputada local del PRD, al inicio de la legislatura. Estas figuras, consideran los activistas, son discriminatorias.

–Son eufemismos legislativos –dice al respecto Marco Moreno, de Odesyr–. Son una política de legislación que sigue haciendo la diferenciación en base a las preferencias sexuales.

–Sí consideramos que todas las personas deben tener los mismos derechos –dice Gabriela Cortés, quien también pertenece a El Taller AC–. Dentro de estas cuestiones civiles, legales, tenemos claro que hay muchas personas que no quieren casarse pero que igual y deben poder hacer uso de ese derecho, de hacerlo o de no hacerlo, y que cada persona debemos de gozar de tener ese derecho, de tomar esa libertad, y no una cuestión de decir: por qué unas sí pueden tener ese derecho y por qué otras personas no lo tenemos.

Después de interponer el amparo se prevén unos cuatro o cinco meses de esperar la resolución. Y ahí, ahora sí, se dará el primer paso para que Puebla sea el estado mexicano número 24 en el que las parejas de homosexuales o lesbianas, aunque sea por el momento sólo unas cuantas, puedan casarse.

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El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos recibirá hasta el 12 de octubre los documentos de aquellas personas que deseen sumarse al amparo colectivo. Éstas deberán ser mexicanos mayores de 18 años y entregarán sólo copia de una identificación oficial y de un comprobante domiciliario. El procedimiento es totalmente gratuito.

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