Foto: Mayra Guarneros

Érika Paz | Revolución 3.0

@Revolucion3_0

¿Por qué la policía municipal ejecutó extrajudicialmente a tres normalistas y desapareció a 43?, la pregunta sigue sin respuesta.

43 jóvenes estudiantes continúan desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre sin que hasta el momento las autoridades del estado de Guerreo y el gobierno federal hayan ofrecido respuestas sobre su paradero, a pesar de los operativos de búsqueda por aire y tierra realizados por la Procuraduría General de la República (PGR).

La Normal Rural de Ayotzinapa ‘Isidro Burgos’ –que opera bajo el sistema de internado para hombres hijos de campesinos y obreros– es una de las 17 normales que aún perduran en el país y es, también, de los últimos reductos de la educación pública gratuita un logro de la Revolución Mexicana.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan fueron las primeras oenegés que dieron seguimiento al caso desde las primeras horas del sábado 27 de septiembre, cuando la confusión por el número de jóvenes desaparecidos y la incertidumbre por su paradero se conjugaron con el dolor. Un dolor que no cesa y que poco a poco se ha convertido en coraje e indignación.

El 4 de octubre, una semana después de los hechos ocurridos en Iguala, en la localidad de Pueblo Viejo se descubrieron las primeras seis fosas en cinco de ellas se encontraron 28 cuerpos. El pasado miércoles 22 de octubre en este mismo sitio se ubicó una más con dos cadáveres y en el rancho La Sierpe se localizaron otras cuatro de donde se exhumaron ocho cuerpos.

En total suman 11 fosas con 38 cuerpos precisó el viernes la PGR, luego que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), informara que habían encontrado seis fosas por sus labores de búsqueda.

Ante la desconfianza de la sociedad civil mexicana en las instituciones de Estado, la Comisión de Padres de Familia de la Normal de Ayotzinapa solicitó que fuera el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el que realizara las labores de búsqueda e identificación de los cuerpos, el cual fue aceptado por las autoridades mexicanas, justo un día antes de que la  Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso.

Lo que fue considerado como un logro civil, por parte de las madres y padres de los normalistas, así como por las y los defensores de derechos humanos en México.  Sin embargo, la exigencia de la búsqueda con apego a Derecho y bajo los estándares internacionales, sigue desmantelando la ineficacia e ineficiencia de quienes se encuentran al frente de las autoridades.

Razón por la cual las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) de la cual forman parte los normalistas de Ayotzinapa, concluyeron este jueves el diálogo que mantenían con la PGR, la Secretaría de Gobernación y la Gendarmería, al no obtener respuestas sobre el paradero de sus hijos y compañeros.

El viernes en conferencia de prensa, explicaron que lo anterior obedece a que la línea de investigación seguida por la PGR va encauzada en vincular a los estudiantes con la delincuencia organizada y a señalar que lo ocurrido esa noche del 26 y madrugada del 27 septiembre fue el resultado de la disputa entre grupos del narcotráfico. Por lo que ahora demandan una audiencia con el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto.

Es preciso señalar que ha sido la movilización social en todo el territorio mexicano, así como la que han encabezado estudiantes, académicos, activistas y defensores de derechos humanos con presencia en otras ciudades del mundo, las que han logrado atraer la mirada de gobiernos, medios de comunicación y analistas en el resto del mundo.

Fue la movilización social la que infundió el miedo en el presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, quien solicitó licencia para separarse de su cargo y se dio a la fuga el 29 de septiembre, por lo que la PGR solicitó las órdenes de aprehensión en contra del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez; de Abarca Velázquez; de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quien buscaba la alcaldía de Iguala.

Ambos, Abarca y Pineda, son señalados como operadores de Los Guerreros Unidos, grupo delictivo que participó en conjunto con la policía municipal en los dos atentados en contra de los normalistas –registrados a las 21:30 horas del viernes 26 y cero horas del 27 de septiembre, que cobró las vidas de Daniel Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y Julio César Ramírez Nava.

Así como en el ataque en contra del autobús del equipo de futbol de tercera división Los Avispones, en el que murieron el futbolista David García Evangelista, de 15 años de edad, el chofer, Víctor Manuel Lugo Ortiz, y Blanca Montiel Sánchez, ama de casa originaria del estado de México.

La movilización social también presionó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a decidir sobre la separación del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de su cargo, quien el jueves 23 de octubre, presentó su renuncia.

Uriel Alonso Solís del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, indicó que la renuncia de Ángel Aguirre no es un placebo, “vamos a estar un poco satisfechos hasta que logremos que se haga justicia sobre él tras las rejas”, encaró.

Bajo el lema: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”,  en diferentes ciudades de México y del resto del mundo, la gente ha salido a las calles para exigir con vida a los 43 normalistas desaparecidos, la captura de José Luis Abarca Velázquez y su esposa Pineda Villa, la renuncia de Aguirre Rivero y el castigo a los responsables.

Cientos de acciones se han llevado a cabo por parte de la sociedad civil: videos, actos simbólicos, performances, pases de lista de los 43 desaparecidos, creación de páginas web, cartas, pronunciamientos, concentraciones frente a dependencias gubernamentales así como en embajadas y consulados mexicanos de otros países, carteles, pancartas y paros en escuelas preparatorias y universidades, son pruebas del descontento de un país golpeado por la violencia, la impunidad y la corrupción.

En las redes sociales los hashtags #43ConVidaYa, #TodosSomosAyotzinapa, #FueElEstado, #PiensoLuegoMeDesaparecen, #RenunciaAguirre y ahora #2daLLamadaRenunciaEPN, acompañados de imágenes y denuncias dan constancia de la indignación que campea en diferentes sectores de la población.

Millones de voces se han alzado, pero la voz que mayormente ha participado es la de esta generación de jóvenes –la más grande de México en toda su historia– que a su vez  es el blanco de la represión de los gobiernos locales, estatales y federal. Una generación a la que la política neoliberal defendida por el partido oficial empieza por arrebatar derechos como la educación pública y gratuita, el acceso a la salud, al trabajo, a una vida libre de violencia.

Ante esto, desde el 8 de octubre y cada miércoles de este mes de octubre se llevaron acabo manifestaciones en la ciudad de México y municipios de Guerrero, como Acapulco, Chilpancingo e Iguala entre otros. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) acordó tomar permanentemente las 81 presidencias municipales de la entidad, en forma escalonada.

Hasta ahora se suman los municipios de Ayutla, Acapulco, Atoyac, Alpoyeca, Buenavista de Cuéllar, Chilapa, Coyuca de Benítez, Cualac, Chilpancingo, Ciudad Altamirano (Pungarabato), Huamuxtitlán, Huitzuco, Iguala, Mártir de Cuilapan, Petatlán, Olinalá,  Ometepec, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Tlapa, Técpan de Galeana, Tixtla, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zihuatanejo de Azueta y Zumpango (Eduardo) de Neri, informó la CETEG.

El 9 de octubre se conformó la Comisión Civil para el Impulso y Seguimiento de la Búsqueda de Desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, que este sábado, mediante un comunicado, exigió “al gobierno federal la presentación con vida de los 43 normalistas y el castigo conforme a la ley, de los responsables materiales e intelectuales de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que alcanza las proporciones de un crimen de lesa humanidad”.

De igual manera alertó “contra todo intento, de cualquier origen, de criminalizar a los estudiantes; particularmente en la averiguación que realiza la PGR”. Toda vez que Ayotzinapa no es un hecho aislado, este atentado se suma a las centenas de miles de violaciones a los derechos humanos y legales en contra de la población por parte de los tres niveles de gobierno en conjunto con el crimen organizado.

El próximo miércoles, en el marco del 153 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,  el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, sostendrán una reunión de trabajo ante la solicitud “de medidas cautelares frente a la ejecución de los normalistas y la desaparición de 43 de ellos”.

Las cuales fueron “otorgadas de una manera oficiosa en un procedimiento excepcional que establece el artículo 25 del reglamento de la CIDH, en este contexto es que se ha requerido al Estado mexicano un plan de búsqueda en vida de los 43 normalistas y líneas de investigación que tengan que ver principalmente en contubernio de las autoridades formalmente constituidas con el crimen organizado”, informó Mario Patrón director del Centro Agustín ProDH.

Este domingo se llevará el pase de lista de los 43 normalistas en diferentes ciudades y universidades. La FECSM, estudiantes de universidades públicas y privadas, la CETEG y el Comité de Padres de Familia de Ayotzinapa realizarán diferentes acciones en esta semana. Asimismo en Ayotzinapa se definirán los siguientes pasos a seguir para que se cumplan sus exigencias que a un mes de los hechos.