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Cruzar la frontera mexicana sin documentos en busca de un trabajo, significa correr el riesgo de ser extorsionado, secuestrado, robado, abusado en muchas formas. Eso lo sabemos gracias a las denuncias de algunas víctimas y de muchos defensores de derechos humanos que no paran de revelar lo que sus ojos ven constantemente.

[quote_right]Sabemos que la política de control migratorio en México se basa en la detención de las personas migrantes indocumentadas y su deportación. Las autoridades mexicanas detienen cada año a cerca de 70 mil migrantes internacionales.[/quote_right]

Lo que no podemos captar tan fácilmente es lo que ocurre en los espacios de encierro en los que las personas migrantes son privadas de su libertad, ya sea por no poder comprobar su estatus migratorio (detención administrativa) o porque se les finque un delito y sean recluidos en cárceles del país.

Sabemos que la política de control migratorio en México se basa en la detención de las personas migrantes indocumentadas y su deportación. Las autoridades mexicanas detienen cada año a cerca de 70 mil migrantes internacionales. Pero en el caso de los migrantes que son acusados de cometer un delito, ¿cuántos son? ¿dónde están? ¿cuál es su situación jurídica?, y sobre todo, ¿han tenido un procedimiento judicial apegado a la ley?

El caso de Amílcar es trascendental porque revela lo que muchos otros migrantes están viviendo. Primero, tener una circunstancia de vida que lo hace migrar a otro país para conseguir lo que en el suyo no encuentra: un trabajo con un salario que le permita sostener a su familia.

Segundo, adentrarse a un territorio controlado por el crimen organizado, que cuenta con la colusión de muchos funcionarios y que hacen de la ruta migrante un infierno. Además, una política migratoria en la que la detención es la regla y el respeto a los derechos humanos está en el olvido. Tercero, enfrentarse a un sistema de justicia selectivo en el que hay que armarse de paciencia, valentía y entereza para demostrar la propia inocencia.

Es hondureño, garífuna, defensor de derechos humanos. Salió de su país para trabajar y pagar el tratamiento de su hijo, enfermo de cáncer. A Amílcar le cayó el peso de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, todos ellos falsos y con una declaración arrancada bajo tortura.

Después de haber sido engañado por el coyote que lo cruzaría a Estados Unidos, fue incriminado por el color de su piel, por su nacionalidad, por ser migrante sin documentos pero no por sus actos, porque ese nexo causal nunca se mostró.

Tras cinco años de prisión, tras un proceso irregular compuesto por violaciones al debido proceso y marcado por discriminación estructural, finalmente hoy Ángel Amílcar Colón Quevedo es liberado de este entramado infame de impunidad, ignorancia, prejuicios, mentiras, golpes, tortura, explotación y aislamiento que ha significado su paso por nuestro país.

Gracias a la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de Amnistía Internacional, así como de un grupo de defensores de derechos humanos que tomaron su caso, visibilizándolo y defendiéndolo, hoy se hace justicia.

Hay por lo menos otras mil 219 personas centroamericanas en cárceles del país (según el informe Migrantes en prisión. La incriminación del migrantes en México, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2014, México), de las cuales seguramente habrá más casos como el de Amílcar: incriminaciones falsas, violación a muchos derechos y sobre todo, olvido.

Olvido por ser extranjeros, por no poder comunicarse con sus familiares, por no haber tenido contacto con su consulado, por ser pobres, por la incertidumbre de un proceso judicial turbio, amañado e injusto y marcado por la discriminación.

Sin embargo, no podemos olvidar que la persistente violación a los derechos humanos de las personas migrantes sólo comprueba una falla estructural del sistema de impartición de justicia, que lo mismo agrede a indígenas, discapacitados o ancianos, que a mujeres o niños.

Por ello, si el sistema de procuración de justicia tiene fallas evidentes, éstas se magnifican cuando el involucrado no sólo es una persona indocumentada, sino que también es de la comunidad negra. Por supuesto que es urgente castigar no sólo la violación a los derechos de las personas cualquiera que sea su situación legal, sino también denunciar el tufo racista con que algunos impartidores de justicia impregnan sus supuestas argumentaciones jurídicas.

Nadie en su sano juicio puede decir que la totalidad de los más de mil 200 migrantes encarcelados son inocentes y que no han cometido algún delito. Lo que si se debe decir es que es imposible pensar que en esos casos no exista por lo menos otro “Amilcar”.

La revisión del debido procedimiento, el aviso a sus representaciones diplomáticas, la provisión de los medios para su defensa como lo indica la ley, y la apertura al escrutinio de la sociedad civil, son apenas algunas de las exigencias que el Estado debe aceptar a fin de que estas personas sean protegidas en sus derechos básicos.

Amilcar es sólo la representación de lo que en México se hace contra las poblaciones migrantes por encima de los discursos de la solidaridad que constantemente emite el gobierno.

Cada vez que el Estado se sincroniza con la política de la contención, cada vez que fortalece el cierre de sus fronteras e impide que los migrantes suban a La Bestia, como si con ello acabara la migración, eleva el nivel de vulnerabilidad de estas poblaciones en movimiento; cada vez que se establecen más controles en el país se eleva más el costo de la migración sin documentos, todo ello en beneficio del traficante y de los funcionarios supuestamente encargados de velar por la integridad de estos.

Con la liberación de Amilcar celebramos la reparación de una injusticia, pero al mismo tiempo sostenemos que el Estado tiene de una vez por todas que hacer introspección, autocrítica y reconocer que su política migratoria no tiene rumbo, que carece de sentido humano y que requiere una reconstrucción a fondo, si es que no quiere seguir siendo una de las muchas vergüenzas que tiene ante al mundo.