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“No hay acuerdos con Peña Nieto, con el sufrimiento no se negocia”: padres de normalistas
“El presidente anunció que hubo acuerdos, pero no se da cuenta que con el sufrimiento no se negocia” afirmó Felipe de la Cruz Sandoval, uno de los voceros del Comité de Padres de Familia de la Normal Rural de Ayotzinapa
Por Lado B @ladobemx
31 de octubre, 2014
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Érika Paz | Revolución 3.0

@Revolucion3_0

Para las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos hace 34 días, “no hay acuerdos” con el titular del Ejecutivo Federal, razón por la cual objetaron el mensaje que Enrique Peña Nieto dio este miércoles en el que anunció 10 puntos para dar seguimiento al caso.

“El presidente anunció que hubo acuerdos, pero no se da cuenta que con el sufrimiento no se negocia”, afirmó Felipe de la Cruz Sandoval, uno de los voceros del Comité de Padres de Familia de la Normal Rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’.

La prensa nacional e internacional aguardó el arribo de los más de 80 padres de los normalistas desaparecidos que estuvieron presentes durante la rueda de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Toda vez que las madres y los padres decidieron no abandonar la residencia oficial de Los Pinos hasta que Enrique Peña Nieto signara la minuta de la reunión, la cual inició a las 13:40 y finalizó con la firma de Peña Nieto alrededor las 20:30 horas.

Acompañados de cinco integrantes de la Comisión Civil de Impulso a la Búsqueda, entre ellos Mario Patrón director del Centro ProDh, y Vidulio Rosales Sierra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los padres de familia exigieron al Ejecutivo Federal la búsqueda en vida de sus hijos, la no criminalización de los normalistas, dado que la línea de investigación seguida por Procuraduría General de la República (PGR) va encaminada a vincular a los jóvenes con el crimen organizado.

Razón por la cual exigieron la “redirección de la línea de investigación”, la cual, señalaron, debe ir enfocada a revelar los vínculos entre las autoridades municipales y estatales con el narcotráfico. Demandaron el cumplimiento de medidas cautelares para las madres, los padres y los estudiantes y responsabilizaron al gobierno federal de cualquier otro atentado en su contra.

Asimismo emplazaron a la presidencia a presentar con su vida a sus hijos, por lo que la siguiente reunión que sostendrán con Peña Nieto será hasta que existan resultados y respuestas claras sobre la búsqueda de los estudiantes.

De no cumplirse estos compromisos firmados por Enrique Peña Nieto, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; solicitarán la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que investigue las tres ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal.

“Para mí mi hijo no está desaparecido, fue raptado por los municipales de Iguala”, apuntó Emilio Navarrete y manifestó que “por nuestro gobierno (los normalistas) fueron agredidos cobardemente, disparándoles (…) como si fueran unos maleantes (…). No somos sus ovejas (de las autoridades) para que nos maten cuando se les dé la gana”.

De la Cruz Sandoval indicó que “no vamos a confiar en lo que dijo el presidente. No queremos que los busquen en fosas. Todo lo que den a conocer por medio de la Procuraduría no vamos a confiar en eso”, sino únicamente en los resultados que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ofrezca sobre la búsqueda e identificación de los cuerpos encontrados en las 11 fosas.

“Como padres de familia no nos interesa si el gobernador del estado (Ángel Aguirre Rivero) renunció, lo que nos interesa es volver a encontrarnos con nuestros hijos”, expresó De la Cruz Sandoval.

Por su parte Nicolás Andrés, padre de Édgar Andrés Vargas –herido en el rostro por arma de fuego a manos de la policía municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre–, exigió a Peña Nieto la atención médica para que su hijo y los más de 20 heridos “recuperen su salud”.

Nicolás Andrés denunció que “aquella noche mi hijo estuvo a punto de morir asfixiado porque militares impidieron la atención médica inmediata en un hospital”.

El defensor de derechos humanos, Vidulio Rosales, reiteró que la masacre forma parte de un ataque sistemático en contra de los estudiantes de la Normal, dado que en los últimos años los estudiantes han sido amedrentados por la policía del estado de Guerrero.

Martha Isela Echeverría, hermana de Gabriel Echeverría, uno de los dos estudiantes asesinados el 12 de diciembre de 2012, enunció que son tres años en los que se ha exigido justicia y hasta el momento “no hay resultados sobre los responsables”.

En esa ocasión la policía estatal disparó en contra de los normalistas de Ayotzinapa quienes exigían al gobierno recursos para su manutención, la ampliación de la matrícula y plazas para los egresados.

Durante las cerca de siete horas que los padres y algunos estudiantes permanecieron en la residencia oficial, en las redes sociales los hashtags de #NoEstánSolosenLosPinos y #FirmaLaMinutaPeña fueron acompañados de miles de mensajes de apoyo por parte de la sociedad civil.

Los padres agradecieron el apoyo y la movilización de la sociedad civil, porque es el pueblo el que ha respondido ante este “crimen de lesa humanidad”. Razón por la cual David Flores Maldonado, representante estudiantil, informó que realizarán una caravana nacional en la que llevarán acabo brigadas informativas para “hacer un frente único para la búsqueda de nuestros compañeros”.

Los 43 jóvenes suman ya 34 días desaparecidos. Durante la primera semana el gobierno federal se negó a atraer el caso, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong – quien también estuvo presente en la reunión en Los Pinos, junto con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y Enrique Peña Nieto– se limitó a decir que dejarían actuar al gobierno del estado de Guerrero, cuando la tragedia era competencia del fuero federal, indicó Vidulio Rosales.

Asimismo las madres y padres reclamaron ser notificados directamente sobre el avance de la investigación o paradero de los normalistas, antes de proporcionar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación.

Esto porque desde el pasado 4 de octubre –mientras ellos sostenían una asamblea en la Normal, el procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, anunciaba el hallazgo de las primeras fosas localizadas en la zona de “Pueblo Viejo”, en Iguala–, la información del caso la han obtenido de las redes sociales y de los medios de comunicación.

A continuación los 10 “acuerdos” anunciados por el titular del Ejecutivo Federal:

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce, en el Salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos, se reunieron el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, el Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador General de la República, Licenciado Jesús Murillo Karam, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Licenciado Humberto Castillejos Cervantes, Maestro Aurelio Nuño Mayer, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y los padres de las personas desaparecidas, privadas de la vida y lesionadas en los hechos ocurridos en la Ciudad de Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del año en curso, se adoptaron los siguientes:

ACUERDOS

Primero. El Gobierno de la República profundizará y, en su caso, rediseñará el Plan de Búsqueda que la Secretaría de Gobernación presentó a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles, en relación con los hechos referidos, y que detalla las acciones realizadas y la estrategia que seguirán las distintas dependencias del Ejecutivo Federal para la búsqueda y localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El objeto es intensificar dichas acciones, y en especial, centrarlas en la búsqueda con vida a las personas desaparecidas, lo anterior, con independencia de continuar con las líneas de investigación que se realizan por la Procuraduría General de la República en relación con dichos hechos.

Segundo. Se establecerá una Comisión Mixta de seguimiento e información integrado por personal a cargo de la investigación dentro de la Procuraduría General de la República, y de la Secretaría de Gobernación, a fin de establecer mecanismos ágiles para proporcionar toda la información necesaria a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles, con el objeto de respetar su derecho de coadyuvar en la investigación que se realiza por los hechos. Ninguna dependencia del Gobierno Federal dará información a la prensa sobre el avance de la búsqueda y de la investigación, sin notificar previamente a esta Comisión de seguimiento e información, por conducto, de la persona que para este efecto se designe.

Tercero. El Gobierno de la República, y en especial, la Procuraduría General de la República, continuará brindando todas las facilidades y apoyos al equipo argentino de antropología forense, habilitados ya en la investigación como peritos, para que puedan ejercer con prontitud, seguridad y certeza el proceso de identificación de todos los hallazgos que requieran pericial en la materia de especialidad de dicho equipo. Se hace constar que al momento cuentan con el apoyo de una escolta que les proporciona seguridad y de un helicóptero para su pronto traslado, apoyos que continuarán y, de ser necesarios, a petición de dicho equipo se ampliarán.

Cuarto. El Gobierno de la República reconoce a los integrantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” como un comunidad estudiantil que se encuentra agraviada por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año en curso, y en esa medida, como se ha venido haciendo hasta ahora se le respetarán todos sus derechos humanos, su honra y su reputación. Asimismo, se velará por el cumplimiento del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación a las personas que pueden tener acceso a la averiguación previa, para garantizar su secrecía en términos ley.

Quinto. La Procuraduría General de la República, se compromete a garantizar el debido proceso en el marco de las leyes aplicables, así como a continuar facilitando la coadyuvancia de las personas que en la averiguación previa tienen reconocida dicha calidad. En esa calidad, se obtendrán y entregarán copias de los procesos penales seguidos ante los jueces competentes con motivo de los hechos referidos en esta minuta. Asimismo, se realizará una reunión con los representantes de la coadyuvancia, para analizar si hay necesidad de atraer investigaciones que realice la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a fin de evitar una doble investigación sobre los hechos, siempre y cuando dicha atracción sea jurídicamente procedente en términos ley. La Procuraduría General de la República continuará realizando todas las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda y detención de aquellas personas que conforme a la investigación se encuentren involucradas y cuyas órdenes de detención en caso urgente, arraigo, aprehensión o cualquier otra se encuentre vigente y que justifique la restricción de la libertad personal.

Sexto. En el ámbito de su competencia, la Procuraduría General de la República y las dependencias del Ejecutivo Federal, se comprometen a investigar las posibles conductas cometidas por cualquier persona en relación con los hechos materia de esta minuta, para evitar cualquier tipo de impunidad. De igual forma se integrará un grupo de trabajo con la Procuraduría General de la República para analizar los casos planteados durante la reunión respecto de los hechos ocurridos el día 12 de diciembre de 2011.

Séptimo. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, ha presentado un Plan de Atención Victimal en relación a los hechos materia de esta minuta, y los representantes de las víctimas han acordado que la próxima semana darán respuesta a dicho Plan. Con independencia de lo anterior, el Gobierno de la República, en los términos de lo dispuesto en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Víctimas, se compromete a la reparación integral del daño respecto de las víctimas u ofendidos de las personas fallecidas en los hechos.

Octavo. El Gobierno de la República, en los términos de lo dispuesto en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Víctimas, se compromete a continuar con la prestación de toda la atención médica que sea necesaria hasta el total restablecimiento de las personas que resultaron lesionadas por los hechos materia de esta minuta, en especial, los estudiantes Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano.

Noveno. El Gobierno de la República se compromete a realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las Escuelas Normales Rurales del país, para lo cual se establecerá una mesa de trabajo con representación de dichas instituciones educativas, que definirá un programa para la atención integral de dichas escuelas a fin de que proporcionen educación de calidad en los términos de la Constitución. Dicha mesa de trabajo estará integrada por parte del Gobierno Federal por las Secretarías de Gobernación y Educación.

Décimo. En relación a la asistencia técnica que el Estado Mexicano y los peticionarios de las medidas cautelares solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la investigación de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del presente año, así como para la búsqueda de las personas desaparecidas por esos hechos, se acordó instruir a las dependencias que participarán en la reunión de trabajo ante dicha Comisión Interamericana el día de mañana, para que se agilice el convenio que materialice dicha asistencia técnica, en los términos que se acuerde entre los peticionarios de las medidas cautelares y el Gobierno Federal ante la citada Comisión. Se reitera el compromiso de recibir la asistencia técnica en relación a los hechos referidos en este párrafo.

ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.

JESÚS MURILLO KARAM, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

LICENCIADO HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES, CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL

MAESTRO AURELIO NUÑO MAYER, JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

POR LA COMISIÓN DE LAS 43 FAMILIAS:

MELITÓN ORTEGA CARLOS, JOSÉ ALFREDO GALINDREZ ARAUJO, BERNABÉ ABRAJÁN GASPAR, FELIPE DE LA CRUZ SANDOVAL, EPIFANIO ÁLVAREZ CARBAJAL, BLANCA LUZ NAVA VÉLEZ, MARIO CÉSAR GONZÁLEZ CONTRERAS, HILDA HERNÁNDEZ RIVERA.

POR EL COMITÉ ESTUDIANTIL DE AYOTZINAPA GUERRERO:

DAVID FLORES MALDONADO, AGUSTÍN CHOCOLATE SALAZAR, MANUEL VÁZQUEZ ARELLANO

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