Ernesto Aroche Aguilar
Para el gobierno del estado de Rafael Moreno Valle, la sanción para el principal responsable del violento desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de San Bernardino Chalchihuapan, que derivó en el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo es una multa y una amonestación.
Esa fue la sanción que se aplicó a Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, como parte de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) según dio a conocer la administración estatal mediante un boletín informativo, pues al acto protocolario en donde se enlistó el cumplimiento de la orden del organismo federal no se convocó a la prensa.
En el acto, realizado la noche del viernes, se ofreció una disculpa a cargo del Consejero Jurídico del estado, José Montiel, pues ni el gobernador ni los secretarios señalados por la CNDH como responsables de los violentos hechos estuvieron presentes.
Además, el acto se realizó sin que estuvieran presentes ni la madre del menor, Elia Tamayo, ni los vecinos que resultaron lesionados durante las acciones policiales, pues ningún habitante de Chalchihuapan acudió al Centro de Convenciones de la capital poblana.
Las invitaciones al acto de desagravio se repartieron entre las personas afectadas la tarde del 9 de julio pasado se entregaron menos de 24 horas antes por personal del gobierno del estado.
La administración morenovallista también informó sobre la creación de un Fideicomiso Público “cuyo objeto es hacer frente a la reparación del daño e indemnizar a las víctimas de los hechos ocurridos el 9 de julio y a sus familiares, quienes podrán acudir, si así lo desean, a la Dirección General de Víctimas dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para iniciar el procedimiento correspondiente”.
Acá el boletín íntegro:
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