La masacre del pasado fin de semana en el caserío Los Pajoques de San Juan Sacatepéquez llevó al Gobierno de Guatemala a decretar un Estado de Prevención en ese municipio. Todo indica que los ataques armados se deben a un conflicto existente desde hace ocho años y que genera más resentimientos con cada muerte.

Foto: Sandra Sebastián.

Alejandro Pérez | Plaza Pública

@PlazaPublicaGT 

Es lunes. Empieza la semana laboral pero cientos de vecinos de las aldeas de San Juan Sacatepéquez deciden no ir a trabajar sus cultivos; prefieren quedarse en el centro de la comunidad para ver qué sucede. Algunos parecen atemorizados ante la fuerte presencia militar y policial que empezó a llegar el sábado y que ha aumentado conforme avanzan las horas.

Saben los motivos por los que las fuerzas de seguridad están allí. El conflicto lleva ocho años debido a la inconformidad por la instalación de una planta de Cementos Progreso en el municipio, y la construcción de un tramo del anillo metropolitano que conectará al municipio con Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

Entre la noche del viernes 19 de septiembre y la mañana del sábado siguiente, ese conflicto explotó cuando una familia fue asesinada a tiros en el caserío Los Pajoques de la aldea Loma Alta. Sobre lo que sucedió aún no hay claridad, pero el Ejecutivo decretó un Estado de Prevención en todo el municipio al siguiente día, según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para esclarecer los hechos y “devolver la paz a la vecinos”.

Los Pajoques está ubicado a 35 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala; debe su nombre a la cantidad de personas de apellido Pajoc, que viven allí. Casi todos familiares entre sí, agricultores, kakchikeles.

José Raúl González Merlo, gerente general de Cementos Progreso, aseguraba a Emisoras Unidas que lo ocurrido en Los Pajoques fue un ataque ”terrorista” cometido por grupos de vecinos que se han organizado en contra de los trabajadores de la empresa y contra quienes le han vendido sus tierras a la compañía. Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), en el mismo programa radial, explicaba que, diez días atrás, en el centro de Loma Alta, exempleados de la cementara —según le dijeron los vecinos— atacaron a los comunitarios. Tres de éstos fueron detenidos y entregados a las autoridades, pero quedaron libres 48 horas después.

[pull_quote_center]José Raúl González Merlo, gerente general de Cementos Progreso, aseguraba que lo ocurrido en Los Pajoques fue un ataque ”terrorista” cometido por grupos de vecinos que se han organizado en contra de los trabajadores de la empresa y contra quienes le han vendido sus tierras a la compañía.[/pull_quote_center]

Hasta el momento lo único en que todos coinciden es que el ataque de Los Pajoques lo realizaron encapuchados. La prensa local reporta once fallecidos; entre ellos, seis miembros de la familia Pajoc Guamuch, cuya casa fue incendiada por los atacantes. Una pata con sus crías y tres gallinas son el único vestigio vivo de la familia que allí habitaba. El portón de lámina quedó destrozado a machetazos. En el interior, se puede ver todavía zapatos que quedaron tirados junto a mechones de cabello y blocks de las paredes. Afuera, la gente que pasa se limita a ver de reojo a los agentes que custodian la casa y continúa con su camino.

Foto: Sandra Sebastián.

Un cambio en la rutina por la prevención

La aldea La Cruz de Ayapán, ubicada a unos tres kilómetros antes de llegar a Los Pajoques, es la primera de la ruta en la que la presencia policial es evidente.

Los hombres del lugar, en su mayoría jóvenes, están reunidos frente a la escuela y rodean al comisario de la Policía Nacional Civil (PNC), Benigno López Fuentes, y al coronel del Ejército, Juan Carlos Villatoro, para escuchar lo que tienen que hablarles. “Despreocúpense de la seguridad que nosotros para eso vinimos”, les dice el coronel.

Las expresiones de preocupación no se borran con las palabras Villatoro. Uno de los vecinos le pregunta si con el Estado de Prevención no corren el riesgo de ser atacados o detenidos por cargar su herramienta de trabajo, el machete. El militar lo tranquiliza con la garantía de que se reconoce el valor del instrumento y que ello no implica delito ni sospecha.

Con la multitud aún sin convencerse, el coronel y el comisario les informan que seguirán con su labor de informar a la población sobre el motivo de su presencia y se retiran. Los pobladores se quedan; murmuran entre ellos.

Los reporteros siguen allí, pero los vecinos tienen miedo de hablar. La insistencia de periodista de un medio internacional convence a uno de ellos, Juan Chajaj Poror. En sus declaraciones responsabiliza al presidente Otto Pérez Molina por no haber atendido la problemática antes y considera que la única solución es que la cementera se retire del lugar.

Otros jóvenes del grupo se animan a imitarle. La cementera se infiltra entre los pobladores para azuzarlos a cometer actos vandálicos —asegura uno de ellos— y con los ánimos elevados suceden tragedias como la de Los Pajoques. Otro argumenta que esta empresa ha tratado de adueñarse ilegalmente de terrenos y que eso atenta contra su derecho a la propiedad privada. “Si alguien quiere meterse en una propiedad, el dueño la defiende” de la misma forma que lo haría el Gobierno “si le quisieran dar golpe de Estado, se defendería”, compara. Lo que más les preocupa del Estado de Prevención, agrega, es que la empresa invada terrenos sin que los vecinos puedan defenderlos.

Minutos después llegan los delegados de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), quienes desde el sábado 20 habían empezado a descubrir lo que ya era evidente. “Hemos concluido como institución que hay muy poca presencia del Estado. La estación de la PNC tiene muy pocos agentes y es algo que ya le hicimos ver al ministro de Gobernación (Mauricio López Bonilla)”, dice Givoanni Guzmán, jefe del departamento de mediación y resolución de conflictos.

Dan a los campesinos un número de teléfono para que los llamen y les informen de cualquier situación irregular. No es necesario esperar tanto. La primera queja llega en ese mismo momento: vehículos sin placas circulan desde el fin de semana por el lugar y los vecinos temen que sean de la cementera.

Los comunitarios aseguran que ellos no están en el área en conflicto y que la empresa no ha tocado su aldea, pero que varios de ellos tienen parientes en las comunidades que se podrían ver afectadas por la construcción de la carretera, y casi todos tienen un terreno “aunque sea pequeño” en esos lugares, como la aldea El Pilar I, donde informan que ese día tendrá lugar el entierro de dos de las víctimas, Justo Raxón Chocón y Juan José Pajoc Chajaj.

[quote_box_center]Extracto del texto originalmente publicado en Plaza Pública. Click aquí para seguir leyendo. [/quote_box_center]