Al ornitólogo no le importa ceder la administración; el problema, dijo, son los ejercicios de presión y el poco apego a derecho con que ha actuado el Estado durante este proceso

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Josué Cantorán

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Acompañado de activistas del Comité de Defensa del Parque Ecológico y del Aviario de Puebla “Esfera Poblana” y de su abogada defensora, el ornitólogo Martín Camacho denunció haber sido objeto de un proceso irregular, plagado de inconsistencias, presiones y hasta difamaciones por parte del gobierno del estado en su intento por que le entregue la administración del aviario que ha resguardado y dirigido por 23 años sin financiamiento de gobierno alguno.

En una rueda de prensa, Camacho, el activista Alberto Merlo y la abogada María Esther Martínez realizaron una recapitulación del proceso iniciado el pasado 17 de septiembre, cuando el gobierno del estado cerró al público el acceso al Parque Ecológico Revolución Mexicana por una modernización, hasta el día de hoy, y acusaron que en muchos de los pasos ha habido un actuar doloso o irregular de distintas instancias estatales y federales.

Asimismo, exigieron que cese la campaña de criminalización en contra del ornitólogo, a quien, en un extraño giro de la historia, se le ha acusado sin prueba alguna hasta de los delitos de tráfico de especies en peligro de extinción.

El gobierno del estado

El pasado 17 de septiembre el parque ecológico “Revolución Mexicana” cerró sus puertas debido a un proyecto de modernización a cargo del gobierno del estado. Esto, como lo documentó Lado B, derivó en la incertidumbre sobre el futuro de las 1200 aves que están a resguardo del aviario que se encuentra al interior del parque, pues éste nunca ha recibido subsidios del erario público y su única entrada monetaria se obtenía de lo que pagaban los visitantes al ingresar.

El gobierno del estado informó el 19 de septiembre, por medio de un comunicado oficial, que se haría cargo, a través de la Secretaría de Turismo, de la alimentación de las aves y la manutención del aviario. El gobernador Rafael Moreno Valle incluso declaró que buscaría la participación de la iniciativa privada, específicamente de Africam Safari, para que se hiciese cargo del sitio.

Esta información, considera Alberto Merlo, fue “insuficiente y escueta porque solamente se menciona que el aviario no se va a destruir y que la Secretaría de Turismo asume la responsabilidad de alimentar a las aves y de atenderlas”.

En ese sentido, reiteró que el gobierno estatal no tenía ni tiene poder alguno sobre los ejemplares que se encuentran al interior del aviario, pues es Martín Camacho quien tiene la custodia legal de todas ellas: algunas fueron dejadas a su custodia por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras fueron donaciones que están debidamente registradas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ambas instancias federales.

–Como ya es tendencia del gobierno del estado –dijo Merlo–, tiene una linea de total opacidad, ausencia de rendición de cuentas y escasa argumentación del proyecto de remodelación del parque ecológico.

El activista comentó que desde el cierre del parque, el gobierno del estado tuvo cuatro acercamientos con Martín Camacho y su equipo que se llevaron a cabo “en un marco de prepotencia de su parte”, pues la dirección jurídica de la Secretaría de Turismo realizó algunos ejercicios de presión para que el ornitólogo firmara un convenio de entrega que no estaba apegado a derecho y que no convenía al bienestar de las aves.

–El gobierno del estado ha presionado sistemáticamente a Martín a través de diversas formas, unas han sido constantes llamadas para firmar el convenio, además han desplegado una cantidad considerable de elementos de la fuerza pública al interior del parque ecológico y sobre todo a los alrededores del aviario.

[quote_box_right]–Sí ha estado la presión muy fuerte, la verdad sí me ha asustado –reconoció Martín Camacho–. Si la presión y todo esto que se ha venido encima es para asustarme, pues la verdad sí lo han logrado porque finalmente uno piensa en su familia, en uno mismo.[/quote_box_right]

Aseguró que ha habido dos ingresos ilegales de la Policía Municipal, el jueves 25 de septiembre, y el viernes 26 de septiembre, cuyos elementos nunca se han identificado ni han justificado su actuar en el aviario, actuando con prepotencia.

Merlo también aclaró que la administración del aviario no se ha entregado al gobierno del estado como se ha manejado en algunas versiones. Si bien el día 24 de septiembre se había acordado, después de la presión en contra del pajarero, realizar la donación voluntaria, justamente ese día acudió personal de la Profepa a iniciar una inspección de las especies y verificar el cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley General de Vida Silvestre, lo que impidió que se concretara la entrega.

La Profepa

Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha dejado a cargo de Martín Camacho al menos unos 300 ejemplares sin pagarle peso alguno para su manutención, el actuar de su delegación en Puebla durante este proceso ha estado lejos de ser considerada hacia el ornitólogo.

Las inconsistencias de esta dependencia federal hacen pensar a Camacho, a los activistas y a su abogada que es parte de una misma estrategia ideada desde el gobierno estatal.

Para iniciar, indicaron que si bien la Profepa acudió el primer día de la inspección al aviario alegando las facultades que tiene para realizarla, después argumentó por medio de un boletín que la motivación de la revisión se debió a “diversas denuncias ciudadanas por presunto maltrato y tráfico de aves exóticas”.

Ese acto, el no haber notificado a Camacho desde el inicio de la existencia de una denuncia en su contra sino hasta una vez terminada la inspección, violó “su derecho a la seguridad jurídica y a audiencia”, según denunció su abogada, María Esther Martínez.

Alberto Merlo, por su parte, aclaró que la Profepa no proporcionó datos veraces en la información emitida y después reproducida por muchos medios poblanos, pues contra Camacho sólo pesa una denuncia y no «diversas», en plural.

El activista mostró a la prensa la única denuncia que se ha hecho contra el director del aviaro en los 23 años que lleva a su cargo, y considera que su falsedad es evidente por varias razones: el denunciante anónimo dice no reconocer las especies maltratadas pero sí asegura que están en peligro de extinción. Además, resultaría absurdo, dijo, que el personal de vigilancia del parque ecológico no se hubiera dado cuenta de una situación de tráfico.

Por ello, lamentó que la Profepa haya procedido ante esta denuncia pues en el articulo 190 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se menciona que «no se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante».

En el mismo comunicado antes mencionado, la Profepa dijo que incautó 136 ejemplares de aves como guacamaya roja, mono araña, pato real (en peligro de extinción), perico serrano pava cojolita, hocofaisán, tucán de pecho azufrado (amenazados), y aguililla de cooper, chachalaca, halcón peregrino, loro de frente blanca e iguana verde (sujetos a protección especial).

Merlo aseguró que esto se debe únicamente a que el director del aviario no contaba con toda la documentación a la mano, porque el contexto del aparente despojo que perpetraría el gobierno estatal lo obligó a trasladar parte de la documentación a otros lugares. Sin embargo, la abogada Martínez aseveró que ya está integrando el expediente completo con el que se demostrará a la Profepa que todo está en regla.

Cabe recordar que dicha instancia federal sólo puede emitir sanciones administrativas pero no ejercitar acción penal.

En ese sentido, Camacho recordó que desde 1996 la Profepa ha dejado ejemplares a su custodia porque la dependencia no cuenta con instalaciones propicias para resguardar aves. Añadió que desde 1999 no se había realizado una inspección de esa naturaleza pero que los funcionarios de la Profepa acuden continuamente a dejar más aves, por lo que es de su conocimiento las condiciones en que se encuentra el aviario.

Por todo lo anterior, los tres denunciantes exigieron que se deje de criminalizar al protector de aves.

–Sí ha estado la presión muy fuerte, la verdad sí me ha asustado –reconoció Martín Camacho–. Si la presión y todo esto que se ha venido encima es para asustarme, pues la verdad sí lo han logrado porque finalmente uno piensa en su familia, en uno mismo.

Foto: Josue Cantoran

¿Qué sigue en el proceso jurídico?

Tras entregar toda la documentación que acredita la situación legal de las aves, la Profepa emitirá una resolución y a partir de ella Camacho y su abogada, María Esther Martínez, decidirán en qué camino proceder.

El ornitólogo aseguró que no le importa ceder la administración y que incluso capacitará al personal que pudiera sucederlo en caso de que así se determine. El problema, dijo, son los ejercicios de presión y el poco apego derecho con que el gobierno ha actuado durante este proceso.