Foto: Marlene Martínez.

Prensa Ibero

@PrensaIbero  

Unir bajo una misma idea a la academia con el caso de los estudiantes asesinados y desaparecidos en la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, fuerza a pensar en el papel que la universidad desempeña en la sociedad.

Se puede comenzar diciendo que el trabajo académico no se reduce a la producción de un conocimiento vacío, propio para el lucimiento de quien lo produce, ni para los debates doctos en torno a un tema. Por el contrario, tiene como objetivo primordial originar el saber necesario para el mejoramiento de la sociedad y sus integrantes en cada momento histórico.

Pero la labor de las y los académicos no se limita a la creación de saberes por útiles que sean, la reflexión crítica sobre los fenómenos que observan también es parte de su trabajo intelectual y es en este contexto que las aulas, el papel, la tinta y las palabras son para ellas y ellos como las calles para los manifestantes, un espacio de pensamiento, denuncia, exigencia y propuesta de soluciones.

Cuando desde las aulas no se defiende el derecho a disentir, pensar, cuestionar, exigir, se cae en una enorme contradicción al tratar de formar en valores a estudiantes, cuando quien está al frente del grupo no los tiene o no los protege. Tampoco cuando se dejan pasar sin cuestionar eventos como los terribles hechos de Ayotzinapa ni cuando se dejan sin responder las preguntas que las y los alumnos hacen en torno a las agresiones sufridas por las y los normalistas. ¿Supiste lo de Ayotzinapa? ¿Tú sabes por qué los agredieron? ¿Sabes quién lo hizo? ¿Crees que fue correcto? ¿Es que acaso lo merecían? cuestionan.

¿Cómo dar la espalda a las inquietudes de quien está informado y se pregunta por lo que ocurre en su país y busca en la opinión de quien supone mejor informado y formado las respuestas a muchas de sus dudas?

Ciertamente quien se dedica a la docencia debe tener primero una actitud profesional y no dar a sus estudiantes opiniones desinformadas ni hacer proselitismo en favor de partido, gobierno o personaje alguno. No debe tampoco motivarlos a tomar acciones que pongan en riesgo su seguridad. Lo que si debe hacer es conducirlos y apoyarlos en la formación de un criterio propio, fomentar en ellos y ellas el respeto por los derechos humanos y la observancia de valores que privilegien la dignidad de la persona humana.

Debe también encauzarlos a formarse como ciudadanos de primera, capaces de vigilar lo que sus gobiernos hacen y de exigir el respeto por sus derechos y los de los demás, es en este camino que la discusión en aula de lo que está pasando en lugares como Ayotzinapa o Tlatlaya no puede quedar fuera.

Otra faceta de la docencia es la de quien tiene posibilidad de dar su opinión en medios y que por una cuestión ética está en la obligación de tomar postura en torno a hechos tan lamentables. Esta actividad también supone una enseñanza para los estudiantes pues es también una forma de servir a la sociedad levantando la voz al lado de aquellos grupos que se organizan para pedir justicia en casos concretos.

Es necesario entonces exigir a las autoridades responsables de la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos que hagan su trabajo, que los encuentren y castiguen a los responsables de cualquier abuso que se hubiere cometido contra ellos, más aún si los han asesinado ya y sus cadáveres estén en alguna fosa clandestina. Que se castigue igualmente a quienes asesinaron a otros 6 estudiantes, incluyendo al joven a quien no se conformaron con matar, había que privarlo de su identidad al arrancarle la piel del rostro y los ojos, esos ojos que podían haber guardado la imagen de los culpables de semejante atrocidad.

Habrá que exigir también al gobierno, ya estatal ya federal, que asuma su responsabilidad en esos hechos, pero sobre todo que se asegure que no se vuelvan a repetir, que cumplan con la función primordial de todo Estado: la seguridad física de aquellos a quienes se gobierna. De no hacerlo así, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tendrá que subirse a muchos templetes o explicar porque a unos sí y a otros no.

En ese sentido, habrá que esperar que no se dé un trato diferenciado a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, porque viven en la capital del país y han logrado atrapar la atención de los medios, que a los de las normales rurales, como la de Ayotzinapa, que no tienen la misma cobertura ni a la ciudad como el escenario de sus manifestaciones.

No se puede callar ante la protesta de jóvenes que buscan mejorar sus condiciones de vida y en respuesta encuentran la degradación de un presidente municipal que recurre al crimen organizado para reprimirlos. ¿Hasta dónde hemos de llegar como país para comenzar a creer que una forma de vida diferente es posible?

Desde la academia entonces se sostiene que un país, una sociedad y una universidad que no cuida de sus jóvenes están destinados a fracasar.

Una universidad en silencio, que no levanta su voz para acompañar, protestar, denunciar, exigir, no sirve a la sociedad en la que se inserta. Por todas estas razones, en la academia también somos Ayotzinapa.