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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A pesar de que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de los asesinatos de estudiantes en la manifestación en la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, situación que se produjo en 2011, señalaba como responsable a Facundo Rosas Rosas y pedía el inicio de un procedimiento judicial en la PGR, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderon protegió al funcionario destituyéndolo como Comisionado General de la Policía Federal y nombrándolo subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP.

En el operativo de Chalchihuapan, Rosas Rosas repitió los mismos “errores” que la CNDH señaló en el caso Ayotzinapan, entre ellos borrar evidencias, ocultar información, y la no protección a menores de edad que participan en manifestaciones y el ocultamiento de información, según se desprende de la investigación de la CNDH, 001VG/2012.

El documento instruye además al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que en los casos de detenciones “sean puestas inmediatamente a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda, absteniéndose de infligirle tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y que no se utilicen las instalaciones de esa institución como centros de detención”.

La CNDH pidió también que se iniciaran quejas por lo sucedido ante el órgano interno de control y denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lo sucedido.

Pero como se observa en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, a Rosas Rosas no se le tocó ni con el pétalo de su apellido, por el contrario, tras concluir el sexenio de Felipe Calderón, pasó del gobierno federal al gobierno de Rafael Moreno Valle.

En diciembre de 2013, la CNDH señalaba que si bien se habían remitido algunas pruebas de haber cumplido algunas de las recomendaciones emitidas a la SSP, al gobierno de Guerrero y al Congreso local de ese estado, “a la fecha las víctimas no han tenido acceso efectivo a la justicia”.

“La CNDH continúa haciendo seguimiento a las recomendaciones y seguirá atenta a los elementos de prueba que las autoridades aporten, con el propósito de que sean respetados los derechos humanos de los agraviados”.