Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

La tarde del pasado 25 de agosto, Fabiola Muñoz Vega dio vuelta en el retorno que está frente al estacionamiento de Plaza Dorada, detuvo el vehículo en el que viajaba, un Neón modelo 2000 a la espera de poder incorporarse a la vialidad, cuando el golpe de una motocicleta la puso en manos del aparato de justicia poblano, un sistema que, a decir de su abogado Marco Javier Ramos Aguirre, tiene la encomienda de ofrecer “un trato especial” a los trabajadores de los medios.

Y ese trato especial significó para Fabiola Muñoz, quien desde hace cinco años es reportera de espectáculos de la revista “Los 21”, ser detenida por más de 48 horas, incomunicada, encerrada en los separos, extorsionada por agentes del ministerio público de la delegación para delitos culposos –ubicada en Valsequillo–, y remitida al penal de San Miguel, obligada a pagar una fianza y un servicio de grúa que no se realizó.

Según narra, una semana después de la tarde en que el impacto de la moto la metió en una espiral de irregularidades policiales y de vejaciones a sus derechos elementales: jamás se le permitió hacer la llamada a la que tiene derecho, no se le permitió cambiar de abogado pues el que le proporcionó la asegurador RSA no movió un dedo para ayudarla, no hubo atención médica a pesar de que informó a las autoridades que padece de problemas en un riñón, pero sobre todo, insiste, la hostigaron por el hecho de ser reportera.

–El ministerio público entró a los separos para manifestarme que ya tenían un dictamen con todo en mi contra, que acababa de llegar y que mi vehículo que venía manejando ya se lo iban a llevar al corralón por pendeja, preguntándome ¿de que medio vienes?, contesté, que de “Los 21” revista y se empezó a burlar, ya que según su dicho por ser reportera tenía línea de darme un trato especial, que me iba a salir carísimo el accidente, ya que ahora supuestamente la persona con la que tuve el accidente se estaba muriendo y que todos los reporteros éramos unos hijos de la chingada, que me hubiera salido más barato haberlo matado y pasarle por encima.

Pero la persona lastimada en el accidente sólo tenía una fractura en la pierna, aunque para ese momento Fabiola no lo sabía, pues no sería hasta la tarde noche del 28 cuando se otorgó el perdón y la mujer fue liberada, por ello cuando le dijeron que salir del problema legal en el que estaba metida le iba a salir en medio millón de pesos, más 50 mil pesos que tendría que entregar a la Ministerio Público de nombre Angélica González Martínez “pa’ sus cafés”, eso sin contar que al papá de Fabiola le habían pedido ya “30 mil pesos para los chicles”, se le vino el mundo encima.

[quote_box_right]“estas ministerios públicos me ofendieron me refirieron que tenían línea del gobernador y del procurador, solicitaron medio millón de pesos en una hora, 50 mil más para el café y 30 mil que le pidieron a mi papá, se negaron a revocar abogado, se negaron a recibir amparo 1327/2014 del juzgado séptimo de distrito y me consignaron al penal de San Miguel a las cinco de la tarde y fui trasladada al penal a las diez de la noche»[/quote_box_right]

Como parte del procedimiento se inició la Averiguación Previa AP/552/2014/ECNTE, y ante la imposibilidad de que les permitieran intervenir en el proceso, pues asegura Ramos Aguirre que en todo momento los agentes del MP les impidieron acompañar a Fabiola permitiéndole la entrada sólo al abogado de la aseguradora, promovieron un amparo –folio 1327/2014 del juzgado séptimo de distrito–, fue entonces cuando de la delegación de delitos culposos remitieron a Fabiola al penal de San Miguel, donde frente al titular del Juzgado Quinto Penal –proceso 318/2014– “se me permitió declarar las anomalías y donde el Ministerio Público junto con el agraviado se presentaron a otorgar el perdón en el mismo juzgado, declarando la juez la inexistencia de delito alguno, ordenando el archivo del expediente”.

En cuanto pudo salir, se iniciaron los trámites para la devolución del vehículo sólo para encontrarse con otra serie de irregularidades, entre ellas el cobro del arrastre de la grúa, cuando -según explica- tras el accidente el traslado a la delegación de delitos culposos se hizo en el vehículo que manejaba y condujo su padre, y el corralón por parte de particulares, cuya factura sale a nombre de Esperanza Islas Heredia, aunque el nombre comercial es Grúas Cerón que forma parte del grupo Grúas Unión Antorchista, quienes concentran -según una nota de El Sol del Puebla-, más del 60 por ciento de los servicios de arrastre relacionados con accidentes viales.

Luego de la liberación, Fabiola presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el pasado 1 de septiembre “se le envío una carta al gobernador y a la procuraduría para solicitar una explicación sobre la línea manifestada por sus autoridades así como la inhabilitación y sanción de dichos funcionarios implicados, de igual forma en esa misma fecha se presentó denuncia ante la fiscalía anticorrupción”.

Los señalados

Fabiola señala a estos personajes como los responsables de las vejaciones e irregularidades que vivió entre la tarde del 26 de agosto, cuando se produjo el accidente, y la noche del 28 de agosto cuando finalmente fue liberada.

Adolfo Montesoro Segura (oficial 301069) oficial de tránsito que movió vehículos tras el accidente, “este oficial fue el primero que solicito mis generales y el cual me puso a disposición del ministerio público a las 7:30 de la noche del día 26 de agosto, aunque los hechos fueron a las 5 de la tarde”.

Ministerio público Víctor Castañeda Carrillo, “fue el ministerio que me mantuvo incomunicada de las 7:30 pm del día 26 de agosto hasta las 3:00 de la mañana del día 27 de agosto, fue el primero en referirme que existía línea por parte del gobernador y procurador en contra de los reporteros, se negó a revocar al abogado de la aseguradora, aceptar pruebas y testigos y mando a hacer un dictamen pericial con fotografías de los vehículos tomadas desde el corralón así como de tenerme incomunicada, forzarme a firmar y negarse a respetar mis derechos todo ello con malas palabras, de igual manera se negó a acreditar propiedades”.

Angélica González Martínez y María de la luz Espinoza Coss: “estas ministerios públicos me ofendieron me refirieron que tenían línea del gobernador y del procurador, solicitaron medio millón de pesos en una hora, 50 mil más para el café y 30 mil que le pidieron a mi papá, se negaron a revocar abogado, se negaron a recibir amparo 1327/2014 del juzgado séptimo de distrito y me consignaron al penal de San Miguel a las cinco de la tarde y fui trasladada al penal a las diez de la noche».

Los tres ministerios públicos antes mencionados negaron la devolución del vehículo bajo el argumento de que no había luz, que no era su obligación y que les valía madre, así como de haber sido las autoridades que remitieron los vehículos a un corralón privado y con un servicio de grúas privadas, las cuales cobran cuotas ajenas a la ley de ingresos autorizadas en el estado y municipio”.

Jazmín Castañeda Fuentes fue la perito que dictaminó con fotografías de autos movidos y en el corralón.

Blanca Leticia Pasos Dorantes “fue la médico legista que se negó a darme medicamentos y que argumentó que era una mujer sana”.

RSA seguros “es la empresa aseguradora de Banco del Bajío, la cual se negó a cumplir con la póliza contratada y que aparte me solicitaron 70 mil pesos por conducto de Lic. Oscar Montes”

“Grúas Unión y Grúas Cerones son las empresas de grúas que mantienen corrupción con los ministerios públicos”.

“Las autoridades ministeriales remiten los vehículos a la 113 poniente y calle 15 sur ex rancho vaqueiros, sin embargo los vehículos no se encuentran en ese lugar encontrándose en la 95 poniente atrás del mercado Independencia, donde los precios por arrastre se eleva de 400 pesos a 2800, y donde el piso sufre un incremento diverso, dicho corralón y grúas, se rigen bajo las órdenes y mandatos de las autoridades ministeriales y de tránsito”, declaró Fabiola.