A José Luis lo mató el Estado

A José Luis lo mató el Estado

Foto: Francisco Cañedo
Foto: Francisco Cañedo
Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a Facundo Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, durante el enfrentamiento entre policías y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, el pasado 9 de julio.

Lo anterior, como resultado de la investigación que presentó el organismo nacional este jueves en la ciudad de México, y del que se desprende la Recomendación 2VG/2014 contra el Gobierno de Puebla y que consta de más de 200 páginas.

El gobernador Rafael Moreno Valle tiene 30 días para atender las recomendaciones del organismo nacional entre las que se encuentra que «se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo», de lo contrario tendrá que comparecer ante la Cámara de Diputados, advirtió el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.

Durante la presentación del expediente, el titular de la CNDH dijo que en los hechos señalados «no se justificó el uso indebido de la fuerza por parte de autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley», y que el caso evidencia «violaciones al derecho a la vida, libertad de reunión, a la seguridad e integridad personal y legalidad».

La CNDH dijo que la herida que sufrió el niño y que provocó su muerte días más tarde -luego de haber sido declarado con muerte cerebral-, así como las heridas de otros pobladores fueron causadas por un “objeto de alta energía y gran peso”, “de consistencia dura o firme, de bordes definidos, romos y regulares”, desmintiendo así la versión del gobierno de Rafael Moreno Valle, y reconoció los excesos y negligencia del cuerpo policiaco estatal presente en el operativo.

Para Misraim Hernández, vocero de Contingente Puebla, la recomendación de la CNDH fue “muy tibia”, pues no responsabiliza ni al gobernador ni al secretario general de gobierno, Luis Maldonado, y tampoco toma en cuenta las violaciones graves a los derechos de manifestación, reunión y a la libertad de expresión cometidos por el gobierno de Puebla.

“Creo que a Plascencia le tembló la mano al intentar emitir una recomendación directa al gobernador”, dijo en entrevista para Lado B, y agregó que finalmente Moreno Valle es el responsable de lo que hace la SSP.

El politólogo y activista consideró que las recomendaciones no son algo que atente contra la imagen del gobierno del estado. “Quizás dudarían si hubiera sido algo contra Moreno Valle o Maldonado, pero como es contra mandos policiacos, no creo que haya mayor problema con deshacerse de ellos”.

El 30 de julio, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio su versión oficial: aseguró que no existía evidencia “de la utilización de balas de goma o de algún otro objeto de disuasión de similares características que hubieren empleado los elementos de la Policía Estatal que intervinieron en los hechos”, y determinó que la muerte de José Luis, por la herida que presentaba, “es consecuente con la acción de una onda expansiva producida por un artefacto explosivo.”

Sin embargo este jueves, a más de un mes de la postura oficial de las autoridades poblanas, la CNDH lo desmiente y confirma que lo que mató al niño e hirió a los demás habitantes de Chalchihuapan no fue ninguna onda expansiva, sino alguno de los proyectiles lanzados por la policía. “La lesión en el cráneo era similar a las que se producen por la contusión directa con un objeto de consistencia dura o firme, de borde definidos o romos y de forma regular”.

Entre los 11 recomendatorios de la CNDH están: iniciar procedimientos de responsabilidad en contra de Facundo Rosas y todos los trabajadores de la SSP que participaron en los enfrentamientos del 9 de julio, y crear una fiscalía especial para investigar los hechos ocurridos.

Por la noche, el gobierno de Puebla informó en un comunicado oficial que acepta las recomendaciones de la CNDH, y nombró al licenciado en Derecho José Antonio Pérez Bravo, quien fuera subprocurador jurídico de asuntos procesales en Províctima, como fiscal especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan. Mientras que el responsable de verificar que se cumplan las recomendaciones de la CNDH será Juan Pablo Piña, actual jefe de la oficina del Ejecutivo.

¿Y la Ley Bala?

Cuando ocurrió el enfrentamiento en Chalchihuapan –derivado de un bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco en protesta por la decisión de las autoridades de retirar el control de los registros civiles de las juntas auxiliares y centralizarlo en las cabeceras municipales– las fuerzas de seguridad pública estaban facultadas para utilizar armas si había situaciones violentas, de acuerdo a lo establecido en la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, llamada Ley Bala

Desde su aprobación, se criticó que la legislación tuviera imprecisiones y ambigüedades, por lo que activistas y defensores de derechos humanos pidieron su derogación que, después de los hechos en Chalchihuapan, fue propuesta por Rafael Moreno Valle, aunque la iniciativa ni siquiera se ha discutido en el Congreso, por lo que la ley sigue vigente, y sobre eso nada dijo la CNDH.

La diputada federal Roxana Luna, que ha acompañado a los habitantes de Chalchihuapan y todas las manifestaciones por las juntas auxiliares, dijo después de la presentación del informe que es urgente que el Congreso del estado derogue la Ley Bala.

“Esto no se resuelve con una disculpa”, opinó la legisladora perredista, quien coincidió con Misraim Hernández respecto a que la resolución se queda corta, y acusó a la CNDH de no haberse pronunciado ante otras violaciones a derechos humanos cometidas en Puebla, como la muerte de Delfino Flores Melga, activista de 90 años que perdió la vida en prisión por su avanzada edad, ni de las balas de goma que se utilizaron en el municipio de Ajalpan el 27 de mayo, ni de los presos políticos por la oposición a la construcción de megaproyectos como el gasoducto Morelos y el arco poniente.

“Yo sé que la pérdida de José Luis para su mamá es algo irreparable, que el ojo de Víctor -otra de las víctimas de Chalchihuapan– también es una situación grave y los demás compañeros, pero sí creemos que es necesario que el gobierno del estado asuma su responsabilidad”.

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Puede consultar aquí la Recomendación completa

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