El Tribunal Permanente de los Pueblos pide juicio internacional a autoridades involucradas...

El Tribunal Permanente de los Pueblos pide juicio internacional a autoridades involucradas en la masacre de San Fernando

2014-08-19_14-20-02

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

@CentroProdh

Durante la conmemoración  del 4to aniversario de la Masacre de San Fernando, el Centro Prodh llevó a cabo un panel de reflexión el cual acompañó la presentación de las conclusiones preliminares que formaran parte del dictamen de un jurado internacional enfocado a este caso. Durante la jornada, la voz de diversos especialistas destacó desde distintos ángulos la responsabilidad que en esos hechos tienen los Estados involucrados. De la misma forma se incluyeron mensajes de defensores de víctimas de la Masacre de San Fernando y familiares de Brasil, Guatemala, y Ecuador.

Las conclusiones que se adelantaron del dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se enfocan en sentar las bases para someter a juicio internacional a autoridades del estado mexicano, de los Estados Unidos de América, y de los estados de origen de las y los migrantes en tránsito. Señalan a estas autoridades como corresponsables de una política de persecución y exterminio, por fallar en sus obligaciones de prevenir violaciones generalizadas a los derechos de migrantes en tránsito. Esto ha resultado en violaciones graves, masivas, y recurrentes de la normatividad internacional y de los marcos jurídicos nacionales pertinentes, que se tienen que abordar como crímenes de estado y crímenes de lesa humanidad, dentro del marco del Artículo VII del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

De la misma forma se señala al gobierno estadounidense como responsable por los efectos derivados de la imposición del libre comercio en México y en Centroamérica, así como por la militarización de la frontera. Las graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes analizadas en el dictamen incluyen los hechos conocidos como la Masacre de San Fernando de agosto de 2010, las fosas clandestinas descubiertas en ese mismo municipio en abril de 2011, la Masacre de Cadereyta en mayo de 2012, y las redadas, amenazas, y acoso contra los defensores de migrantes en tránsito y los albergues y caravanas de migrantes en todo el país.

Estos actos y omisiones juntos constituyen un contexto de terror y criminalidad estatal que configuran una política de persecución y exterminio contra los migrantes en tránsito por territorio mexicano, incluyendo tanto a los de origen mexicano como a los de otros países de origen. Estos crímenes son el resultado de la subordinación de las autoridades mexicanas a los supuestos imperativos de la seguridad nacional y del libre comercio impuestos por los Estados Unidos. Estas políticas necesariamente implican la militarización de las fronteras, la criminalización de los flujos de migrantes indocumentados y de sus protagonistas, y la mercantilización de los migrantes, que los convierte en factores estructuralmente esenciales pero coyunturalmente desechables.

El panel estuvo moderado por Clemencia Correa de Aluna de Acompañamiento Psicosocial, Denise González Núñez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Camilo Pérez Bustillo del Eje sobre Migración del Capítulo México del TPP. También estuvieron presentes el padre Alejandro Solalinde del Albergue “Hermanos en el Camino” de Ixtepec, Oaxaca, Fray Tomás González de «La 72» en Tenosique, Tabasco y el periodista Óscar Martínez de El Faro.net y autor del libro Los migrantes que no importan.

El TPP fue la primer instancia internacional, en 1984, que caracterizó el terrorismo de estado del régimen de Ríos Montt en Guatemala como genocidio contra los pueblos indígenas, y ha incluido en con la participación de figuras cómo el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, y a los escritores Eduardo Galeano, Julio Cortázar, y Gabriel García Márquez. Hoy le corresponde el turno de un juicio internacional a los crímenes del estado mexicano, y a los otros estados co-responsables de las violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos de las y los migrantes en su territorio.

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