Ilustración: Pablo Delgado

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | Cimacnoticias

México, DF. Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) refiere que de 2009 a 2013 hubo más de 7 mil 625 víctimas de trata de personas –de las cuales 83 por ciento son mujeres–, sólo se dictaron dos sentencias condenatorias a nivel federal y 123 en los estados.

Hanna Echeverría Cerisola, responsable del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), advirtió durante la conferencia “Trata de personas” que en el país existe un alto subregistro en cuanto a la denuncia del delito, el cual además presenta índices alarmantes de impunidad.

Según los datos que aportó la funcionaria de la CNDH, durante la conferencia dictada en El Colegio de México como parte de su Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), las autoridades judiciales mexicanas reportaron que de 2009 a 2013 se registraron 7 mil 625 víctimas de trata.

La Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) –instancia de la PGR–  recibió 392 casos, el ciudadano Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) 49, y el Instituto Nacional de Migración (INM) 261.

Las autoridades que más casos recibieron fueron las procuradurías locales de todo el país (mil 427); la Secretaría de Seguridad Pública (mil 881); el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (2 mil 627); la Secretaría de Relaciones Exteriores (mil 249), y la desaparecida Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (109).

Sin embargo, las mismas autoridades señalaron que en cinco años sólo iniciaron mil 513 averiguaciones previas en todo el país, lo que representa que se inició una investigación sólo en el 19.8 por ciento de casos reportados.

Las entidades federativas donde más se iniciaron averiguaciones fueron Chiapas, DF y Puebla. Además, las consignaciones a nivel federal por este delito en el mismo lapso fueron sólo 100, y a nivel local 506, de las cuales a nivel federal sólo dos derivaron en sentencias condenatorias y a nivel local 123.

Del total de víctimas, 83 por ciento son mujeres, 14 por ciento, hombres y en 3 por ciento de los casos se desconoce su sexo. De ellas, 42 por ciento son mayores de edad, 40 por ciento menores de 18 años y 18 por ciento no se sabe.

Además, 78 por ciento son mexicanas, mientras que 15 por ciento son extranjeras provenientes de países de América Latina y de algunos países de Europa del este. A esto cabe agregar que, según Echeverría Cerisola, las personas migrantes son una de las poblaciones más vulnerables y con menos posibilidades de acceder a la justicia.

Agregó que el 83 por ciento de las víctimas de trata son forzadas a la explotación sexual –delito que afecta en mayor medida a las mujeres–, 13 por ciento para la explotación laboral, y 3 por ciento mixta, y aunque no se señalaron porcentajes, la explotación para el comercio de órganos también forma parte de este delito.

Al respecto, otros especialistas –como la abogada Bárbara Zamora, titular de la organización Tierra y Libertad, y Rodolfo Casillas, académico de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales– señalaron que las altas cifras son consecuencia de que las autoridades judiciales tienen un gran desconocimiento de la legislación en la materia y de cómo opera la trata.

También acusaron que la “corrupción, impunidad y machismo” de las autoridades son los factores de incidencia más graves, a lo que se suma que las víctimas a veces no se reconocen como tales, o experimentan miedo y desconfianza para denunciar.

Agregaron que el desinterés de las autoridades puede verse desde el presupuesto que se destina contra la trata de personas en México, ya que no asciende a más de 5 millones de pesos, lo que contrasta con los más de 32 mil millones de pesos que éstas formas de explotación generan de ganancia a quienes se benefician de ellas.

También criticaron que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, luego de sus últimas reformas en mayo pasado, haya sido tan amplia y general que desconoce las particularidades y los contextos de cada víctima.

Resaltaron además que sólo 26 entidades federativas cuentan con una ley especial, mientras que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Morelos y Zacatecas carecen de herramientas legales.

Por ello, insistieron en la necesidad de seguir investigando esta problemática, formular un diagnóstico, determinar conceptos adecuados, e informar a la sociedad al respecto.

Agregaron que es importante considerar el contexto de las víctimas para determinar protocolos de actuación más precisos que no criminalicen a las mujeres, sino que les garanticen atención y justicia.

En el mundo hay de 2 a 4 millones de personas víctimas de trata al año; de ellas 800 mil son trasladadas a través de las fronteras, por lo que la gran mayoría de mujeres proviene de América Latina, una región donde la ocurrencia del flagelo en sus propios países es alta.