Edgardo Ayala | IPS

San Salvador. La presión de las organizaciones sociales frenó temporalmente la concesión de frecuencias de televisión en El Salvador, un país donde la lucha por el espectro radioeléctrico tiene connotaciones no solo económicas, sino también políticas e ideológicas.

“Paramos el proceso de subasta, pero es un triunfo parcial, porque no es una resolución definitiva”, señaló a IPS el director de Radio Victoria, Oscar Beltrán. Esta estación comunitaria opera desde el poblado de Victoria, en el central departamento de Cabañas.

Beltrán se refería al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el 16 de mayo detuvo temporalmente el proceso de subasta iniciado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), el organismo estatal que regula el sector.

La Siget abrió el 5 de mayo el proceso para que empresas o personas participaran en la subasta de seis canales de televisión de señal abierta, los 7, 13, 14, 16, 18 y 20. Se desconoce cuando el máximo tribunal salvadoreño dará su dictamen definitivo.

El fallo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema acogió parcialmente una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por varias organizaciones que en agosto de 2012 ya impugnaron seis artículos de la Ley de Telecomunicaciones.

Esos artículos establecen la subasta como el único mecanismo para obtener una frecuencia de radio y televisión.

La demanda de esa parte de la norma, aprobada en 1997, fue interpuesta por varias organizaciones de radios comunitarias, de abogados y de periodistas, que después confluyeron en la Red por el Derecho a la Comunicación (Redco).

La red presiona para que la Corte Suprema resuelva definitivamente la inconstitucionalidad de los seis artículos.

Los demandantes sostienen que la subasta no permite a sectores como las radios comunitarias competir en igualdad de condiciones por una frecuencia. En este tipo de mecanismo, las adjudicaciones las ganan habitualmente grupos económicos poderosos.

Además, al imposibilitar el acceso a otros sectores a tener participación en el espectro radioeléctrico fuera de la subasta, se violentan los principios constitucionales de igualdad ante la ley y el de libertad de expresión, entre otros aseguran representantes de la red.

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