Tomada de poblanerias.com

Samantha Páez

@samantras

Uno de los 20 amparos contra la licitación del Soapap fue atraído este lunes por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), la magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos será la encargada de proponer una resolución durante los próximos 30 días, informó el abogado Gilberto Montalvo González.

Durante una rueda de prensa y acompañado de integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Montalvo González comentó que es importante que el amparo con número 340/2014, contra el proceso de licitación del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), fuera atraído por la SCJN debido a que los tribunales colegiados no hacen una “suficiente interpretación” de la Constitución Mexicana.

“Esto es importante porque no hay suficiente interpretación del artículo cuarto constitucional e, incluso del primero, (en los tribunales colegiados) y se propone agotar las últimas instancias, en dado caso de que la resolución de la Suprema Corte no fuera favorable se llegará a solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego de la Corte Interamericana (de Justicia)”, dijo el abogado.

JUZGADOS ESTÁN SUBORDINADOS ANTE EL GOBERNADOR

Por su parte, el también abogado José Guadalupe Sánchez Pérez, del MAS, acusó a los juzgados federales y tribunales colegiados estar subordinados ante el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, para que los amparos contra la privatización del agua no procedan.

“Aquí públicamente, denunciamos la actitud de subordinación de los juzgados federales al gobierno del estado, nuevamente pasa como en los noventas cuando comenzaron las expropiaciones y los gobernadores presionaban a los juzgados federales, y hoy nuevamente se repite la historia (…) Exigimos a los juzgados federales y tribunales colegiados que cumplan su papel que les encomendó la sociedad mexicana, que es guardar los principios constitucionales”, manifestó el litigante, para luego invitar a los ciudadanos a ser vigilantes de las acciones del Poder Judicial.

Sánchez Pérez interpuso un recurso contra la privatización del agua en Puebla, que está en revisión en el Tercer Juzgado Colegiado de Administrativo, pero teme que se sobresee, toda vez que los amparos que llegaron allí lo hicieron.

AMPAROS “ECHARÍAN ATRÁS” CONTRATO

Si la corte llegara a otorgar la suspensión definitiva de la licitación, el contrato del gobierno poblano con Aguas de México, empresa que se dice ganó el concurso, no será válido y no podrá operar. Esto a pesar de que empleados del propio Soapap hayan manifestado que la compañía ya tomó posesión de las instalaciones e, incluso, ha recontratado a casi todo el personal.

La resolución de estos los amparos no será inmediata, porque la corte tardará unos dos meses en atraer los 19 recursos que faltan, después se tomará de seis a ocho meses para resolverlos.

Para Montalvo la falta de transparencia en el proceso de licitación se debe a que no hubo gran participación del capital privado y, por lo tanto, fue casi asignación directa la que se hizo a favor de Aguas de México, además de que si era una licitación internacional se debió publicar en el Diario Oficial de la Federación y no en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

OPACIDAD EN PROCESO DE LICITACIÓN

La licitación para operar el Soapap durante los próximos 30 años fue publicada el 18 de septiembre, en dicho documento se indica que el 12 de diciembre se daría a conocer a la empresa ganadora para que el 24 de ese mismo mes se formara el fideicomiso que operará los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales, así como la ampliación, acondicionamiento, mantenimiento operación y administración de la infraestructura hídrica de la paraestatal en 25 municipios poblanos.

Sin embargo, el gobierno del estado no ha hecho público de manera oficial quién ganó y cuándo comenzará a operar, aunque algunos trabajadores del Soapap han dicho a la prensa que el contrato con Aguas de México se firmó el pasado 26 de diciembre en total secrecía. Además de que todos los trabajadores ya fueron despedidos y liquidados.

Se preveía que a mediados de abril la encargada de operar los servicios de agua potable y alcantarillado en cinco delegaciones del Distrito Federal comenzara a trabajar en Puebla, pero debido a los diferentes amparos se ha ido aplazando.