Jade Ramírez | artículosiete.com

@jadercv

A la memoria de José Emilio Galindo

Periodista  asesinado en ciudad Guzmán el otoño de 2009

En marchas o plantones, sesiones legislativas, accidentes viales en la parada de autobús, cuando podan árboles o sucede el desfile del orgullo gay: ahí estamos los periodistas. Si prometen salvar Temaca en un tuit o se arman mesas de diálogo, en la grilla preelectoral y en campaña electorera, cuando se da un secuestro, desaparición forzada o violencia: ahí estamos los periodistas. En el espectáculo musical, en la feria del libro con el Estado Mayor Presidencial resguardando el recinto, bordando por la paz, si explotó el sector Libertad, si aparecen fosas clandestinas, si no hay goles y muchos macanazos en los estadios, revelando pederastia, fotografiando el incendio del bosque de la Primavera, si privatizan o abren la playa de Tenacatita: ahí estamos los periodistas. Si llegó el yunque o si volvió el PRI, es necesario que sigamos apareciendo los periodistas.

Alrededor de las reflexiones que se abren el 7 de junio para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, es importante reconocer algunos de los contextos en que se ejerce tal derecho desde la experiencia de los periodistas en Jalisco: el grupo de todólogos que con el paso de las décadas se convirtieron de reporteros de noticias a especialistas en temas de la vida pública y las poblaciones que configuran la sociedad jalisciense tan particular, por mantener tradiciones y prácticas religiosas al tiempo que se inserta como bandera de modernidad al concebirse como una de las capitales más importantes del país.

Pese a no contar con estadísticas exactas se puede sostener que al menos, todos los días del año, más de trescientas personas trabajamos alrededor del mejor oficio del mundo parafraseando a Gabriel García Márquez: reportear, hacer periodismo, generar noticias.

¿Cómo estamos ejerciendo el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo andamos el camino de la reporteada? ¿Hay oportunidad de reflexionar sobre el oficio en medio del contexto violento desde el que contando historias? ¿Ubicamos a quiénes les conviene aminorar o perjudicar el análisis periodístico de la cosas?

Fichas secretas con perfiles de reporteras escritas desde escritorios del gobierno del estado, hostigamiento de elementos de seguridad pública, bombas, amenazas directas, persecuciones y retrocesos en las condiciones laborales, son los tópicos más recuentes entre quienes ejercen el periodismo en nuestro estado, por lo menos, desde hace más de veinte años.

Precisamente en las recientes dos décadas la relación entre reporteros, medios de comunicación y el aparato gubernamental tocó las distancias más lógicas, como las cercanías más claras, por tratarse de los años que el Partido Acción Nacional gobernó a Jalisco.

Anécdotas hay muchas, denuncias en ministerios públicos y rumores desde luego. Situaciones que han quedado registradas en círculos de convivencia, entre colegas, en algunas asociaciones civiles y también en los propios medios de comunicación. La academia o los anuarios de la situación que guardan los derechos humanos en el estado por ejemplo, han contribuido con su análisis y reflexión cuál es la situación de los reporteros y reporteras hoy día.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información -capítulo Jalisco- y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, con la publicación de documentos e informes en los recientes cuatro años, han abonado a la sistematización de situaciones que vulneran el trabajo de los periodistas, así como la manera en que ejerce la libertad de expresión, el derecho a la información y la manifestación pública de las ideas, por lo que podemos sostener que:

Aquí sí pasan cosas.

Jalisco según la nota publicada por El Informador el 18 de marzo de 2014, es uno de los estados del país con menos agresiones contra periodistas. En la nota en que dio cuenta de la presentación del informe Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta 2013 de la organización no gubernamental Artículo XIX,  nuestra entidad figura como el estado que goza de buenas condiciones para el periodismo.

Desde luego las expresiones de sorpresa y extrañamiento surgieron entre quienes conocimos el documento, porque la lectura al revés de la estadística que ubica a Jalisco como una entidad segura para ejercer el periodismo, genera lejos de la sensación de tranquilidad, una especie de inquietud por el sub-registro de actos intimidantes y violentos que inhiben la libre expresión. Entre el 2013 y 2014 hay incidentes de censura, despido injustificado, violencia contra redacciones y hostigamiento, poco documentados pero sí medianamente conocidos.

Lo que nos diferencia de Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas, son estadísticas vergonzosas y dolorosas sobre asesinato, censura, persecución, encarcelamiento y desplazamiento de periodistas en esos estados, pero los modos en que se operan ataques a la prensa en Jalisco generan duda, desesperanza o inhibición por denunciar situaciones graves.

Según el informe más reciente de Artículo XIX en el caso de Jalisco existe solo un caso de agresión en 2013, tres casos de ataque entre 2007 y 2012 y un asesinato, precisamente, el de José Emilio Galindo experimentado reportero en política y medio ambiente que siendo director de Radio Universidad en Ciudad Guzmán, fue asesinado en su departamento en 2009 sin que quedaran suficientemente esclarecidas las características del ataque, los culpables, detenidos o procesados, y si existió una línea de investigación seria por parte de la PGR sobre el trabajo periodístico que realizaba como posible causa del asesinato. Sobre secuestros y desapariciones Jalisco no presenta ningún caso pero ¿Ejercemos bajo un clima de plena libertad, respeto y seguridad?

Las situaciones que pusieron en riesgo la vida e integridad de periodistas y comunicadores en nuestro estado durante 2013, son siete casos de ataque, amenaza y hostigamiento que se hicieron visibles:

En abril la salida de un editor y un reportero de la sección Justicia del periódico Mural tras los dos explosivos que se detonaron en las instalaciones de la redacción.

La amenaza de muerte vía emisario del presidente municipal de Tlaquepaque, Alfredo Barba Mariscal a Ivonne Ojeda reportera de Página 24 como se consignó el 30 de abril del en una nota del periódico. Los detalles refieren que además hubo una advertencia del propio edil a la reportera: “Cuide bien lo que publica señorita, porque si no al día siguiente puede amanecer degollada”.

En agosto detienen al reportero César Huerta policías que tripulaban la patrulla M26 de Ixtlahuacán de los Membrillos por fotografiar la detención de jóvenes afuera de un supermercado a la orilla de la carretera. Según la nota publicada en Proyecto Díez pese a que el reportero se identificó, fue llevado detenido a la cárcel municipal y horas más tarde puesto en libertad sin ningún cargo.

También en agosto se divulgaron en redes sociales fotografías del bloguero Zul de la Cueva al momento de ser detenido por policías de Guadalajara mientras activaba una manifestación con la pega de carteles en postes de la colonia Americana contra Ramiro Hernández, el presidente municipal de la ciudad. En tales carteles figuraba el rostro del funcionario con la leyenda “Se Busca” aludiendo a la nula actuación para preservar la seguridad en la zona recreativa de la avenida Chapultepec y calles aledañas, donde vecinos y visitantes de la colonia han sido constantemente víctimas y testigos del incremento de robos a mano armada.

En septiembre del mismo año una reportera de Radio Noticias 1070 am que cubría la manifestación de pobladores de Temacapulín afuera de las oficinas de la CONAGUA sobre avenida Federalismo, al sentarse en las escaleras de la mueblería ubicada al lado de la dependencia federal para escribir su nota y grabarla por teléfono, el propietario del lugar la levantó a gritos y reclamando “afectas la vista de mi negocio”, por lo que llamó a la policía de Guadalajara pretendiendo que la detuvieran. La reacción momentánea de fotógrafos y reporteros de otros medios que cubrían la misma actividad fue suficiente para terminar con la agresión, pero no se ofreció disculpa a la reportera ni se aclaró la reacción del particular.

El mismo mes se reveló en el sitio electrónico de Reporte Índigo que a una reportera de televisión que cubría desde hace varios años la fuente judicial, la removieron de su fuente de información por incomodar al nuevo fiscal Luis Carlos Nájera con las preguntas que hizo durante la rueda de prensa donde se dio información del caso de los jóvenes secuestrados en una plaza comercial. Incluso se relató que el servidor público evadió responder sus preguntas aludiendo que “no había interés informativo” como si el fiscal de Jalisco fuese experto en lo que es o no interés periodístico y como si fuera esa tarea parte de sus atribuciones.

Y para finalizar el 2013 o dar la bienvenida a 2014, el reportero Javier Espinoza también integrante de la redacción del periódico Página 24 Jalisco, denunció amenaza de muerte, seguimiento vehicular y posible intoxicación por parte de funcionarios del ayuntamiento de Zapopan como consta en la denuncia interpuesta en la delegación Jalisco de la PGR y que la FEADLE acogió bajo la averiguación previa AG3/M2/086/2014.

La censura en dos historias.

El acto sigiloso de la censura o la acotación de las ideas, se presentó en febrero de 2013 en el periódico Reporte Índigo cuando denunciaron la compa masiva de la edición impresa 208 que contenía el reportaje “Gobernador litiga hijo en juzgado”, historia que cuenta el proceso legal abierto contra Aristóteles Sandoval Díaz –entonces gobernador electo por el PRI-, por no reconocimiento de paternidad. Las versiones de los voceadores que incluyó en su nota de denuncia Reporte Índigo señalan a tres autos particulares como los responsables de comprar masivamente la edición 208.

Después vino en agosto la cancelación intempestiva del programa Cosa Pública que desde 2005 salía al medio día por el 1170 de amplitud modulada Radio Metrópoli. El programa de análisis político era conducido por Rubén Martín y Jesús Estrada entre otros y el reclamo de los radioescuchas, se evidenció en redes sociales desestimando que el único visible argumento para cesar el programa de la señal radial fuera la difícil situación económica de la precisamente considerada estación número uno de noticias y programas de orientación en el cuadrante.

Una comisión omisa.

Cuando en 2011 Alberto Jiménez Martínez El Antena propagó amenazas, mentiras y rumores en muros de Facebook de reporteras de diversos medios de Guadalajara, en un acto de coherencia y dignidad las periodistas agredidas presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo lo que siguió fue un calvario, momentos de criminalización y exhibición pública de quienes resultaron acosadas por el empleado del gobierno de Jalisco que se encontraba dentro de la nómina de la administración panista de Emilio González Márquez.

El presidente de la CEDHJ salió públicamente a revelar nombres, datos particulares sobre la documentación de las agresiones y se giraron visitas a domicilio y oficinas de trabajo de personal de la PGR para pedir intimidatoriamente a quienes denunciaron los actos de hostigamiento, su ratificación.

Ni en 2010 por la denuncia penal de amenazas y agresión física contra reportera y defensor de derechos humanos en Temacapulín, ni con el sonado caso de La Antena contra reporteras agredidas, la CEDHJ demostró capacidad y tutela en la protección de derechos para el gremio de los periodistas. Por el contrario, desde entonces, responsabiliza a los promoventes de quejas de olvidar el trámite y tampoco anunció o emprendió ninguna otra labor institucional para capacitar, sensibilizar, documentar y promover el rechazo público contra las agresiones a periodistas.

Estrés y baja remuneración.

Las agresiones a los periodistas en Jalisco responden a una violencia de baja intensidad. Después de los escandalosos despidos masivos en el diario Milenio Jalisco, se desencadenó una serie de despidos aparentemente injustificados también en La Jornada. En mayo de 2014 un colectivo de periodistas aglutinó la información sobre la situación laboral de los periodistas en el estado y lo que resalta son las nulas o pocas prestaciones, el comparativo disparado de salarios de un medio a otro y la poca certeza de conservar el empleo. El documento se integró al informe del Centro de Reflexión y Acción Laboral y a este mes, todavía hay reporteros que mantienen juicios abiertos contra La Jornada y Milenio.

¿Pasan cosas como en Veracruz?

Los testimonios del documento Gregorio Jimenez de la Cruz: asesinado por informar, dan cuenta del clima en que se ejercer el periodismo en Coatzacoalcos, describen cómo con la entrada del Mando Único en la ciudad se alteró la cotidianeidad del periodismo al cubrir accidentes viales o cualquier otro evento que implicara violencia. Hoy los elementos del Mando Único son identificados reiteradamente como fuente de agresión contra los reporteros después de los civiles armados que descienden de camionetas cuando autos que pertenecen a su grupo criminal se ven involucrados en una falta vial. La simple escena parece ridícula pero detrás se esconde mucho más: datos, manejo de información e identidades correlacionadas con el crimen organizado y cuerpos policiacos del que todavía los periodistas del sur en Veracruz no terminan de mapear y entender.

En el primer semestre de 2014 en la zona metropolitana de Guadalajara se presentaron dos incidentes de seguridad alrededor de accidentes viales. El primero reportado el 26 de abril por colegas del fotógrafo Edmundo Pacheco que trabaja para El Informador: él llegó hasta el periférico para fotografiar un accidente automovilístico entre dos autos particulares a causa de una volcadura por ir a alta velocidad se generó el impactó en otro del cual resultaron lesionados los ocupantes. Elementos de la Fuerza Única Metropolitana no solo abusaron de su autoridad al impedirle tomar fotografías al reportero, sino que incluso lo agredieron físicamente tomándolo por el cuello y exigirle que se identificara, así como que borrara las fotografías capturadas desde su teléfono celular. Los policías del estado al mando del Fiscal General Luis Carlos Nájera, lo apartaron de la zona del accidente y lo siguieron acosando detrás de una ambulancia hasta que otros fotógrafos llegaron a cuestionar la agresión.

El segundo incidente, fue denunciado en redes sociales el domingo 8 de junio por Jorge Covarrubias reportero de Proceso Jalisco. Él al ir pedaleando en su bicicleta presenció que una unidad de transporte público en la calle Colón en el centro de Guadalajara había atropellado a una anciana. Se detuvo, fotografió el camión para el registro del accidente en plenos días donde se sigue discutiendo el pésimo servicio que se da a los ciudadanos, pero un hombre le advirtió que no tomara fotografías, lo que obligó al reportero por la insistencia a mostrar su credencial; lo que obtuvo como respuesta de quien le impidió tomar imágenes a la unidad de transporte público fue un ¿Qué hace un reportero en bicicleta?

En Jalisco se puede ostentar que no hay periodistas desaparecidos, desplazados o que rara vez explotan artefactos en las salas de redacción. Sin embargo, hay tres ramificaciones aún no analizadas en su impacto y afectación al ejercicio pleno del periodismo: que con el regreso del PRI al poder se reporta un alto reclutamiento de experimentados reporteros y fotógrafos en las oficinas de comunicación social a través de atractivos salarios; que la práctica discrecional de cómo se autoriza la publicidad del gobierno del estado, dependencias y municipios a los medios de comunicación no es suficientemente transparente o no responde a una lógica equitativa; que aún no entendemos cómo se difuminan las zonas de silencio en el estado donde sí existen periódicos, semanarios y radiodifusoras con espacios noticiosos, pero de las cuales conocemos poco qué tipo de contrapeso juegan frente al poder municipal, cómo sortean la auto regulación y censura en historias de denuncia, cómo están reporteando la presencia y dominio de grupos del crimen organizado en sus ciudades, cómo estudian a los emporios privatizadores de recursos naturales o cómo viven sus poblaciones el despojo y violaciones a los derechos humanos.

En Jalisco conmemoramos el 7 de junio en el mismo tono de exigencia que se escuchó y reclamó en Morelos, Puebla, Veracruz, Tamaulipas o Coahuila sin tomar ni agradecer los premios o dádivas que prepara el poder institucionalizado con recursos públicos.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

http://www.cepad.org.mx/

Artículo19

http://www.article19.org/index.php?lang=es