Foto: Marlene Martínez

Samantha Páez

@samantras

Integrantes del MIOCUP CNPA MN exigieron que la investigación por el homicidio de su compañero Antonio Esteban Cruz sea seria, pues la Procuraduría poblana no considera el trabajo del activista y su oposición a la hidroeléctrica en Cuamono, Cuetzalan, como una línea  de investigación del crimen.

Erwin Slim Torres, del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular afiliado a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP CNPA MN), señaló que la PGJ no reconoce la posibilidad de que existan autores intelectuales del asesinato, como podrían ser los interesados en realizar la hidroeléctrica Cuamono.

«No se puede quedar nada más así, ni se puede dejar de plantear el cuestionamiento de si fue por su proceso de oposición a estos proyectos que lo hayan asesinado, pero tampoco señalamos que a los que agarraron hayan sido chivos expiatorios o culpables, simplemente estamos conminando a la PGJ a que haga su trabajo», dijo durante una rueda de prensa este martes.

El MIOCUP pidió que se compruebe de manera científica que las cuatro personas supuestamente involucradas con la muerte de Antonio no hayan declarado bajo tortura, porque se les «hace raro» el contexto en que se dieron las detenciones y que desde el principio la línea de investigación haya sido el conflicto por un predio.

PGJ ASEGURA A CUATRO PERSONAS

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) señaló en un comunicado de prensa que puso a disposición a cuatro personas por el homicidio de Esteban Cruz y «Con base en las indagatorias se tiene conocimiento que el móvil del hecho, obedeció a un conflicto entre grupos por  la disputa de un predio».

El boletín sigue: «Una vez que los cuatro sujetos fueron ubicados y asegurados en el predio denominado María Cristina de la población antes referida, la PGJ puso a disposición del Juez a los probables responsables».

Por su parte la representante del Movimiento Nacional por la Esperanza, Dora Luz Sánchez, comentó que si se niega la posibilidad a que la muerte de Antonio obedezca a intereses diferentes a los del predio no existe una verdadera investigación, porque la presentación de los culpables diluye la posibilidad de que sea un crimen político.

CONTINÚAN LAS AMENAZAS

Erwin Slim también sostuvo que desde hace meses otros integrantes del MIOCUP han sido amenazados vía telefónica o perseguidos por más de dos horas por personas desconocidas a bordo de camionetas.

«Si en el contexto de este asesinato agarraron a gente originaria de la comunidad indígena como culpables, entonces ¿quién está detrás de las llamadas con números privados?, ¿quién está detrás del amedrentamiento con vehículos? Porque ellos no creo», agregó el activista.

La familia de Antonio Esteban también ha sido amenazada. Según refirió Rodrigo Esteban, hijo de Antonio, supuestos agentes se le acercaron para decirle que inculpara a alguien o quería que otro activista muriera.

TRATAN DE DESARTICULAR MARCHA

Isaías Cruz, también del MIOCUP, dijo que el gobierno del estado de Puebla es uno de los gobiernos que más gasta en imagen y por ello tal vez dio a conocer de la detención de los cuatro presuntos responsables de la muerte de Antonio dos horas antes de que marcharan para exigir cese la represión en Puebla.

«Es parte de su estrategia para no estar ensuciando su imagen y obviamente que en todo el tiempo el gobierno ha estado tratando de desarticular el movimiento, pero la verdad es que en la sierra (Norte) el asesinato del compañero fueron al sepelio sin miedo, porque nos quieren quitar lo poco que tenemos entonces la gente está decidida a seguir en la resistencia», apuntó.

Este martes organizaciones como el el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos Puebla Tlaxcala, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), el Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios de Texmelucan y de la Sierra Nevada, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, el Movimiento Nacional por la Esperanza, el Frente Nacional de los de Abajo y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre otros, marcharon desde la Fuente de los Frailes hasta el zócalo de la ciudad de Puebla.

Foto: Marlene Martínez

Algunas de las consignas que tenía la marcha fueron la liberación de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, los tres detenidos por oponerse a proyectos gubernamentales como el gasoducto Morelos y el Libramiento Poniente; un freno a los proyectos mineros e hidroeléctricos; cese a la represión contra activistas y luchadores sociales; garantías para los sindicatos; apoyo para los campesinos y trabajadores. Además criticaron la aprobación de la Ley Bala por parte del Congreso y la privatización del sistema operador de Agua.