El chamán Víctor Jacanamijoy, líder espiritual del pueblo inga en un municipio del departamento colombiano de Putumayo, guía un acto en Bogotá durante la Jornada de Armonización Espiritual por la Paz de Colombia, que las autoridades indígenas convocaron el 11 de junio en todo el país, como claro mensaje electoral. Crédito: Cortesía de Tatiana Ramírez/ONIC
Tomada de ipsnoticias.net/

Análisis de Constanza Vieira| IPS

Bogotá. Los colombianos deciden este domingo 15 si continuar la guerra contrainsurgente de 50 años, o persistir en el intento de una negociación política para ponerle fin y que permita que los niños que están naciendo en 2014 conozcan lo que sus padres y abuelos no vivieron: un país en paz.

De refilón, la definición también va por un asunto menos publicitado: un sector emergente y violento podría instalarse a partir de ahora, y quizá por décadas, en el control del Estado.

Pero no se trata de un referendo, sino de la elección del presidente por los próximos cuatro años.

Para la segunda vuelta parecía que no había qué escoger, entre el centro derecha y la extrema derecha: respectivamente, el presidente Juan Manuel Santos, que aspira a la reelección, y Óscar Iván Zuluaga, seguidor del senador electo y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Los dos candidatos muestran empate técnico en las encuestas, aunque Zuluaga resultó ligeramente más votado en la primera vuelta, el 25 de mayo, con una abstención del 59,93 por ciento.

Ambos candidatos comparten un modelo neoliberal, según el cual el progreso de los empresarios es la palanca para el desarrollo del país. Por lo tanto, se aplican impuestos reducidos a los ricos y, para los más pobres, subsidios financiados con las rentas que deja, o dejará en los próximos 20 años, la megaextracción de petróleo, carbón y oro por parte de empresas transnacionales.

Ninguno de los dos ofrece la industrialización del país con el capital que generen estos recursos no renovables. Y ambos están con los tratados y asociaciones de libre comercio, que amenazan la producción de muchas industrias nacionales y del sector agropecuario y el campesinado.

Los dos candidatos fuero ministros de Uribe, Zuluaga en Hacienda y Santos de Defensa.

Bajo ese gobierno hubo 2,5 millones de desplazados forzados y al menos 3.000 mil personas ajenas al conflicto fueron asesinados por militares y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, para obtener premios y vacaciones. Por eso a esas ejecuciones extrajudiciales las llaman “falsos positivos”.

Siga leyendo aquí.