Israel Rosas R.

@irosasr

La transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) cambió de curso con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. En el transitorio décimo séptimo, los legisladores ordenaron al Ejecutivo Federal crear “un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello”.

Dicha política fue publicada el 2 de julio de 2004 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno foxista, para ser modificada el 4 de mayo de 2012 por la ahora extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Esta modificación habilitó un esquema de terminación de transmisiones analógicas escalonadas y regionales, comenzando por Tijuana en julio de 2013, en el que el reparto de decodificadores compatibles con las señales digitales resultaba un elemento clave.

En teoría, este es el proceso con el que debía colaborar el Ejecutivo Federal a través de la SCT. En el calendario, un programa similar al implementado en Tijuana tendría lugar en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey antes del 29 de mayo de 2014, fecha en la que sucedería el apagón analógico en aquellas localidades. Sin embargo, el apoyo no llegó y el apagón fue diferido para el próximo 26 de noviembre.

Por el contrario, la SCT publicó apenas el 13 de mayo pasado su programa de trabajo para la transición a la TDT. Resaltan dos diferencias con respecto a la política de transición vigente. Por una parte, el calendario del programa de la SCT no coincide con el planteado en la política de transición. Además, sustituye la entrega de decodificadores compatibles con la TDT por un programa de entregas de televisores digitales a beneficiarios de padrones de la SEDESOL.

No tardaron en aparecer las suspicacias despertadas por el posible uso electoral que se le puede dar de manera indirecta al reparto de televisores. Las justificaciones de esta decisión son un ahorro en el consumo de energía eléctrica (unos $130 anuales por hogar) y la posibilidad de utilizar los televisores para conectar a Internet a los beneficiarios del programa.

Sin embargo, dos nuevos inconvenientes se asoman para quien esto escribe. No es posible considerar que un televisor digital inteligente permite disfrutar de un acceso pleno a Internet. La red de redes es útil para muchas cosas más que para solamente entretener e informar, por lo que estas conexiones serán útiles para las estadísticas pero no para una auténtica inclusión digital.

Finalmente, el programa de trabajo considera que la SCT acordará “con los concesionarios de telecomunicaciones programas de cobertura social que consideren condiciones de servicio de conectividad y precios más favorables para la población de escasos recursos”. Entonces, para conectarse (parcialmente) a Internet, los beneficiarios de este programa tendrán que pagar por su acceso. Veremos si sucede.

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