Foto: Samantha Páez

Samantha Páez

@samantras

Activistas contra el gasoducto Morelos denunciaron que este martes por la mañana unos de sus compañeros fue visitado por presuntos policías ministeriales, quienes lo amenazaron para que deje la defensa legal de la comisaria ejidal Enedina Rosas Vélez, detenida en abril junto con otros dos luchadores sociales. Además dijeron que la misma Enedina sería presionada en el interior del Cereso de Atlixco para que apruebe el ducto que llevará gas a través de las faldas del volcán Popocatépetl.

Integrantes del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua informaron que durante la madrugada del martes su compañero René Trujillo, alumno del sociólogo Ricardo Pérez Avilés y parte del equipo jurídico que lleva el caso de Enedina, recibió una llamada telefónica donde lo amedrentaron para que dejara el tema del gasoducto o sino lo  “madrearían”. Trujillo vio que afuera de su casa estaban dos sujetos arriba de un vehículo blanco sin placas, similar al que utilizaron para arrestar a Juan Carlos Flores, otro opositor del gasoducto. Los sujetos se retiraron poco después de que Trujillo pidiera auxilio a la policía municipal.

Miriam Vargas, integrante del frente, dijo que los estudiantes de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) son presionados para que dejen de mostrar su apoyo a las organizaciones sociales y su profesor Ricardo Pérez, involucrado en la defensa de los pueblos de las faldas del Popocatépetl, quien habría tenido que salir del estado tras recibir amenazas.

Vargas agregó que la represión del gobierno va más allá de llamadas telefónicas, ya que su compañera Enedina Rosas está siendo presionada dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlixco para que firme a favor del gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por donde pasarán 9 mil millones de litros diarios de gas natural.

Foto: Mayra Guarneros

Por lo pronto, organizaciones agrupadas en torno al premio XXII premio nacional en Derechos Humanos, Sergio Méndez Arceo, denunciaron la criminalización de la protesta social que ha impulsado el gobierno de Rafael Moreno Valle.

«La realidad de violaciones permanentes y graves a los derechos humanos de la población y de los defensores de derechos humanos y luchadores en particular se ha agravado, ejemplo de lo anterior son los recientes casos de las detenciones arbitrarias de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón todos detenidos en Puebla el mes de abril por defender las tierras de las comunidades donde pasará un gasoducto que afectará comunidades de 3 estados, Puebla, Morelos y Tlaxcala, y que forma parte del Proyecto Integral Morelos».

«Pero no sólo se encarcela a los defensores, también se les criminaliza y se les convierte en criminales tan peligrosos que se les niega el derecho a seguir su proceso bajo fianza como en el caso de Enedina, quien por cierto está acusada del robo de dos celulares, también se criminaliza la solidaridad y el ejercicio pleno del derecho a ejercer nuestros derechos humanos».

Organizaciones no están cerradas al diálogo

Ante estas situaciones Miguel López Vega, también integrante del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua, dijo que es necesario que el gobierno estatal y la CFE dejen de violentar los derechos humanos encerrando a los opositores, amedrentando a los activistas y universitarios, así como impidiendo la libertad de expresión, y realicen foros informativos en las propias comunidades que se verán afectadas por el gasoducto

“Ellos presumen que hay diálogo, que discuten, que hay debate, y estamos viendo que no sólo en Puebla sino a nivel nacional no está ocurriendo eso (…) la Comisión Federal de Electricidad según en esa reunión (la que sostuvo con el gobernador y legisladores el sábado 3 de mayo) dijo que informan por medio de foros, que se han acercado a los campesino, que han hecho asambleas, pero a nuestras comunidades nunca han llegado”, sostuvo López Vega.

La propuesta de las organizaciones es el establecimiento de una mesa de diálogo donde participen el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, representantes de la CFE, legisladores de todos los grupos políticos, los ediles de los 11 municipios por los que pasará el gasoducto, los comisarios ejidales y comisiones de los frentes que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Además solicitaron información sobre la magnitud y dimensiones del plan, así como de todas las especificaciones del mismo, porque tienen entendido que la recomendación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) es que el ducto esté 20 metros bajo tierra, pero en algunas partes se piensa colocar a sólo 1.5 metros de profundidad y en las barrancas quedaría expuesto. También dicen que tendría que pasar a un kilómetro de distancia de las poblaciones, pero hay trazos donde pasa por entre la iglesia y la escuela.

Critican desplegado de legisladores

Por otro lado las organizaciones criticaron el desplegado que salió el lunes pasado en medios nacionales y locales en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Puebla, donde legisladores, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el rector de la BUAP recomendaban la construcción del gasoducto, por los “múltiples beneficios” que traería al estado.

Hilario Alonso Flores, del Frente Nacional de los de Abajo, señaló que los diputados y senadores poblanos que firmaron el desplegado ni siquiera han ido a ver a las comunidades como para asegurar que sí les beneficia el proyecto. También dijo que no es posible que en las reuniones que tienen con la comisión de electricidad no se convoque a legisladores que están contra el PIM, como Manuel Bartlett Díaz y Roxana Luna Porquillo, para que den su punto de vista.

Miguel López sostuvo que los firmantes del desplegado: “son cómplices de todo un proceso de despojo, porque sí hacemos un análisis de todas las personas que acudieron con Rafael Moreno Valle para de alguna forma legitimar el proyecto, pues son las mismas personas que autorizaron y que dieron luz verde a las reformas, principalmente energética, es una mafia”.

En tanto que el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), en una conferencia de prensa anterior, aseguraron que los diputados “no tienen calidad moral” para aprobar el proyecto porque no consultaron a los pueblos, ni para asegurar que sus compañeros detenidos son delincuentes cuando el proceso judicial no ha terminado.

“Cualquiera puede pagar un desplegado, este desplegado nos costó a nosotros porque salió de nuestro dinero. Les decimos a estos representantes, a esas personas que firmaron, si saben cuál es realmente la problemática que hay con el gasoducto, si saben dónde está su ubicado el gasoducto”, comentó Marco Antonio Mazatle, integrante del MAS.

Amparos contra las órdenes de aprehensión

Representantes de los frentes contra el gasoducto anunciaron que ya están en trámite sendos amparos contra el arresto de Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís, opositores al gasoducto Morelos, así como para Abraham Cordero Calderón, que dirige la lucha contra el Libramiento Poniente.

Foto: Mayra Guarneros

Hilario Alonso Flores, del Frente Nacional de los de Abajo, dijo que promovieron un amparo por el auto de formal prisión contra de su compañero Abraham Cordero Calderón, debido a la negativa del juez a darle su libertad bajo fianza, toda vez que está acusado por delitos que no son graves.

Para este fin tendrán una audiencia incidental el próximo lunes 12 de mayo, donde presentarán un video de la reunión con los representantes del Banco de la Tierra.

Por su parte Miriam Vargas, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, señaló que también se están promoviendo recursos contra la detención de Juan Carlos y Enedina. Además de que solicitarán de manera formal que sus condiciones de arresto sean acordes a lo que marcan las normas internacionales para los presos políticos.

Las organizaciones agregaron que los tres detenidos se han manifestado porque las organizaciones no negocien su liberación a cambio de aceptar los proyectos, como parece que lo quiere el gobierno.

Posicionamiento de las OSC’s del XXII Premio Nacional en DH Don Sergio Méndez Arceo en donde demandan seguridad contra personas defensoras de DH

Foto: Cortesía

Para escribir este nuevo posicionamiento de las organizaciones y personas convocantes y simpatizantes en el marco de la entrega XXII del Premio Nacional Don Sergio Méndez Arceo tuvimos que releer los diferentes posicionamientos emitidos con anterioridad.

Siendo francos es posible que no haya nada nuevo que agregar en lo general a lo dicho anteriormente: la realidad de violaciones permanentes y graves a los derechos humanos de la población y de los defensores de derechos humanos y luchadores en particular se ha agravado, ejemplo de lo anterior son los recientes casos de las detenciones arbitrarias de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón todos detenidos en Puebla el mes de abril por defender las tierras de las comunidades donde pasará un gasoducto que afectará comunidades de 3 estados, Puebla, Morelos y Tlaxcala, y que forma parte del Proyecto Integral Morelos.

Pero no sólo se encarcela a los defensores, también se les criminaliza y se les convierte en criminales tan peligrosos que se les niega el derecho a seguir su proceso bajo fianza como en el caso de Enedina, quien por cierto está acusada del robo de dos celulares, también se criminaliza la solidaridad y el ejercicio pleno del derecho a ejercer nuestros derechos humanos. Se hostiga y reprime a pueblos enteros como es el caso de Amilcingo en Morelos.

Casos ejemplares son el del Doctor en Sociología y profesor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Ricardo Pérez Avilés víctima de amenazas junto con su familia por su actitud solidaria en la lucha contra el proyecto del gasoducto antes mencionado y el de la joven estudiante de la Universidad Nicolaita en Morelia Michoacán, defensora del derecho a la salud y activista Rosa Hernández Reyes, quien fuese víctima del ataque de una persona contra los estudiantes normalistas que en Michoacán se manifestaban por ejercer el derecho a la educación digna. Hoy Rosa continúa en estado de coma, debatiéndose entre la vida y la muerte y sus compañeros luchan contra la campaña de criminalización y descalificación por el hecho de tener 30 años y estudiar, de ser mujer y de militar en una organización que lucha por el socialismo.

Otro caso importante de lo grave de la situación en materia de Derechos Humanos es el encarcelamiento injusto de 13 integrantes de la Policía Comunitaria del estado de Guerrero. Néstora, a quien hoy se le entrega este premio, es sólo una de las otras 13 personas detenidas, entre ellas se encuentran: Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González, Samuel Ramírez Gálvez de apenas 18 años de edad, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Cano Morales Antonia de 20 años de edad, Bernardino García Francisco, sobreviviente de la masacre de “el Charco” cometida por el ejército federal en junio de 1997 contra indígenas desarmados en el estado de Guerrero, municipio de Ayutla de los Libres, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Benito Morales Justo, Ángel García García y Librado Jacinto Baños Rodríguez, todos los presos excepto Néstora son Indígenas y algunos están presos en los mal llamados Centros Federales de Readaptación Social, lejos de sus familias y en un estado de casi completo aislamiento.

Esta situación no es propia sólo de algunas regiones del país, sino una realidad general, como puede dar cuenta el caso de Martha Solórzano, quien actualmente vive bajo graves amenazas y hostigamiento de las autoridades de San Luis Río Colorado en Sonora, que al ser denunciadas por tener prácticas violatorias de los Derechos humanos se han dedicado descalificar el trabajo de esta defensora y el 6 de octubre de 2012 con lujo de violencia y cargos falsos, detuvieron a Jorge Luis Zavala Solórzano hijo de la defensora y coordinadora de la Asociación Esperanza Unidos contra la Desaparición Forzada y la impunidad organización que fue postulada para recibir este premio en este año.

No podemos dejar de señalar nuevamente que el Estado Méxicano no garantiza los derechos de las y los migrantes en tránsito por nuestro país rumbo a los Estados Unidos. Situación que permanentemente es denunciada por defensores como la Hna. Leticia Gutiérrez Guadarrama, el Pbro. Alejandro Solalinde y Fray Tomás González entre otr@s. Hace apenas 2 días 300 migrantes han sido agredidos y probablemente en estos momentos hayan sido ya deportados a sus países de origen por el único delito de emprender una caminata desde el refugio para migrantes “La 72” para visibilizar la difícil situación que viven en este trayecto, en donde son víctimas lo mismo de las bandas de la delincuencia, que del Instituto Nacional de Migración quienes no sólo los persiguen, sino los golpean, torturan, amenazan y expulsan del país. Derivado de este “operativo” contra l@s migrantes han resultado heridos varios migrantes así como Rubén Figueroa, Fray Aurelio y Fray Tomás González.

Podríamos escribir más nombres y describir más situaciones, pero creemos que estas bastan para darnos una idea de cómo el discurso de respeto a los derechos humanos de la población es tan sólo una vil y descarada mentira, ninguna reforma legal ni ley ha frenado la política del gobierno federal y estatales de violar derechos humanos, ningún mecanismo de defensa y protección a los defensores puede ser efectivo si el Estado y sus instituciones no tienen la voluntad de cumplir con sus obligaciones de respetar, promover, garantizar los derechos humanos y mucho menos de investigar y castigar las violaciones a los mismos.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y sociales, los defensores seguiremos haciendo uso legítimo de las leyes que nos permiten realizar nuestra labor y de los espacios que hemos construido a los largo de años de existencia y trabajo en beneficio del pueblo que sufre la cotidiana injusticia y desigualdad; seguiremos exigiendo al Estado mexicano el cumplimiento cabal de los compromisos contraídos a nivel internacional con respecto a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

¡Alto a la criminalización del ejercicio pleno de los derechos humanos!
¡Alto a la criminalización de la solidaridad entre los pueblos y los defensores de derechos humanos!
¡Libertad a las presas y presos políticos!
¡Alto al hostigamiento, represión y deportación de l@s migrantes y quienes los defienden y acompañen!
¡Respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios!

Convocantes 2014

Centro Tlahuica de Lengua e Intercambio Cultural (CETLALIC) , Centro Cuernavacense de Dialogo para el Desarrollo A.C. (CCIDD) , Fundación Don Sergio Méndez Arceo, Grupo de Estudio y Reflexión (GER), Grupo de Sacerdotes Amigos de Don Sergio, Centro de Educación Mundial para América Latina (CEMAL), Comunidad Educativa Cemanahuac A.C., Frente Cívico Pro Defensa del Ex-Casino de la Selva A.C., Iglesia de San Miguel de Todos de los Ángeles, Desarrollo Integral Autogestionario A.C., Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Comisión de Justicia y Paz de la Familia Dominicana, A.C., Católicas por el Derecho a Decidir A.C., Centro de Estudio Ecuménicos A.C., Comunidades de Base de CIVAC, Cultura Joven A.C., Guardianes de los Arboles A.C., Grupo de Mujeres del Grial, Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina A.C. (SICSAL), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., Secretariado Social Mexicano A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, Mujeres por México en Chihuahua, Comité Cerezo México y Mtra. Adriana Hernández.

Simpatizantes 2014

Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ-Cuernavaca), Comunidades Eclesiales de Base de la Subzona Noroeste de Morelos, Proyecto Ecuménico para la Cooperación Internacional (EPIC), Grupo de Reflexión Don Sergio (Ocotepec, Morelos), Comité de Solidaridad Monseñor Oscar A. Romero, Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, Centro Antonio de Montesinos, A.C., Dunamis Peace Institute, Observatorio por la Transparencia, Grupo de Artesanos Unidos, Eloy Durán Valerio, Dr. Alejandro Herrera.