Foto: Hu90 tomada de este sitio

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Federico González Magaña y Javier Fregoso Sánchez, con el voto en contra de Blanca Lilia Ibarra, integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) consintieron que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) impidiera el acceso a los nombres de las empresas que tienen concesionados o en renta los locales comerciales de la zona de Los Fuertes.

La dependencia, a cargo de Roberto Moya Clemente, se negó a hacer pública la información que se le solicitó en octubre de 2013, afirmando primero que no se había rentado y/o concesionado espacio comercial alguno en la zona, para después, informar, luego de que se inició una queja en la CAIP, que había dejado en manos del Centro de Convenciones de Puebla la administración de esos espacios.

Esto a pesar de que tres meses antes, la SFA había atendido una solicitud previa –folio 165013— presentada por la reportera Shanik David, en donde reconocía que en 2012 se había recaudado 351 mil pesos por concepto de renta de 30 locales comerciales distribuidos en el Centro Cívico 5 de Mayo.

Las resistencias de la SFA en el caso provocaron que en febrero de este año la CAIP emplazara a la dependencia a entregar la información solicitada para confirmar las fechas en las que se entregó al Centro de Convenciones de Puebla la administración de los locales, bajo la amenaza que de no cumplir serían acusados con la Contraloría.

Pero de poco sirvió el emplazamiento, un mes después la CAIP resolvió: “que toda vez que el Sujeto Obligado no dio cumplimiento al requerimiento indicado, se determinó que se haría efectivo el apercibimiento”.

Y aunque inicialmente el caso había quedado en manos de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien en su propuesta de resolución ordenaba a la SFA a entregar la información solicitada, ésta fue rechazada por los otros dos comisionados –a quienes se les ha señalado por datos duros como personajes afines al gobierno del estado–, quedando en manos de González Magaña su resolución.

Una resolución que, como ya se señaló, fue la de avalar la negativa de la dependencia estatal a dar a conocer la información solicitada.

Contradicciones y omisiones

En su “voto particular y disidente”, Ibarra Cadena señaló las incongruencias y contradicciones en las que incurrió la SFA para justificar su negativa.

“Al interponer su recurso de revisión, (el recurrente) señaló que en una solicitud similar la autoridad, sí había reconocido tener información relativa al año dos mil doce, por lo que se advierte una contradicción por parte del Sujeto Obligado en cuanto a las respuestas proporcionadas en ambos casos”.

Y continúa la comisionada: “se infiere que la autoridad, no atendió a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, mismo que señala: ‘Los Sujetos Obligados atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad en el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables’”.

De acuerdo con el trabajo de investigación realizado por la comisionada se pudo constatar que “el Sujeto Obligado sí contaba con información relativa a las empresas a las que concesionó o rentó los espacios comerciales ubicados en el Centro Cívico Cinco de Mayo, durante el primer semestre del dos mil trece”, por lo que estaba obligado a entregar la información correspondiente a ese primer semestre del año.

Pero además, la comisionada demostró que por ley y por reglamento, aún cuando la dependencia entregó al Centro de Convenciones la administración de los espacios, la SFA sí cuenta con las atribuciones para contar con la información respectiva.

“Se advierte que al Sujeto Obligado le corresponde llevar un registro, control y actualización de los inventarios de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado; asimismo, la formalización de contratos en materia de concesiones, permisos, autorizaciones, uso, destino o aprovechamiento de dichos bienes inmuebles, por lo que indudablemente en los referidos contratos se advierte el nombre de las empresas que concesionaron o rentaron los espacios comerciales ubicados en el Centro Cívico Cinco de Mayo”.

Sin embargo, y a pesar de toda las pruebas que la comisionada presentó, González Magaña y Fregoso Sánchez avalaron la respuesta de la SFA sin obligarla a transparentar la información.