Las transnacionales de la energía llegaron a promocionarse como un buen vecino que traerá desarrollo, pero tienen detrás a los oscuros e impunes poderes que nacieron en la guerra

Álvaro C. Corvo | Desinformémonos

Guatemala. Desde hace aproximadamente una década, el municipio de San Juan Cotzal -al norte del departamento de Quiché, en Guatemala- tiene un vecino nuevo. No sería nada extraordinario, de no ser por las características particulares del habitante recién llegado, pues no cualquiera tiene 240 millones de dólares en sus bolsillos, se interesa en proyectos energéticos y es originario de Italia.

En sus propias palabras, el recién llegado se define como “un vecino que aporta al desarrollo y al bienestar de las personas”[1]. También los municipios de Santa María Nebaj y Chajul registran la llegada de un paisano similar, con al menos 227 millones de dólares en su haber.

Tomada de desinformemonos.org/

Los tres municipios mencionados conforman el área que habita el pueblo ixil; uno de los 22 pueblos mayas que conviven en el territorio de Guatemala. La zona fue bautizada “triángulo ixil” por los militares guatemaltecos en la década de los ochentas, cuando el ejército ejecutó los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83.

Unos 30 años después de la cruenta represión militar, una agitada coyuntura mantiene la atención mediática sobre el área ixil.

En 2011, fue capturado el alcalde en funciones de San Juan Cotzal, José Pérez Chen, quien posteriormente “fue procesado y hallado culpable de varios delitos como tortura, plagio, secuestro, ejecución extrajudicial, detenciones ilegales, abuso de autoridad y discriminación, por los cuales el tribunal competente le dictó una sentencia penal de 82 años”, señala la Procuraduría de Derechos Humanos.[2] El gobierno municipal de Pérez Chen coincide con los años más conflictivos del proceso de construcción del proyecto energético en su jurisdicción.

A principios de 2013, el área ixil y la represión militar se impusieron en las primeras planas de los periódicos del mundo, cuando los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez enfrentaron un juicio por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad cometidos hacia el pueblo maya ixil. Ríos Montt, ex jefe de facto del Estado guatemalteco durante 1982 y 1983, fue hallado culpable y condenado a 80 años de prisión. Pocos días después, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia en un controvertido fallo que afecta las formalidades del proceso legal, sin valorar el tema central del debate judicial: “la población civil del grupo ixil, residente en las aldeas y caseríos de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, fueron objeto de asesinatos en forma masiva, constitutivos de masacres, tortura, degradación, violaciones sexuales masivas, desplazamiento forzoso, traslado de niños de un grupo a otro”[3], de acuerdo con el expediente de la sentencia. El tribunal argumentó en la sentencia que está totalmente convencido de la intención de producir la destrucción física del grupo ixil.

Nuevamente, en enero de 2014, tuvo lugar un evento especial en la región. “La no aparición del nombre del candidato del Partido Patriota Virgilio Bernal en la papeleta de las elecciones del municipio de Nebaj en el 2011, debido a que este candidato no había cumplido con el requisito de presentar su finiquito de la Contraloría de la República, produjo un hecho inédito: Que dichas elecciones se repitieran dos años después”, indicó la revista Compolitik[4].

En este contexto se concreta la construcción de dos represas hidroeléctricas en la región: Palo Viejo y Xacbal.

Pero, ¿quiénes son estos nuevos vecinos? Por un lado, Enel Green Power, -una filial de Ente Nazionale per l´Energia Elettrica (Enel) de Italia, que es propietaria del la planta hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal. Y por otro lado, el grupo hondureño Terra, que opera a través de la empresa Generación Limpia de Guatemala la central hidroeléctrica Xacbal al norte del municipio de Chajul.

El pasado 26 de febrero de 2014 -en una demostración de su poder-, Enel Green Power fue anfitrión de la visita del mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina para exponer la importancia de armonizar “la voluntad de las empresas y el acompañamiento del Estado con quienes tienen interés compartido con la población del municipio y con el cuidado del ambiente natural, el agua y los bosques”, declaró el presidente de la empresa.[5] Con estas afirmaciones, Maurizio Bezzeccheri, presidente de Enel Green Power, desconoce deliberadamente un largo historial de conflictividad, despojo, muerte y desplazamiento en la región; y encubre sus alianzas con estructuras paralelas de poder.

En este marco, el presente documento aporta información y pistas sobre la confluencia de estos nuevos vecinos con actores políticos y militares nacionales, poniendo al descubierto la continuidad de estructuras del genocidio, la vinculación con redes ilícitas, la imposición de mecanismos antidemocráticos, y la sobreposición de los intereses económicos particulares.

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