Anaiz Zamora Márquez | Cimacnoticias

México, DF. A ocho años de que la Corte Constitucional (CC) de Colombia (máximo órgano jurisdiccional del país sudamericano) tomara la decisión histórica de despenalizar parcialmente el aborto, las colombianas aún enfrentan severos obstáculos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y continúan arriesgando su vida con abortos inseguros.

Durante la conmemoración del octavo aniversario de la Sentencia C-355/06 y en el contexto del próximo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (que agrupa a diversas organizaciones civiles) llamó a que la despenalización no se quede sólo en el papel y que los derechos otorgados por la CC sean una realidad para las colombianas.

Antes de la sentencia, abortar en cualquier circunstancia era considerado un delito. Aun frente al temor de ser penalizadas, las colombianas se arriesgaban a interrumpir su embarazo, algunas de ellas con técnicas extremadamente agresivas, como introducir en su útero ganchos de tejer, agujas e incluso tenedores, dijo en entrevista vía Skipe Carolina Melo, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud.

Mientras el Estado se negaba a permitir a las colombianas este derecho, los casos de muerte y morbilidad materna y de severas criminalizaciones contra ellas se acumulaban.

Un caso fue el de una joven de escasos recursos violada por un familiar, quien ante la imposibilidad de interrumpir su embarazo de manera segura decidió hacerlo por cuenta propia. Su madre la encontró en el baño de su casa con una hemorragia; al ser trasladada al hospital fue denunciada por el personal médico y después encarcelada.

Tomada de: imaginacionalpoderr.blogspot.com

La exigencia de despenalización se materializó en 2006 cuando un grupo de mujeres interpuso ante la CC una demanda contra el Código Penal Nacional, que incluía el delito de aborto, a fin de que se declarara inconstitucional este tipo penal.

El 10 de mayo de ese mismo año, el pleno del CC decidió despenalizar el aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo es producto de una violación sexual; cuando representa un riesgo para la salud o la vida de la mujer, y cuando el feto tiene alguna malformación incompatible con la vida fuera del útero.

LEY QUE NO SE APLICA

Como explicó a Cimacnoticias Liliana Oliveros, abogada de la Mesa por la Vida y la Salud, las decisiones de la CC tiene el alcance de una ley y a la decisión se sumaron posteriores sentencias que han ampliado la garantía de derechos, e incluso han obligado a los sistemas de salud a brindar el servicio.

Por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional T-841 de 2011 da pautas claras a los prestadores de servicios sanitarios en cuanto a las obligaciones y prohibiciones que tienen al momento de resolver solicitudes de IVE por causal de afectaciones a la salud y practicar los abortos.

La misma sentencia define que alegar daños a la plena salud mental es razón suficiente para acceder a la IVE.

En teoría todas las colombianas podrían acceder a una aborto en estas circunstancias y en cualquier momento de la gestación, mientras que las y los médicos tendrían que brindar el servicio sin objeción de conciencia, pero “en la realidad las cosas no suceden así”, advirtió Oliveros.

Detalló que las mujeres enfrentan severas barreras para ejercer este derecho. Por ejemplo, en la causal de riesgo a la salud ocurre que el personal médico no está de acuerdo con la certificación que presenta la mujer y se niega a realizar otra revisión médica, y en caso de violación muchas veces los ministerios públicos les niegan la copia de la denuncia, requisito para acceder a la IVE.

En casos en los que la mujer presenta más de 20 semanas de embarazo, las y los prestadores del servicio se han negado a realizar el aborto debido a que se requieren otras técnicas médicas de las que –pretextan– “no tienen conocimiento”.

A lo anterior se suma la falta de difusión de la sentencia y una constante violencia obstétrica a manos de enfermeras y médicos que impiden el acceso a la IVE, por lo que muchas mujeres ponen en riesgo sus vidas con abortos inseguros.

De acuerdo con un reciente estudio del Instituto Gutmacher, al año se practican poco más de 400 mil abortos inducidos en Colombia; pero en 2008 apenas el 0.08 por ciento de estos abortos, es decir 322, fueron interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en los servicios de salud, al cumplir con alguna de las tres causales legales.

Según la Mesa por la Vida y la Salud, Colombia carece de un sistema de información que permita conocer cuántas y cuáles son las mujeres que han accedido a la IVE.

Esto representa una grave problemática para las mujeres, en especial para aquellas de sectores vulnerables, pobres o rurales, o que viven en zonas de conflicto, pues éstas últimas se enfrentan por un lado a un riesgo constante de ser violadas sexualmente y por el otro a la carencia de información sobre cómo interrumpir su embarazo.

Magda Alberto, también integrante de la Mesa, dijo a esta agencia que es tiempo de que “la sentencia (de la CC) sea una realidad en la vida de las mujeres”, lo que se logrará con la asignación de presupuesto para la formación médica, la sistematización de cifras y el acompañamiento de las mujeres.

A diciembre de 2013, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha acompañado 614 solicitudes de IVE, de éstas, el 77 por ciento han sido por afectaciones a la vida o la salud, 18 por ciento  por violencia sexual, y 5 por ciento por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.

Del total de esos casos, el 50 por ciento ha tenido acceso efectivo a los servicios, al 19 por ciento se les han negado y el 31 por ciento de las mujeres han desistido del procedimiento.