Foto: Mayra Guarneros

Samantha Páez

@samantras

Tras la visita de dos representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU llegaran a Puebla para investigar la detención tres activistas, este jueves integrantes del Consejo Tiyat Tlali, académicos y luchadores sociales denunciaron que el hostigamiento por parte del gobierno no ha cesado, por ello exigieron al secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y al propio gobernador Rafael Moreno Valle Rosas aclare si existe o no una lista con 150 órdenes de aprehensión contra opositores a los llamados proyectos de muerte.

Miriam Vargas, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, confirmó que ayer estuvieron en la ciudad de Puebla los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Tom Haeck y Kim Smeby, quienes primero acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para comenzar su investigación sobre el arresto de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, arrestados el 6, 7 y 8 de abril, respectivamente, por oponerse a la construcción de un gaseoducto en las faldas del volcán Popocatépetl y el Libramiento Poniente.

De acuerdo con Miriam Vargas, los funcionarios de la ONU se reunieron con ellos alrededor de las 11:00 horas del miércoles en el sindicato de telefonistas. Entre los acuerdos a los que llegaron con las organizaciones están ampliar sus indagatorias visitando de manera directa a las comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos y el Libramiento Poniente. Además de profundizar en el tema de las detenciones contra los activistas poblanos.

Por su parte, el investigador Ricardo Pérez Avilés, rechazó que exista algún proceso en su contra en el vecino estado de Tlaxcala, esto después de que el secretario Luis Maldonado dijera en una entrevista en el espacio periodístico que dirige Carmen Aristegui que son autoridades tlaxcaltecas quienes buscan al investigador.

En un video mensaje, Pérez Avilés sostuvo: «no tengo ningún problema en Tlaxcala, no debería tenerlo, espero que no me lo invente. Siento esto como un nuevo acoso, y están diciendo que yo fui el que dije que tenía un problema allá y no es cierto».

En su mensaje, el académico también agradeció el apoyo que recibió de las autoridades de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, quienes se pronunciaron en días pasados por que se detenga la persecución en contra de los opositores al proyecto del gasoducto Morelos.

Chomsky, Sicilia y Galeano apoyan a activistas

Por su parte los miembros del Consejo Tiyat Tlali anunciaron que difundirán un manifiesto firmado por 80 organizaciones y 95 personalidades del mundo entero, entre los cuales están Noam Chomsky, sociólogo francés; Eduardo Galeano, escritor uruguayo; Armando Bartra, sociólogo mexicano; Carlos Fazio, periodista y escritor; Margarita López Maya, historiadora venezolana, y Javier Sicilia, poeta y activista, para exigir la liberación de los tres activistas detenidos en Puebla y de otros cinco arrestados en Morelos

El consejo reveló que van ocho luchadores sociales detenidos en Puebla y Morelos por estar contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual incluiría la construcción de dos termoeléctricas, un gaseoducto y un acueducto afectando tierras de cultivo y fuentes de agua en más de cien comunidades, a esto se sumarían dos intentos de arresto, uno contra el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, Avelino Velázquez Tapia, y el catedrático investigador de la BUAP Ricardo Pérez Avilés, así como las lesiones que se causaron a manifestantes morelenses por el uso de gas lacrimógeno.

Foto: Mayra Guarneros

Para Silvia Villaseñor, miembro del Consejo Tiyat Tlali, con estas acciones los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez «buscan, a través del terrorismo de estado, una parálisis de la resistencia social».

Además confirmó que otros académicos, como el asistente de Pérez Avilés, Alberto Melchor Montero, han padecido hostigamiento para dejar la radio comunitaria en Tlaxcalancingo que conducía junto con el sociólogo.

Una vergüenza que BUAP no defienda a sus académicos

Por su parte, Miguel Ángel Rosas, académico de la BUAP, exigió que se aclare si las órdenes de aprehensión contra su compañero de Ricardo Pérez fueron emitidas por Puebla o Tlaxcala.

«Es preocupante que el gobierno no frene a los grupos paramilitares que podrían estar surgiendo en el estado (toda vez que las amenazas contra Ricardo Pérez Avilés fueron hechas por civiles), también que no se le brinden las condiciones de seguridad para que pueda interponer una denuncia contra sus presuntos agresores», agregó el también catedrático del departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable, para luego agregar «ahora lo que nos preocupa mucho, es que estén buscando que otras entidades se involucren en la persecución de nuestros compañeros, ya no tenemos al parecer a qué autoridad recurrir».

También puso sobre la mesa el hecho de que las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) no han fijado un posicionamiento sobre las amenazas a Pérez Avilés, lo cual habla de una vergonzante «docilidad» de la institución, sobre todo porque la Universidad Iberoamericana campus Puebla salió ya a defender a los tres activistas arrestados.

Enedina, Juan Carlos y Abraham, presos de conciencia

Para Israel Sampedro de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH) las detenciones de la comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, Enedina Rosas; el vocero de del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Atlixco, Juan Carlos Flores, y el dirigente del Frente Campesino del  Valle de  Texmelucan y Sierra Nevada, Abraham Cordero, son el resultado de la reforma energética, aprobada a nivel nacional, y de la ley de expropiación, avalada en Puebla, con lo cual los diferentes niveles de gobierno están limitando y trasgrediendo el derecho a la protesta, a la autodeterminación de las comunidades indígenas y campesinas, así como la libre cátedra.

Foto: Mayra Guarneros

Por esta situación Enedina, Juan Carlos y Abraham son presos de conciencia, de acuerdo a los estándares internacionales. Amnistía Internacional cataloga a los presos de conciencia como: «Aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma».