“Nosotros no somos militantes políticos en el sentido estricto, somos militantes de los derechos humanos”

Foto: @Qu3tzal.

Jade R. Cuevas Villanueva

@jadercv

(Segunda y última parte)

Desde el sur contra la tortura

Oaxaca es el estado con la mayor diversidad de municipios, culturas, lenguas y riqueza indígena del país. Oaxaca, también, es el estado que presenta levantamientos armados, índices de pobreza, desigualdad y represión del poder ejecutivo contra cualquier acto derivado de una indignación. En Codigodh Alba Gabriela Cruz defiende y protege  a mujeres violentadas, campesinos e indígenas torturados por la Marina y el Ejército Mexicano, porque sencillamente las estadísticas de ataque de las instituciones de protección, contra los ciudadanos “en lugar de que disminuyan han ido en aumento, hacemos litigio estratégico porque tenemos que dejar precedentes para cambiar las cosas”, me cuenta vía telefónica antes de entrar a una reunión sobre casos.

Son cinco abogados sin salario y 31 casos litigados junto a médicos y psicólogos. Consultan relatorías especializadas sobre tortura a niveles internacionales como la ONU, en concordancia con las recomendaciones que se le han hecho a México en el tema. Alba y sus colegas, ante la evidencia de la tortura como práctica estandarizada que incluso implica la especialización de militares y policías para seguir ejerciéndola contra detenidos, documentan denuncias junto a otras organizaciones hermanas.

—Hace ocho meses hice una gira con una defensora de Tijuana, coincidimos con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y encontramos un patrón sobre los casos: sucede que también en el norte y en otros estados del país son servidores públicos, funcionarios de seguridad pública o militares quienes practican y son responsables de este delito.

Documentar con suficientes evidencias además de testimonios es una labor de carácter integral. Como la mayoría de organizaciones no gubernamentales, la finalidad de Codigodh Gobixha es incidir en la política púbica bajo los estándares internacionales que ya existen, para que entre elementos de seguridad pública se erradique la tortura como código de detención, de conformación de averiguaciones y operativos.

Uno de los primeros resultados de la campaña ‘Justicia y Verdad para Oaxaca’ es la declaratoria pública sobre el Reconocimiento de Responsabilidad del Estado de Oaxaca durante los conflictos de 2006 y 2007, donde quedó demostrado que hombres mayores fueron torturados en consecuencia a su oposición o al defender la tierra y su territorio, así como los 20 casos de mujeres que fueron torturadas sexualmente. Hace poco acogieron denuncias de integrantes del colectivo #Yosoy132 Oaxaca en la que uno de los jóvenes fue quemado en la policía municipal de Oaxaca.

Tomada de codigodh.org/

Las agencias internacionales Diakonia de Alemania y Médico Internacional de Suiza financian parte de su trabajo de defensa legal por el que no cobran nada. Los recursos se destinan “al servicio que damos a las personas, no solo de demandas y juicios; también de acompañamiento psicológico porque una persona, una mujer o un campesino que sobrevive a una tortura primero debe estar en una buena condición emocional para luego emprender un litigio”, asegura Alba. Codigodh Gobixha ha recibido financiamiento de hasta 600 mil pesos para promover y defender los derechos de personas que denuncian actos de violencia, tortura e inequidad, aunque implique que los casos en el sistema de acceso a la justicia en México tarden meses o años para obtener justicia “el compromiso que tenemos es con la gente y con uno mismo: ellos depositan todas sus esperanzas porque eso que les hicieron no quede impune”.

Entre miles de hojas, un proceso de justicia falsa

Al abogado Leonel Rivero en 2009 lo invitaron para sumarse a la defensa legal del caso más emblemático sobre procesos injustos en México: Alberto Patishtán.

Lo llamaron para que ofreciera un proyecto de defensa para el profesor indígena que fue juzgado por un crimen que no cometió y sentenciado a 99 años con 3 meses de cárcel, con base en pruebas ilegales y testimonios falsos. A días de que resolviera la liberación de Patishtán por indulto presidencial el 31 de octubre de 2013, Rivero me contó en un traslado de Ciudad de México a Chiapas, su compromiso y labor por la defensa legal.

Cuando se adentró en el caso descubrió que desde un principio el asunto estaba plagado de errores de procedimiento, por lo que tenía que acudir a un incidente de reconocimiento de inocencia, posibilidad legal que puede echar abajo una cosa juzgada: “Es un recurso muy técnico de revalorar pruebas ante algo juzgado; antes el abogado que presentó el recurso lo hizo con un mal planteamiento equivalente a dos hojas y el resultado fue que el Tribunal Colegiado lo declaró infundado”.

Aun así se adentró a leer y comprender ocho mil hojas para identificar si era un proceso penal o del fuero común, para entonces hasta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, ya había planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la reapertura del caso como si se hubiese agotado en México la defensa legal.

Y no fue así. Leonel Rivero, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, junto a su hijo Sandino, que también es litigante, concluyeron que nadie conocía el expediente de Alberto Patishtán de la página uno a la ocho mil.

—Buscamos una alternativa en el ámbito nacional, teníamos que innovar, se trataba de un reto a la imaginación y la creatividad, Descubrimos que había una forma muy sencilla que a la larga fue demasiado audaz: los nuevos criterios que a partir del 2010 el Poder Judicial de la Federación emitió para que la Suprema Corte y los tribunales determinaran que las pruebas que sirvieron en el 2000 para darle sentencia, pues ya se podían determinar como pruebas ilícitas.

Dar con la tesis clave exige una constante actualización no sólo de documentos novedosos de la Judicatura, sino de otros casos exitosos en otros países como marco de referencia, tarea que por obligación tienen jueces y magistrados pero que poco atienden. Quienes se vuelcan en un estudio metódico de las leyes, reformas y modificaciones, son los abogados litigantes de derechos humanos que evidencian la falla estructural de procuración y acceso a la justicia:

—Resultó tan innovador que el ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos preguntó si estábamos conscientes de lo que planteábamos porque abriría la caja de pandora con un precedente de por medio: el gran problema que existe en México es que las graves violaciones al debido proceso que se dan no sólo con inocentes sino culpable también, derivan que miles de personas ya hayan sido sentenciadas con pruebas ilícitas.

Un litigio largo, costoso y con riesgos

Con treinta años de experiencia Leonel Rivero se asume como un litigante que siempre ha estado del lado de la lucha social y los conflictos nacientes en la marginación, violencia y exclusión.

Reconoce que existe desconfianza en el sistema de administración e impartición de justicia pero como equipo de defensa estratégica al representar el objetivo de liberar a Alberto Patishtán su premisa ante las organizaciones sociales que lo llamaron fue “desterrar el discurso derrotista, ofrecer un discurso propositivo, una razón para luchar; uno de los grandes lastres que atraviesa el movimiento social en México es la autosuficiencia y el ego”.

Leonel Rivero y Augusto Sandino Rivero, su hijo, emprendieron un trabajo multidisciplinario que incluía analizar el perfil de los jueces y cuál ha sido su comportamiento judicial en este tipo de casos, su pensamiento jurídico y si se pueden catalogar como progresistas o conservadores, algo que el también profesor de la maestría en derechos humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sostiene no se enseña en clases:

—En las escuelas de leyes se sigue enseñando a litigar como hace 60 años, la reforma constitucional que pone en vigor los juicos legales y reforma en derechos humanos debió haber generado una revolución curricular en las universidades del país y esa no ha llegado.

Con ello consiguieron también, levantar mediáticamente una campaña para que se conociera el caso de Patishtán en redes sociales, mantener un seguimiento periodístico de grandes cadenas televisivas, medios impresos de circulación nacional, noticieros radiales de todos el país y que se sumaran 16 mil firmas que ya se entregaron al Consejo de la Judicatura, exigiendo un proceso justo en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Los diez mil pesos de copias, viajes cada tres semanas desde la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el cansancio, son los agravantes o costos materiales menos preocupantes para los abogados defensores de derechos humanos.

Rivero y Sandino son molestia e incomodidad para más de una autoridad, más de algún agresor no identificado “es una desgracia que quienes nos dedicamos a este tipo de litigio estemos en riesgo, nos ha tocado vivir en carne propia la muerte de nuestra colega Digna Ochoa cuando llevamos el caso de los hermanos Cerezo, hasta las agresiones personales que ha sufrido mi familia en 2003”.

Actualmente ambos cuentan con medidas de protección del Mecanismo federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, por acontecimientos de seguridad que han puesto en alto riesgo su vida a raíz de la campaña para liberar al profesor indígena Alberto Pathistán.

—Nosotros no somos militantes políticos en el sentido estricto, somos militantes de los derechos humanos.

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