Tomada de Poblanerias

Manuel Alberto Merlo Martínez

@ManuelMerloMtz

En próximas fechas, se realizarán elecciones en la Juntas Auxiliares de nuestro estado, proceso en el cual los partidos políticos querían e iban a participar oficialmente -por ley no podían hasta hace unos días- hasta que el TEPJF emitió una resolución en la cual indica lo contrario.

Para entrar en contexto, tomemos en cuenta que con la reciente reforma a la Ley Orgánica Municipal de Puebla, las elecciones de las Juntas Auxiliares quedan sujetas a las disposiciones legales establecidas en la Constitución local y el  “Código Electoral del Estado de Puebla». Ello significa que los ciudadanos que pretendan participar en este tipo de elección, tendrán 2 opciones para hacerlo: vía candidaturas a través de partidos políticos, o vía candidaturas independientes (con la reciente reforma al Código Electoral del Estado de Puebla) sólo si los aspirantes contaran con el apoyo del 3% del padrón electoral de la Junta a la que pertenezcan. Dicho de otra forma: si antes los Ayuntamientos expedían las convocatorias para este tipo de elecciones con amplio margen de discrecionalidad (pero que a la vez permitían el respeto a las instituciones de las comunidades indígenas), ahora se pone un “piso parejo” que se debe incluir en dichas convocatorias y que es básicamente lo mencionado en líneas arriba.

Esta nueva normatividad pretendía ser aplicada para la próxima elección de Juntas Auxiliares a celebrarse el 27 de abril, pero  la Cuarta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que dichas modificaciones contravienen lo establecido en diversas disposiciones legales (que más adelante se señalan), y por lo tanto anuló las convocatorias emitidas en Puebla para elegir a los integrantes de las Juntas Auxiliares.

Pero, siendo realistas, los partidos políticos siempre han estado detrás de los candidatos contendientes. No es coincidencia que incluso exista cierta similitud entre los logos de los partidos políticos en el Estado y las planillas contendientes de las Juntas Auxiliares. Es un “secreto a voces” (ni tan secreto, creo yo) que los partidos invierten en campañas y apoyan a candidatos afines a sus intereses.

Aquí me parece indispensable hacer un paréntesis: Precisamente en un fallido intento de inhibir la proliferación de “juicios de protección a los derechos político-electorales del ciudadano” (JDC) por parte de habitantes que deseen postularse en la elección (porque nunca habían tenido participación formal los partidos) y evitar cometer un acto inconstitucional, nuestros legisladores locales decidieron (no por mera coincidencia) presentar conjuntamente la aprobada reforma de candidaturas independientes. Es decir, esta figura fue un medio utilizado para no detonar un enorme problema político para el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, puesto que si se hubiera privado a los aspirantes apartidistas de medio alguno de postulación, nuestros legisladores locales habrían detonado una bomba mediática y un tenso ambiente de descontento social.

Pero, ¿por qué los partidos políticos muestran tanto interés en este tema? Definitivamente parte de la respuesta está en que las Juntas Auxiliares son unos de los principales centros de operación política ilegal que ocupan para elecciones posteriores (como la que viene en 2015 para elegir Diputados Federales). Se convierten en madrigueras de «mapaches”, como se dice en el argot político. Territorialmente son zonas clave para el éxito de sus campañas electorales y la obtención de cargos de elección popular pues se convierten en nichos y bastiones políticos alternativos a la capital poblana. Tomemos en cuenta que el padrón electoral de la capital poblana es de aproximadamente (de acuerdo a datos del INE) 1 millòn 117 mil 331 personas, del cual el 70.83% (792, 556 personas aprox.) se ubica dentro de las 17 juntas auxiliares de la capital, de acuerdo con datos del INE, IEE y el micrositio del Ayuntamiento poblano en la materia.

¿Cuál es la polémica en estos días respecto al tema entonces? El tema hoy es la agitación política que el tema conlleva por sí mismo, más la que ha desatado la postura del Partido Revolucionario Institucional a través de Pablo Fernández del Campo.

Sobre ello, algunas líneas pertinentes para abordar el tema son las siguientes:

1)     En el plano jurídico, de acuerdo a lo expuesto por el Diputado y dirigente estatal del PRI poblano,  esta reforma “viola” el artículo 105 constitucional, fracción II, inciso “i” en su tercer párrafo, el cual establece que las reglas de la elección deben establecerse con 90 días de anticipación al día de la elección, y que durante el proceso no pueden hacerse modificaciones legales “FUNDAMENTALES”. Argumento válido para el TEPJF para anular las convocatorias expedidas.

Al respecto, el análisis se encaminó en primera instancia al hecho de que existe cierta inconexión entre el artículo 105 de la Constitución, y el artículo 225 de la Ley Orgánica Municipal, que permite a los Ayuntamientos expedir las convocatorias hasta 15 días antes de la elección. Esto ocasiona un grave problema: la ausencia de una fecha uniforme para todos los Ayuntamientos respecto a dicha expedición. En consecuencia, el inicio del proceso electoral de las Juntas Auxiliares es heterogéneo –temporalmente hablando- para cada municipio aun cuando sí existe una fecha límite. Por lo tanto, la postura del PRI fue acertada.

Cabe mencionar que el PRI impugnó ante la cuarta sala del Tribunal Electoral un número considerable de convocatorias para determinar si dichos cambios son o no aplicables a este proceso electoral. Me parece que esta impugnación del PRI tiene explicación en la vulneración de sus intereses político-electorales, no por una genuina intención democrática a favor de la defensa de los derechos del ciudadano a votar y ser votado.

2)     En el plano de la arena política, vale la pena tomar en cuenta que en la capital poblana y su zona metropolitana el PRI se encuentra sumamente debilitado electoralmente hablando además de fragmentado en sus estructuras internas. Prueba de ello es que al interior del Congreso del Estado sólo cuenta con 10 de 41 escaños en conjunto con el PVEM (la mayoría por representación proporcional), además de haber perdido recientemente en 2 ocasiones consecutivas la Presidencia Municipal. Ello exhibe una situación verdaderamente desfavorable y posiblemente crítica en cuanto a la fuerza eletoral del priísmo poblano, el cual ha sido desplazado por la estrategia expansionista del morenovallismo. Tales condiciones colocan a dicho partido en una posición dentro de la cual no puede permitirse seguir perdiendo espacios de acción política, como por ejemplo, las Juntas Auxiliares.

En este sentido, la reforma que aquí se aborda tiene de trasfondo una disputa de poder desde una perspectiva geopolítica (territorial) entre 2 bandos: el morenovallismo (e incluso el neopanismo que engendró), y el priísmo. Ambos tienen incentivos suficientes para desplegar e invertir recursos (económicos, humanos, técnicos, etc.) en la elección de las Juntas Auxiliares.

Lo que está en juego para el primer bando es la posibilidad de recuperar posiciones políticas que le den mayor margen de acción en las próximas elecciones federales para conservar/aumentar los escaños obtenidos en 2012 y con miras a comenzar la recuperación del priísmo en Puebla. En cambio, para el segundo bando está en juego la oportunidad de consolidarse plenamente a nivel local, de impedir la recuperación del primero, pero también de construir una plataforma útil para comenzar a posicionarse al exterior de Puebla pensando no sólo en las elecciones de 2015, sino también en las presidenciales de 2018 para las cuales Moreno Valle ha hecho un arduo trabajo operativo en aras de postularse como candidato. Dicho de otra forma: para el morenovallismo, la elección de Juntas Auxiliares es una posibilidad de expansión, mientras para el PRI es una oportunidad de estabilización.

Sobre el tema de los supuestos correos electrónicos que el gobierno del estado envió a los Ayuntamientos señalando las bases “a modo” de la convocatoria a expedirse  prefiero no ahondar puesto que no tuve acceso a dichos correos y la información fue insuficiente.

3)     En el plano prospectivo  de forma superficial: muy seguramente para los procesos posteriores a este se generarán coaliciones con la posibilidad de conformar candidaturas comunes. Es decir que la configuración de los bandos contendientes pudiera anexar a sus filas a candidatos independientes que hayan logrado obtener su registro como tales

2 preguntas quedan al aire desde mi perspectiva:

1. ¿No debería haber un proceso democrático de pre-campaña al interior de los partidos como se hace para el resto de las elecciones? Puede ser que este proceso se acelere con las famosas candidaturas interiores de unidad (forzadas). Los partidos políticos seguirán dejando mucho que desear respecto a sus métodos de “selección” de candidatos.
2. Si las Juntas Auxiliares forman parte de los Ayuntamientos, ¿es posible y viable la apertura hacia los partidos políticos en la elección de un órgano desconcentrado de la administración pública municipal?

Su servidor pone en la mesa los elementos, usted decide en qué plato colocarlos y cómo digerirlos.