Redacción Lado B

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La organización Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos (CIDD) de Cuacuila informó este martes en rueda de prensa en la ciudad de Puebla, que el pasado 25 de abril el Primer Juzgado de Distrito otorgó la suspensión definitiva de la construcción del gasoducto Tuxpan-Atotonilco.

El amparo 06/2014 fue interpuesto contra Gasomex, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como del ex presidente municipal Omar Martínez Amador y del presidente auxiliar Rodolfo Lechuga Ahuacatitla y, pese a que desde el 7 de enero se les dio la suspensión provisional, la empresa continuó haciendo perforaciones en la comunidad de Cuacuila, en el municipio de Huauchinango.

Tomada de municipiospuebla.com.mx/

Integrantes de CIDD dijeron que el “devastador ecocidio” causado por Gasomex se ha hecho al amparo de las policías municipal y estatal “que resguardaban en todo momento sus obras mientras acosaban y amedrentaban a campesinos de nuestro pueblo. Todo ello, además  de violentar nuestros derechos como pueblo indígena nahua, principalmente el derecho a la consulta que sostiene el artículo 6º del convenio 169 de la OIT”.

Ahora con el otorgamiento de la suspensión definitiva exigen a las autoridades de todos los niveles que detengan la construcción del gasoducto “Tuxpan – Atotonilco” que construye la contratista de Pemex, Gasomex, y que pretendía llevar 6 mil barriles diarios de gas LP desde Poza Rica, Veracruz, hasta Atotonilco, Hidalgo, a lo largo de 250 kilómetros pasando por debajo de la caseta de cobro Tezcapa, de la autopista México–Tuxpan y pasando por debajo de terrenos de Cuacuila “dañando nuestro territorio, manantiales y poniendo en grave peligro la vida de más de 4 mil habitantes”.

También solicitaron que se les otorguen “medidas cautelares para la seguridad de cada uno de los integrantes de nuestro movimiento. De igual forma, responsabilizamos directamente a la empresa GASOMEX y a BIÓSFERA AMBIENTAL, al  ex presidente municipal Omar Martínez Amador  y  al presidente auxiliar José Rodolfo Lechuga Ahuacatitla, no sólo de lo que pueda  pasarle a la integridad de cada uno de los que estamos  defendiendo legítimamente la vida y nuestros derechos como pueblo indígena nahua, sino de los procesos legales que se puedan desatar en nuestra contra, pero además, los responsabilizamos por los daños, accidentes, explosiones y/o pérdidas de vidas que resulten en el corto, mediano o largo plazo por el gasoducto de la muerte”.

Finalmente, rechazaron la represión en contra de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, así como el hostigamiento en contra del Dr. Ricardo Pérez Avilés, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y sus colaboradores, por oponerse al gasoducto Morelos.